Otras fosas de la región

El Foro por la Memoria identifica los restos de Rufino Balbás en una tumba común

diariodeburgos.es 01/08/2011

El secretario del Ayuntamiento desapareció el 20 de agosto de 1936 y gracias a los testimonios de su hija se encontró el lugar en el que fue enterrado, la cueva de Humarraña

El Instituto Nacional de Toxicología ha certificado que los restos de uno de los individuos encontrados en 2009 en la cueva de Humarraña (Montija) por la Asociación Foro por la Memoria son de Rufino Balbás, secretario del Ayuntamiento de Manzanedo y militante de Izquierda Republicana. El hombre desapareció en agosto de 1936 tras el triunfo del golpe militar franquista en Burgos.
El 23 de mayo de 2009, esta asociación inició los trabajos arqueológicos de acometida de una fosa común en el término municipal de La Merindad de Montija (Burgos) identificada dentro de la cueva de Humarraña, cerca del lugar conocido como El Crucero. Entre otras personas, se buscaban los restos de Rufino Balbás Alonso, desaparecido entorno al 20 de agosto de 1936 y, presumiblemente, muerto y enterrado ilegalmente en el citado lugar, según testimonio de Rufina Balbás Ayuso, hija del desaparecido y que en aquellas fechas contaba con 16 años de edad.
Previamente, en el mes de octubre anterior, los abogados de la asociación interpusieron denuncia por desaparición en el cuartel de la Guardia Civil y en los juzgados de Villarcayo, que decidió precintar la zona para que pudieran terminar así con los trabajos de recuperación por parte de los arqueólogos y antropólogos forenses una vez comunicado la aparición de los primeros restos en la galería norte de la cueva.
Fue precisamente el juez de primera instancia juzgado nº 2 de Villarcayo quien se encargó de retirar los restos de la fosa común el 2 de junio de 2010 y remitirlos al Instituto de Medicina Legal de Burgos que, a su vez, los remite al departamento de Madrid del Instituto Nacional de Toxicología, donde se realizaron las diversas pruebas y al que acude Rufina Balbás el 28 de junio pasado para someterse a las pruebas de paternidad y que el informe final certifica como su padre.
En esta ocasión, se ha conseguido, en cierta medida, mantener el proceso de judicialización de la apertura de fosas comunes y de los enterramientos ilegales que existen en España a consecuencia de la Guerra Civil, que la Asociación Foro de la Memoria defiende, y tal y como requieren los acuerdos internacionales sobre la investigación de desapariciones forzosas. En opinión de la asociación, debe continuar la lucha contra «la impunidad de estos crímenes».

Problemas comunes en toda España

MEMORIA HISTÓRICA | Las excavaciones, a medias

Fosas pendientes 75 años después

Eduardo del Campo | Sevilla
www.elmundo.es

domingo 31/07/2011 10:58 horas

En una habitación minúscula de la pequeña sala de autopsia del cementerio de La Puebla de Cazalla se apilan, etiquetados y metidos en cajones de plástico, los huesos de 59 hombres y mujeres fusilados por los golpistas hace 75 años y enterrados en una fosa común en el otro extremo del camposanto.

Mari Carmen no sabe si los huesos de su abuelo están en alguna de las 59 cajas o yacen aún bajo la tierra a cuatro metros de profundidad junto a los alrededor de otros ciento y pico fusilados que todavía no han podido exhumar por falta de ayuda económica.

Esa falta de un apoyo del Estado ha hecho que todas las fosas comunes donde se habían iniciado en los últimos años los trabajos de exhumación en la provincia de Sevilla lleven un año paralizados, obligando de nuevo a taparlas hasta que haya dinero para contratar arqueólogos y antropólogos forenses para la próxima campaña. Los casos de La Puebla de Cazalla, Gerena y Cazalla de la Sierra se repiten por toda Andalucía.

