Se niegan a aceptar las normas de reparto que el fiscal general quería imponer
María Fabra El País.
Madrid
20 ENE 2014
Los fiscales del Tribunal Constitucional no han consentido que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce,
les imponga los criterios con los que han de repartirse su trabajo. Una
cosa es la superioridad jerárquica y otra arrogarse competencias que ni
siquiera son unipersonales. Y los fiscales del Constitucional han
querido que la diferencia entre ambas quede clara. Asumen la primera,
pero se han rebelado contra la segunda hasta truncar la injerencia que
pretendía el fiscal general.
La sublevación ha llegado a cuenta de la petición de amparo de una mujer, Purificación Lapeña, por los continuos desestimientos judiciales a investigar la desaparición de su abuelo y tío abuelo, enterrados sin consentimiento familiar en el Valle de los Caídos (Madrid). La sección tercera del Tribunal Constitucional decidió, el pasado noviembre, no admitir a trámite la petición de amparo y, en un acto poco habitual, el fiscal que llevaba el caso, Manuel Miranda, presentó un recurso contra la resolución, en el que argumentaba la trascendencia constitucional de la solicitud, tal como requiere la ley para que estas sean admitidas a trámite.
Además, pedía que se diera respuesta las respuestas jurídicas de distintos tribunales que, incluso, se dictan “con argumentaciones”.
La respuesta de Torres-Dulce fue inmediata y tajante al exigir a Miranda que retirara el recurso que hubiera permitido, de ser aceptado, que el Constitucional sentara jurisprudencia sobre las desapariciones de represaliados durante y tras la Guerra Civil y que debatiera sobre las consecuencias de la Ley de Amnistía de 1977 y la memoria histórica. Tras esta decisión, Miranda desistió y retiró el recurso, pese a que podía haberse acogido al artículo 27 de su estatuto. Este señala las posibilidades que tienen los fiscales de responder a una “orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente”. En este caso, al proceder del fiscal general del Estado, Miranda podría haber remitido un informe con sus alegaciones sobre el que hubiera resuelto el propio Torres-Dulce pero después de oír a la Junta de Fiscales de Sala.
Pese a ello, el fiscal general del Estado trató de ir más lejos y, a través de un oficio, acusó de desleales a una parte de los fiscales del tribunal de garantías constitucionales por, supuestamente, no cumplir una norma dictada por su antecesor, Cándido Conde-Pumpido, para que los recursos sean supervisados. Sin embargo, esta norma no hace referencia a los recursos contra inadmisiones a trámite, sino sobre los que entran en el fondo de los asuntos, algo que no se cumplía en este caso.
El enfado de Torres-Dulce fue tal que, además, en el mismo oficio, ordenó que, a partir de ese momento, todos los casos que entraran en el Constitucional y que tuvieran que ver con el franquismo o la memoria histórica fueran supervisados por una persona de su confianza, el teniente fiscal, Anselmo Sánchez Tembleque. Y con la orden llegó la revuelta.
La semana pasada, los fiscales del Constitucional convocaron una junta y el fiscal general del Estado anunció su asistencia como presidente, según fuentes de la fiscalía. Pese a que Torres-Dulce comenzó la reunión con tono grave y tratando de imponer sus criterios, el hecho es que el cónclave acabó acordando la propuesta de la junta. Varios fiscales reprocharon al fiscal general su injerencia y le recordaron que las normas de reparto han de ser dictadas por la propia junta de fiscales y que entre sus atribuciones no está la de asignar el trabajo, dependiendo de la materia que traten, a un fiscal en concreto. Torres-Dulce acabó reculando en su intención, pero los asuntos referidos a la memoria histórica no serán debatidos en el Constitucional.
Al conocer que el fiscal Manuel Miranda había decidido recurrir la decisión de no admitir a trámite la solicitud de amparo de su clienta celebró la apuesta de la fiscalía: “Hemos pasado de lo imposible a lo improbable y, si se acepta el recurso, a lo incierto”, señaló antes de saber que el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce había ordenado retirar el recurso.
“La decisión de no entrar ni a resolver, ni siquiera admitir un recurso planteado por una víctima del franquismo y respaldado por un Fiscal del Tribunal Constitucional, directamente es propia de otros tiempos”, señaló ayer, a través de una nota, al conocer la decisión de Torres-Dulce.
“Las víctimas del franquismo han sufrido y sufren, cada día, un atentado contra su dignidad y solo luchan por una reparación. Nadie quiere enjuiciar la guerra civil, tan solo buscan algo tan simple como que se haga justicia. Justicia que se sostiene gracias al dinero de los impuestos de los ciudadanos, justicia que engloba por cierto, el sueldo del Fiscal General del Estado”, sostiene en su escrito el letrado que defiende a otros familiares de víctimas y causas para la devolución de los restos a sus familias, “en base al derecho de reparación y el deber de investigación judicial”.
“La inconstitucionalidad de la ley del aborto va muy despacio y, en cambio, la inadmisión a trámite de un recurso que solo pretende la devolución a sus familiares de restos humanos que fueron robados de sus lugares, de personas que fueron fusiladas por tener un pensamiento contrario al pensamiento del hoy Fiscal de Estado y que siguen secuestradas junto con su verdugo, no genera la más mínima duda para el sector más reaccionario de este país”, concluye.
