PSOE e IU instan al Gobierno a vaciar en dos años las fosas del franquismo

Los dos partidos piden al Ejecutivo una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura

ElPais.es.Natalia Junquera Madrid 13 OCT 2013 - 00:01 CET397

 

Exhumación en las inmediaciones del penal de Valdenoceda ( Burgos) . donde fallecieron 18 represaliados durante el régimen franquista. / ARANZADI

PSOE e IU registrarán en los próximos días en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a localizar y abrir, en un plazo máximo de dos años, todas las fosas comunes donde yacen aún, casi 38 años después de la muerte de Franco, miles de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. En los últimos años se han abierto cerca de 400, de las que se han recuperado los restos de casi 6.000 fusilados, pero quedan todavía por exhumar otros 2.000 enterramientos clandestinos con nadie sabe cuántos muertos. La ley de memoria histórica preveía la concesión de ayudas para que los familiares pudieran ir año a año abriendo esas fosas, pero el proceso se frenó en seco con la llegada al Gobierno del PP, que redujo a cero las partidas para ello.
En el listado que los familiares de los represaliados y las asociaciones de memoria entregaron en 2008 al juez Baltasar Garzón se recogían los nombres de 143.353 hombres y mujeres hechos desaparecer por el franquismo. Dos enviados de la ONU reclamaron el pasado 30 de septiembre, tras pasar una semana en España, que “el Estado asuma su responsabilidad” y “actúe con la debida urgencia” para investigar el paradero de esas personas.
PSOE e IU también pedirán al Gobierno la creación de una comisión de la verdad formada por expertos independientes que permita “un diagnóstico completo de las desapariciones forzadas producidas durante la Guerra Civil y el franquismo” y que redacte una lista de recomendaciones “a todos los poderes públicos. De hecho, si ambos grupos han acordado esta medida es porque así se lo ha pedido la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que agrupa a más de un centenar de asociaciones de víctimas del franquismo.

La comisión de la verdad es un instrumento que la ONU recomienda a países que han pasado por procesos similares. En los últimos 30 años, 40 naciones se han servido de ese mecanismo para reparar a las víctimas.
El borrador de la proposición de PSOE e IU, a la que esperan sumar otros grupos, admite que la ley de memoria histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no resolvió el problema. “Supuso un importante impulso” para el reconocimiento a las víctimas: se concedió la nacionalidad a 200.000 descendientes de españoles exiliados y se destinaron más de 25 millones de euros a subvencionar proyectos de recuperación de la memoria, pero el texto reconoce que, pese a la ley, “quedan aún heridas abiertas y tareas inacabadas”. “Los familiares de los desaparecidos durante este triste periodo de la historia de España aún no han visto satisfecho su derecho a conocer la verdad y a recuperar los restos de sus seres queridos, enterrados en fosas comunes. Esta tarea ha de ser encarada no solo por particulares”, dice el borrador de la proposición.
“Siempre hemos pensado que debería haberse hecho mucho antes. La ley de memoria ha sido un buen instrumento, pero hay que dotarla de presupuesto y hacer más cosas”, afirma la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez. Preguntada por si cree que el PP apoyará la incitativa, responde: “Creo que no. La situación es escalofriante: por los actos de exaltación de la simbología franquista y por la reacción absolutamente tenue, compresiva del PP. La derecha española aún no ha condenado el franquismo. Esta semana votó en contra de que se considerara delito la apología del franquismo. Ojalá se sumaran a esta propuesta. No debería costarle lo que les cuesta. El problema es que el PP aglutina a toda la derecha, y eso incluye la derecha, el centro derecha y la ultraderecha. Nuestro objetivo, en cualquier caso, es que el Gobierno reaccione, que se dé cuenta de que aquí hay gente muy mayor y que ya vamos muy tarde”.
El portavoz de IU, José Luis Centella, teme que, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, por ejemplo, para explicar el cierre de la oficina de atención a las víctimas del franquismo, el Gobierno utilice el argumento de la crisis para rechazar esta iniciativa. “Ponerle precio a la dignidad es mezquino. Todo cuesta dinero, pero esto hay que hacerlo y tampoco sería una suma tan importante. Podría salir, por ejemplo, del IRPF: igual que se da dinero a la Iglesia, que se dé para sacar a las víctimas de las cunetas”.
La abogada Cristina Almeida, miembro de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, confía en que la propuesta logre el mayor consenso posible: “No tengo víctimas del franquismo en mi familia, pero siento vergüenza ajena al ver que hay miles tiradas por las cunetas. Queremos que esto se solucione de una vez por todas. Eso sería cerrar la herida”.