Han pasado 75 años y tienen la sensación cansada de que todavía quedan unos cuantos más para que se ponga nombre a los huesos. Si aún no han recuperado todos los restos, más lejos aún quedan las pruebas de ADN a los familiares.

Las asociaciones están estos días presentando las solicitudes para las nuevas convocatorias de ayudas para exhumaciones y trabajos relacionados que conceden el Ministerio de la Presidencia y la Junta, pero Rafael López, presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, impulsora de la exhumación de la fosa común en el cementerio de Cazalla de la Sierra, donde enterraron a unos trescientos asesinados republicanos de la Sierra Norte, critica que la solución no es dar subvenciones exiguas para hacer excavaciones a trancas y barrancas, sino que el Estado asuma el proceso.

En Cazalla de la Sierra sacaron los restos de 80 personas hasta que se les acabó la ayuda de 54.000 euros y el pasado otoño tuvieron que cerrar la fosa abierta para que no se estropeara con las lluvias. Desde entonces no han podido avanzar. Si les conceden la ayuda de 60.000 euros que han pedido, podrían volver a reabrirla la próxima primavera.

En el cementerio de Gerena, tras un año de trabajos, encontraron en febrero de 2010 la fosa donde un anciano, que había visto el crimen siendo un niño de ocho años oculto en un olivo, dijo que habían enterrado a 17 mujeres de Guillena asesinadas por los golpistas en el verano de 1936. Agotados los 8.000 euros, tuvieron que suspender la exhumación.

Especial Sobre la Guerra Civil en www.elmundo.es

¿Reabrir heridas?

El Mundo.es 18/07/2011

Hace una década se iniciaron las exhumaciones para
entregar a los familiares los restos de sus seres queridos
muertos en la Guerra Civil. Ya se han abierto 270 fosas

por Virginia Hernández

Cuando Francisco Etxeberria, el médico forense que está detrás de la mayoría de las exhumaciones relacionadas con la Guerra Civil, se encuentra con las decenas de voluntarios jóvenes que acuden a ayudar en las fosas, les dice siempre lo mismo: que hay que implicarse mucho más en todo lo que tenga que ver con la vulneración de los derechos humanos. «Hoy se repiten casos similares a los ocurridos en el pasado: las tragedias nos sirven para reconocernos hoy y para tener otras actitudes ante la vida». Sobre este asunto, para él «no hay distancia geográfica ni cronológica». Debe importar lo que ocurre a miles de kilómetros o lo que pasó hace más de 70 años.

Mantenemos una conversación telefónica mientras él está en una fosa llamada La Legua, situada en la comarca de Aranda de Duero (Burgos). Tiene 30 metros de largo y alberga los restos de más de 50 personas, la mayoría ferroviarios. La Legua se suma a las 270 fosas de toda España abiertas en los últimos 10 años, sólo dos de ellas del bando nacional (una en Villasana de Mena, en la provincia de Burgos, y otra en Camuñas, en Toledo). «Yo prefiero decir 'lado' a 'bando'. Yo mismo he dirigido esas exhumaciones y hemos utilizado el mismo procedimiento y metodología. Hemos tenido alguna crítica, pero nosotros trabajamos en las fosas que se nos solicita. Lo cierto es que en el lado nacional todo el esfuerzo se hizo durante el régimen de Franco. Se redactaron, además, informes oficiales sobre estos cadáveres». Y Francisco ha visto la misma reacción en todos los familiares, sean del 'lado' que sean: «Con nosotros, todos se muestran agradecidísimos; y en cuanto a los sentimientos, también son iguales. Es la tragedia que uno ha vivido y, aunque haya tenido mayor o menor apoyo, para todos es una injusticia. Les pasa la misma idea por la cabeza: 'Cómo habría sido mi vida si esto no hubiera pasado'».