La sublevación ha llegado a cuenta de la petición de amparo de una mujer, Purificación Lapeña, por los continuos desestimientos judiciales a investigar la desaparición de su abuelo y tío abuelo, enterrados sin consentimiento familiar en el Valle de los Caídos (Madrid). La sección tercera del Tribunal Constitucional decidió, el pasado noviembre, no admitir a trámite la petición de amparo y, en un acto poco habitual, el fiscal que llevaba el caso, Manuel Miranda, presentó un recurso contra la resolución, en el que argumentaba la trascendencia constitucional de la solicitud, tal como requiere la ley para que estas sean admitidas a trámite.
Además, pedía que se diera respuesta las respuestas jurídicas de distintos tribunales que, incluso, se dictan “con argumentaciones”.
La respuesta de Torres-Dulce fue inmediata y tajante al exigir a Miranda que retirara el recurso que hubiera permitido, de ser aceptado, que el Constitucional sentara jurisprudencia sobre las desapariciones de represaliados durante y tras la Guerra Civil y que debatiera sobre las consecuencias de la Ley de Amnistía de 1977 y la memoria histórica. Tras esta decisión, Miranda desistió y retiró el recurso, pese a que podía haberse acogido al artículo 27 de su estatuto. Este señala las posibilidades que tienen los fiscales de responder a una “orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente”. En este caso, al proceder del fiscal general del Estado, Miranda podría haber remitido un informe con sus alegaciones sobre el que hubiera resuelto el propio Torres-Dulce pero después de oír a la Junta de Fiscales de Sala.
Pese a ello, el fiscal general del Estado trató de ir más lejos y, a través de un oficio, acusó de desleales a una parte de los fiscales del tribunal de garantías constitucionales por, supuestamente, no cumplir una norma dictada por su antecesor, Cándido Conde-Pumpido, para que los recursos sean supervisados. Sin embargo, esta norma no hace referencia a los recursos contra inadmisiones a trámite, sino sobre los que entran en el fondo de los asuntos, algo que no se cumplía en este caso.
El enfado de Torres-Dulce fue tal que, además, en el mismo oficio, ordenó que, a partir de ese momento, todos los casos que entraran en el Constitucional y que tuvieran que ver con el franquismo o la memoria histórica fueran supervisados por una persona de su confianza, el teniente fiscal, Anselmo Sánchez Tembleque. Y con la orden llegó la revuelta.
La semana pasada, los fiscales del Constitucional convocaron una junta y el fiscal general del Estado anunció su asistencia como presidente, según fuentes de la fiscalía. Pese a que Torres-Dulce comenzó la reunión con tono grave y tratando de imponer sus criterios, el hecho es que el cónclave acabó acordando la propuesta de la junta. Varios fiscales reprocharon al fiscal general su injerencia y le recordaron que las normas de reparto han de ser dictadas por la propia junta de fiscales y que entre sus atribuciones no está la de asignar el trabajo, dependiendo de la materia que traten, a un fiscal en concreto. Torres-Dulce acabó reculando en su intención, pero los asuntos referidos a la memoria histórica no serán debatidos en el Constitucional.
“Es imposible defender la tesis de prohibir”
“Como jurista, es imposible defender la tesis de prohibir, olvidar, erradicar la memoria, la verdad, la justicia y sobretodo, la no repetición”. Eduardo Ranz, el abogado que presentó la petición de amparo que ha originado la trifulca en la fiscalía del Tribunal Constitucional no da crédito a lo ocurrido.Al conocer que el fiscal Manuel Miranda había decidido recurrir la decisión de no admitir a trámite la solicitud de amparo de su clienta celebró la apuesta de la fiscalía: “Hemos pasado de lo imposible a lo improbable y, si se acepta el recurso, a lo incierto”, señaló antes de saber que el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce había ordenado retirar el recurso.
“La decisión de no entrar ni a resolver, ni siquiera admitir un recurso planteado por una víctima del franquismo y respaldado por un Fiscal del Tribunal Constitucional, directamente es propia de otros tiempos”, señaló ayer, a través de una nota, al conocer la decisión de Torres-Dulce.
“Las víctimas del franquismo han sufrido y sufren, cada día, un atentado contra su dignidad y solo luchan por una reparación. Nadie quiere enjuiciar la guerra civil, tan solo buscan algo tan simple como que se haga justicia. Justicia que se sostiene gracias al dinero de los impuestos de los ciudadanos, justicia que engloba por cierto, el sueldo del Fiscal General del Estado”, sostiene en su escrito el letrado que defiende a otros familiares de víctimas y causas para la devolución de los restos a sus familias, “en base al derecho de reparación y el deber de investigación judicial”.
“La inconstitucionalidad de la ley del aborto va muy despacio y, en cambio, la inadmisión a trámite de un recurso que solo pretende la devolución a sus familiares de restos humanos que fueron robados de sus lugares, de personas que fueron fusiladas por tener un pensamiento contrario al pensamiento del hoy Fiscal de Estado y que siguen secuestradas junto con su verdugo, no genera la más mínima duda para el sector más reaccionario de este país”, concluye.
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