Algo así se planteó Emilio Silva, presidente y fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuando decidió dejar su empleo en una revista (antes había trabajado en el programa 'Caiga quien caiga') y escribir una novela sobre su abuelo. Emilio Silva Faba, que así se llamaba, había vivido en Argentina y regentaba un negocio de Coloniales en la comarca leonesa del Bierzo (vendía desde vajillas hasta lotería e incluso daba comidas). Era un hombre culto, con recursos y que militaba en la Izquierda Republicana de Manuel Azaña. Había sido interventor de este partido y bajo sus siglas había pedido una escuela pública y laica. La Falange le exigía regularmente un impuesto y en uno de los pagos le detuvieron y le encerraron en el Ayuntamiento, que hacía las veces de prisión.

Era marzo de 1937. Su mujer, Modesta Santín, va con uno de sus seis hijos a llevarle comida y ropa limpia, pero sólo dejan pasar al niño, a Manolo, que apenas tiene seis años. El crío sale con el reloj de oro y con un sello con las iniciales de su padre. Modesta se teme lo peor y acierta con lo que está a punto de pasar: a su marido le trasladan junto a otros tres en una furgoneta a 30 kilómetros del pueblo. Les custodian cuatro miembros del partido de José Antonio. Dos de los detenidos tratan de huir. Uno muere alcanzado por las ráfagas de disparos y el otro consigue escapar. Seis meses más tarde le matarán, pero en ese transcurso de tiempo contacta con Modesta y le cuenta los detalles: «Pero mi abuela jamás dijo nada, yo pasaba temporadas con ella y nunca le oí hablar de mi abuelo. Los asesinos de su marido fueron los que gobernaron el pueblo. Ella, metafóricamente, tuvo que cavarse una fosa en la memoria».

Modesta falleció sin abrir ni la fosa de su memoria ni la que albergaba los restos de su marido. Su nieto Emilio lo hizo en su honor, quería que los restos de sus abuelos reposaran juntos. La supuesta novela, aquella con la que se inició todo, nunca se escribió y los avatares le llevaron a poder cumplir su deseo, como se pudieron satisfacer los de muchos que se unieron a la misma empresa: «Una de las únicas formas de superar el pasado es volver a él y darle un significado», asegura Silva, quien piensa que nuestra sociedad ha sido «extremadamente patológica» en esta cuestión. ¿Y ha hablado con las víctimas de la otra parte? «Tampoco mucho, porque en la posguerra se abrieron prácticamente todas sus fosas, salvo las que sus familiares no quisieron, como las de Paracuellos. Ellos tuvieron una investigación que fue la Causa General (1940) y que significó toda una política de reparación. Ojalá existiera ahora algo así».

Con ese anhelo también expresa su disconformidad con la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007: «La Ley no se responsabiliza de los problemas de los desaparecidos, en su mismo preámbulo dice que esta memoria es personal y familiar, lo que me parece condenarla a la clandestinidad. La desaparición forzada es lo más grave que existe en el Código Penal: conlleva secuestro, torturas, asesinato y ocultación de cadáver. Son cuatro delitos que no prescriben. Nosotros querríamos que la exhumación, la identificación y la entrega de restos a los familiares como algo simbólico fuera responsabilidad del Estado», reivindica Silva.

Junto a la fosa de La Legua, Etxeberria, el forense, ve una mejora con la norma: la financiación es algo más fácil. Y otro avance mucho mayor: la normalización de estos trabajos, es decir, que ya nadie se asuste por despertar con las excavadoras a los viejos fantasmas: «Años atrás todo parecía un problema, siempre había algún disgusto, alguna pega. Esto ya no pasa, todo funciona con calma. Los concejales de los pueblos, sean del partido que sean, te dan las facilidades. Y esto se agradece porque para nosotros es una forma ideal de trabajar». El resultado de la labor es, según su opinión, tranquilidad para las familias y cierre de heridas para el país: «Los antropólogos sociales se han fijado en cómo los medios de comunicación publican estas noticias y ya han medido cómo no se ha reabierto ninguna herida en la sociedad española. Y cuando los restos se han entregado en los ayuntamientos, en vez de un laboratorio, ha tenido un peso enorme para las familias, y ha simbolizado un valor cívico, humano y democrático».

Emilio Silva lo vivió con su abuelo y con los abuelos de otros (ha tenido que llegar la generación de los nietos para retomarlo): «Antes se hablaba con las ventanas cerradas, todos sabían las historias e incluso dónde estaban las fosas. Cuando se abren, se abren muchas más cosas y es una cuestión infinitamente terapeútica». Como fue para Ester Montoto, una mujer que perdió a su padre con dos años y esperó durante mucho tiempo a que llamara a la puerta. Vivió en La Habana. Ahora reside en Austin (Texas). Tuvo la necesidad de estar en la exhumación a pesar de la edad y el largo viaje: «Los seres humanos tienen la necesidad de ver los cadáveres de sus seres queridos para elaborar su duelo, porque si no les genera un desorden biográfico y emocional».

¿Reconciliación? «Absolutamente», contesta el forense, Francisco Etxeberria. «En los homenajes ves a personas de uno y otro bando porque son amigos o vecinos. Y a veces dicen cosas como 'te quería decir que tu madre tuvo mucho mérito por sacaros a todos adelante'. Frases como esa tienen hoy una fuerza inmensa».

¿ Porqué no la exhumación 45?

Diario de Burgos.06-05-2011.

Merindad de Montija / Guerra civil

Loma de Montija, la exhumación nº 41

Entre las 41 fosas comunes de la Guerra Civil documentadas por el Ministerio de Justicia en Burgos, la última, con 24 cuerpos, fue exhumada entre los pasados días 24 y 28 de abril

El 5 de abril se localizó la fosa no 42 de la provincia en el Alto de la Mazorra. Este fin se semana será exhumada.

R. Valdivielso

A. Castellanos / Loma

El Ministerio de Justicia publicó ayer la lista de todas las fosas comunes localizadas en España, un pedazo desgarrador de nuestra historia. En Burgos contabiliza un total de 41, de las que 9 fueron exhumadas en la etapa franquista y los cuerpos llevados al Valle de los Caídos. Entre todas ellas, la última exhumación de cuerpos atrapados por el olvido se realizó entre los pasados días 24 y 28 de abril en Loma de Montija. Los expertos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, dirigidos por su presidente Paco Etxeberria, sacaron 24 cuerpos, 16 de ellos de vecinos de Gayangos.
Según los relatos de los familiares tomados por Etxeberria y su equipo, «los ocho restantes fueron detenidos en pueblos próximos en las mismas fechas y trasladados al calabozo en Espinosa de los Monteros». Allí se perdió su pista hasta ahora, en que una agrupación de familiares arropada por la Ley de la Memoria Histórica y el apoyo económico del Gobierno los ha buscado. Entre ellos se hallaba Gaspar Pereda González, «un labrador, un hombre del pueblo, de izquierdas».
La ubicación de la fosa fue fácil de hallar, porque uno de los que iba a ser fusilado en aquel lugar sobrevivió y pudo llegar al pueblo y contar lo sucedido. Más de la mitad de sus esqueletos tenía las manos atadas a la espalda. Y si desgarradora es la historia, más aún hechos como el sucedido al hijo y la esposa de uno de los fallecidos, «que un año después, cuando fueron a depositar un ramo de flores junto a la fosa, fueron apedreados por los vecinos», cuenta Etxeberria. Aquel niño tenía 11 años.
Su vivencia está unida a la de la fosa número 41, la última en ser exhumada y la última en ser contabilizada por el Ministerio de Justicia, pero este fin de semana, la Sociedad de Ciencias Aranzadi trabaja en la exhumación de entre 10 y 12 cuerpos en la que sería la fosa número 42 de Burgos, ubicada en el Alto de la Mazorra, en la Merindad de Valdivielso. DB contó su historia el pasado 6 de abril cuando se realizó la localización del enclave, donde yace Agapito Pereda, vecino de Quisicedo, y que el azar quiso que compartiera apellido con su homólogo en la fosa de Loma de Montija.
Además, Paco Etxeberria anuncia que su equipo ha contactado ya con los familiares de otras dos fosas ubicadas en Espinosa de los Monteros en el entorno del Monte Edilla, muy cerca del albergue juvenil. Una vez que las familias logren las ayudas económicas necesarias, «muy posiblemente el próximo año comencemos los trabajos de exhumación», explica.
Serán la 43 y 44, si antes no se localizan otras en el resto de la provincia. En el conjunto de Burgos, el antropólogo destaca la cantidad de fosas de la Ribera del Duero, «porque las represalias fueron mayores con los jornaleros sindicados, sobre todo, en zonas de vendimia como ésta». Adrada de Haza (2), Aranda de Duero (3), Berlangas de Rosa (1), La Horra (1), Milagros (1), Olmedillo de Roa (1), Vadocondes (2) y Villalba de Duero (4) son las poblaciones del sur de la provincia donde se han exhumado fosas.
En Las Merindades destaca la fosa del cementerio de Valdenoceda, con 151 cuerpos de presos del penal de la localidad, aunque también se hallaron en el Alfoz de Bricia, Villarcayo, Espinosa y Villasana de Mena, cuatro fosas de represaliados del bando franquista. En el resto de la provincia se reparten por Altable, Arenillas de Río de Pisuerga, Briviesca, Carcedo de Bureba, Covarrubias, Espinosa de Cervera, Quintanilla de la Mata, Rabanera del Pinar, San Juan del Monte, Sargentes de la Lora, Tubilla del Agua, Valle de Sedano, Villafranca Montes de Oca y Villamayor de los Montes

Publicado mapa de fosas

Se ha publicado un mapa de fosas por parte del Ministerio de Justicia, podéis acceder pinchando en la siguiente imagen:



Me pregunto en nombre propio y creo que tambien en el del resto de los familiares de las personas "desaparecidas" en el monte estepar, ¿Donde está la fosa de Estepar?¿Como es posible que una de las fosas con mas personas no haya sido incluida en el mapa?

Ruego a todos los familiares que manden un escrito a través del siguiente enlace, facilitado por el propio Ministerio de Justicia para que manden los datos de sus familiares a ver si así, deciden incluirla, que digo yo, que esto no es un concurso ni nada parecida, sino información objetiva que me cuesta entender que no posean.

http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarBuzonInformacion.htm

Animo a todos los familiares y sigamos luchando por un entierro digno de cuantas personas esten en las fosas de España, independientemente y en contra de muchas opiniones interesadas, del bando en el que estuvieran.

Fdo.Administrador.

"Cuando te entregan los restos de tu familiar, el mundo cambia"

Los hijos del primer fusilado del franquismo exhumado e identificado por ADN colocan una placa conmemorativa en la cuneta en la que arrancó la recuperación de la memoria histórica

El País.NATALIA JUNQUERA - Ponferrada - 24/10/2010

Emilio y Ramón Silva, hijos del primer fusilado del franquismo exhumado e identificado por ADN, han colocado hoy, 10 años después, en la cuneta de Priaranza del Bierzo (Ponferrada) de la que recuperaron sus restos, una placa que recordaba que aquella fosa "rompió el silencio sobre miles de desaparecidos y dio lugar al nacimiento de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica".

"Que sirva para todos los demás, para los que aún tienen a sus familiares perdidos", pidió Emilio Silva Santín, de 84 años, que tenía 7 cuando un grupo de falangistas fusiló a su padre y cuyo hijo preside la asociación. "Cuando se abre una fosa, recuperan los restos y te los entregan, el mundo cambia. Puedes volver a la vida normal. Porque siempre has sentido que te falta algo".

Ramón, que acompañó a su padre cuando lo detuvieron, recordó cómo su madre le llevó comida y todas las joyas que tenía en casa el primer día. "Al siguiente, fue a llevarle el desayuno y le dijeron que había saltado por una ventana y se había escapado". Emilio Silva Faba había sido, en realidad, paseado y fusilado junto a otros 12 hombres. "Con 14 años me puse a trabajar en el taller del hombre que había conducido la camioneta hasta la fosa. Me dijo quién había matado a mi padre, pero no lo puedo decir, y que antes de morir había dicho: 'Tenga en cuenta que tengo hijos'. El que disparó había sido expulsado de Renfe por pertenecer al Partido Comunista...".

"Pero se cambió de bando", prosigue el entonces alcalde de Priaranza, Daniel Fernández. "Todo el mundo conocía esta fosa. Mi padre había visto los cuerpos antes de enterrarlos porque entonces los dejaban unos días para que la gente los viera y cundiera el ejemplo. Un profesor incluso había traído aquí a sus alumnos. No tuve ninguna duda de que había que abrir esta fosa. Creo que todos estábamos esperando a que alguien diera el primer paso".

El primer paso fue aquella exhumación, que hoy han recordado los arqueólogos, antropólogos y forenses que intervinieron en la clausura de las jornadas por el décimo aniversario del movimiento para la recuperación de la memoria histórica. María Encina Prada, antropóloga física, contó que los huesos fueron analizados en un laboratorio improvisado en una casa del Ayuntamiento y que cuando los encontraron "fue un instante maravilloso, muy emocionante, en el que las familias se abrazaban y lloraban".

Prada lamentó que muchas de las personas que saben dónde están las fosas estén muriendo. "Es un trabajo contrarreloj". Mariluz González, arqueóloga, comentó que "la gente mayor sigue muy asustada. Aún hay mucho miedo". Francisco Etxeberria, presente en aquella primera exhumación y en muchas de las que vinieron después, recordó: "Hemos abierto fosas destrozadas por postes de teléfono y otras sepultadas por cinco metros de basura, que se habían convertido en vertederos". El forense mostró la pintada que les hicieron en una de esas exhumaciones: "Fueron ajusticiados, no asesinados. Rojos, os falta la memoria. Vencimos y venceremos" y firmada por Falange, la misma que luego denunció a Garzón.

Lourdes Herrasti, arqueóloga, aseguró que las exhumaciones habían "parado el revisionismo histórico de los que decían que el franquismo no había sido para tanto", porque, añadió, "no hay nada más indisimulable que una fosa común".

Mensajes de Garzón y Pilar Manjón

Anoche, el escritor Manuel Rivas, presentó un concierto por los 10 años de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, para "celebrar el silencio roto, el reencuentro con nuestros desaparecidos". Rivas comparó el trabajo de la asociación con la Odisea, "un proceso de reconstrucción de la memoria. Nuestra Ítaca es Priaranza", dijo.

En el acto, se reprodujeron las felicitaciones grabadas en vídeo de Pilar Manjón, presidenta de la asociación de víctimas del atentado del 11-M , que destacó la importancia "de resarcir la memoria de los que se fueron por una mano asesina que se los llevó"; del poeta Marcos Ana, la persona que más tiempo seguido -23 años- pasó en las cárceles franquistas, que lamentó que siga vigente "la historia de los vencedores"; y del juez Baltasar Garzón, que aseguró: "No puede haber democracia si la impunidad está presente".

'Se ha roto el silencio de los desaparecidos'

ANIVERSARIO | 10 años de la apertura de la primera fosa

Restos en la exhumación de Piedrafita. | J. M. López

• La Ley de Memoria es 'muy, muy, muy mejorable", según Santiago Macías
• El testimonio de familiares ha sido principal para el mapa de fosas
• Más de 200 fosas han sido abiertas desde el año 2000

El Mundo

Esther Mucientes | Madrid

Actualizado sábado 23/10/2010 11:41 horas

Una década se convierte en mucho cuando lo que está en juego es la memoria de los "olvidados". Y puede ser poco cuando cada avance, cada paso se hace eterno para los familiares que nunca han olvidado a los asesinados durante la Guerra Civil.

En esta década mucho ha sido el camino recorrido, pero no el suficiente. De aquel 23 de octubre del año 2000 en el que se exhumó la primera fosa en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo surgió un movimiento social de búsqueda de desaparecidos "que ha evolucionado en el tiempo y que ha abierto un debate necesario para transformar la patológica relación de nuestra sociedad con su pasado", afirman desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la mayor de España.

Mucho trabajo, mucho sacrificio, muchas frustraciones, pero al final un halo de luz que se produce con la satisfacción del trabajo bien hecho con el que "se ha roto el silencio de los desaparecidos". Es el balance después de 10 años de Santiago Macías, fundador de la Asociación para la Memoria Histórica, un colectivo que lleva años buscando los lugares en los que fueron enterrados víctimas de la represión en la zona franquista durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura.

Su balance, resumido en una sola frase, simboliza un largo proceso que pasa por dos pilares claves: las exhumaciones y las aperturas de fosas, cada vez más presentes en la sociedad.

"El fenómeno de las exhumaciones no es nuevo. Recién terminada la guerra civil, en los años 40, ya hubo exhumaciones de fosas, algunas de ellas documentadas incluso de forma oficial. Las exhumaciones para el traslado de cuerpos al Valle de los Caídos, también documentadas en su mayoría, comienzan en el año 1958", explica Francisco Ferrándiz, investigador del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en la presentación del proyecto 'Políticas de la Memoria', de reciente publicación y con el que se pretende evaluar el impacto que las exhumaciones tienen sobre la sociedad.

El testimonio de los familiares y de los testigos que aún viven ha sido la fuente principal para elaborar los mapas de fosas. Los registros, los documentos de los consejos de guerra que se practicaron tras el golpe del 36 o los archivos municipales también se han convertido en la Biblioteca Nacional para encontrarlos.

"La cifra de exhumaciones no se sabe con seguridad, porque no existen datos de todas las comunidades autónomas ni un registro central, pero se calcula que más de 200 fosas han sido abiertas desde el año 2000, casi todas ellas del bando republicano, aunque hay excepciones, como la fosa de Camuñas, en cuya excavación también participamos", explica Ferrándiz.

Más de 77.000 desaparecidos

Ver Exhumaciones en los últimos 10 años en un mapa más grande

Hay que saber que los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo ascienden a 42.131 en Andalucía, 8.851 en Castilla-La Mancha, 9.538 en Aragón, 9.486 en Extremadura, 3.338 en Cataluña, 2.535 en Cantabria y 1.900 en el País Vasco, según los datos que maneja la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo. Cifras que poco a poco se han ido convirtiendo en nombres.

Palabras como fosa común, memoria histórica, desaparecidos, ley de la memoria... olvidadas y, en ocasiones, escondidas del vocabulario están más presentes que nunca. Pero, hasta llegar al momento en el que se encuentran hoy se ha tenido que librar batallas muy duras. Aunque muchos eran conscientes de que España era una gran fosa común y que cientos de familiares clamaban por encontrar a sus caídos, el debate no salía a la calle. Unos dicen que por miedo, otros porque la sociedad aún no estaba preparada.

"El hecho de que este tema haya saltado a la política es todo un hito para nosotros. Empezamos con nada y acabamos mostrando que este problema existía", explica Macías.

No sólo los medios de comunicación comenzaron a escuchar estas voces, sino que los grupos políticos también empezaron su pequeño levantamiento. Con la recuperación de los 13 cuerpos de civiles republicanos de Priaranza se abrió el debate parlamentario, que el PP, en aquellas fechas en el Gobierno, cortó rápidamente posicionándose en contra de las exhumaciones.

La voz se volvía a apagar y no se escuchaba de nuevo entre los poderes públicos hasta que el programa de José Luis Rodríguez Zapatero lo incluyó de forma superficial en las elecciones 2004. En él prometía la creación de un Centro Estatal de Documentación e Investigación Histórica sobre la Guerra Civil y el Franquismo, dentro del área de cultura.

La Ley de Memoria Histórica

Con ello, el 31 de octubre de 2007 el Congreso de los Diputados daba luz verde a uno de los momentos más importantes en estos dos lustros: la Ley de Memoria Histórica por la que "se reconocen y se amplían los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura". El texto incluía el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra y la dictadura, y la apertura de fosas comunes en las que yacen los restos de represaliados.

Sin embargo, para los más implicados, para los que quieren recuperar realmente la memoria de sus familiares, la Ley es insuficiente. Hace faltan más pasos, más medidas, como asegura Macías, que califica la Ley de "muy, muy, muy mejorable", ya que "todavía no garantiza a los familiares recuperar a sus desaparecidos".

Una opinión que también se comparte en cierto modo desde el PSOE, que considera que todavía queda mucho por hacer, pero de la que hace un balance positivo, porque ha supuesto importantes avances en la reparación a las víctimas, en mejoras económicas... "Ha sido muy positiva, pero ha sido insuficiente. La Ley pretendía unificar a los poderes públicos para que tuvieran una función proactiva", explica el diputado socialista y ponente en la comisión de la Ley de Memoria, Juan Antonio Barrio.

Pero con la Ley también nació la polémica. Algunos hablaron de que se reabrían heridas innecesarias, pero otros, los que quieren cerrar un capítulo negro de la historia de España, aplaudieron la ley que en parte les devolvería lo que durante tantos habían reclamado. Con el texto, el Estado se comprometía a ayudar a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión franquista.

Aún así, las asociaciones reclaman que después de todos estos años y siguiendo el ejemplo de otros países sea el Estado quien lleve a cabo este trabajo. "Pensamos que es una labor de Estado y que es el Estado el que se tiene que preocupar, pero sabemos que van a pasar muchos años hasta que eso ocurra", lamenta Macías.

En este sentido Barrio cree que hay que continuar con las subvenciones y sobre todo dar "un nuevo impulso coordinador" entre los poderes públicos. "El Estado debería ver cómo se puede unificar una respuesta", y añade: "La reparación a las víctimas era uno de los temas que no ha permitido cerrar heridas abiertas".

Según datos del Ejecutivo, gracias a la ley se puso en marcha una oficina de atención a las víctimas de la Guerra Civil, que ha recibido más de 9.200 consultas desde 2008 hasta septiembre de 2009.

Mientras tanto, se sigue trabajando en la elaboración del mapa de los lugares de inhumación y en octubre de 2009 se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 una partida de dos millones de euros para facilitar las exhumaciones de fosas y agilizar el traslado de los restos humanos si lo piden los familiares.

Pero fue en 2008 cuando la memoria histórica llegó a uno de sus puntos más importantes cuando el juez Baltasar Garzón cual Quijote contra los molinos ordenó abrir 19 fosas de la Guerra Civil, incluida la Federico García Lorca. Una decisión que le costó muy cara al magistrado. Fue suspendido cautelarmente como juez de la Audiencia Nacional por el Consejo General del Poder Judicial, después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela acordara la apertura de juicio oral contra éste por presunta prevaricación por la decisión de declararse competente para investigar los crímenes de la represión franquista.

Pese a ello, los familiares de las víctimas no han desistido y las asociaciones de Memoria Histórica siguen buscando por su cuenta y realizando excavaciones con la ayuda de miles de voluntarios. Todavía quedan por recuperar a muchos olvidados.