Jueces para la democracia acusa al Gobierno de incumplir la ley de memoria

“España es el segundo país con más desaparecidos tras Camboya”, recuerdan

ELPaís.esNatalia Junquera Madrid 9 OCT 2013 - 14:38 CET571

La asociación Jueces para la Democracia ha criticado hoy con dureza al Ejecutivo por "incumplir" la ley de memoria histórica al dejarla sin fondos para su aplicación y ha recordado la reclamación de los enviados de Naciones Unidas a España para adoptar las medidas legales y judiciales necesarias para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía. En un comunicado, la asociación critica la actitud del Gobierno, que "está llevando no solo a la impunidad de los delitos cometidos durante la dictadura, sino a que se queden materialmente sepultados en el olvido"  y asegura que las autoridades está haciendo "dejación de sus funciones", permitiendo que sigan existiendo "decenas de miles de personas enterradas en fosas comunes".
Los jueces recuerdan que España, con más de 114.000 desaparecidos, es "el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados".
"No podemos compartir de ningún el modo el discurso de que la recuperación de la memoria democrática suponga reabrir heridas. Resulta inadmisible que un Estado democrático siga negando a toda la sociedad el derecho a conocer el pasado y la necesidad de establecer un plan de administración programado, sistemático y financiado públicamente que permita con agilidad la localización y la sepultura digna de todas aquellas personas que fueron asesinadas con ocasión del golpe militar de 1936 y la posterior represión franquista", concluye el comunicado.

El Gobierno ha derogado de facto la ley de memoria histórica al dejarla sin fondos por segundo año consecutivo, como ya contó este diario el pasado domingo. Por eso precisamente una de las peticiones de los enviados de la ONU tras su visita a España ha sido que el Gobierno asuma como una “política de Estado” la localización de los desaparecidos del franquismo y que “proporcione los fondos adecuados para que la ley de Memoria pueda aplicarse eficazmente”.
En los presupuestos de 2012, el Gobierno pegó el primer hachazo: de 6,2 millones de euros del último Ejecutivo socialista a 2,5 (un 60% menos), exclusivamente para la apertura de fosas. Las asociaciones aguardaron a la convocatoria en el BOE del concurso de subvenciones. Nunca llegó.
Al año siguiente, la partida fue de 0 euros y en 2014, ídem. En 2012, el Gobierno cerró, además, la oficina de atención a las víctimas, creada en 2008.
El ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró en septiembre: “El Gobierno cumple y desarrolla lo dispuesto en la ley. Gestiona el mapa de fosas. Este año se han incorporado 27 nuevas localizaciones hasta elevarse a 2.382, ofreciendo una herramienta que permite reconocer el deber de recordar. Es cierto que las medidas de contención del gasto público han obligado a declarar no disponibilidad de créditos para las asociaciones, pero desde 2006 estas asociaciones han recibido 25 millones de euros. También es cierto que las actividades de localización y exhumación de gran importancia pudieron llevarse a cabo hasta 2011”.
Pero las asociaciones niegan la mayor. De esas 2.382 fosas localizadas, se han abierto menos de 400. La asociación para la recuperación de la memoria histórica (ARMH) tiene 41 en lista de espera, mientras busca los recursos para la exhumación, y alerta de que el laboratorio de estudio de restos de Ponferrada (León) puede cerrar por falta de financiación. Una familia acaba de recurrir al crowdfunding (colecta por internet) para reunir el dinero para exhumar a sus parientes de una fosa común en Borriol (Castellón).

Naciones Unidas reclama a España juzgar las desapariciones del franquismo

Enviados de la ONU piden al Gobierno un plan estatal de búsqueda de fusilados

El País.Natalia Junquera Madrid 30 SEP 2013 - 21:44 CET611

La ONU dejó este lunes una larga lista de deberes al  Ejecutivo. Tras pasar una semana en España y reunirse con “un centenar” de víctimas del franquismo y varias decenas de autoridades, estatales y autonómicas, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas, que actúa como canal de comunicación entre las familias que buscan algún desaparecido y los Gobiernos, ha comunicado sus primeras impresiones —el informe definitivo lo presentará en 2014 ante el Consejo de Derechos Humanos— sobre si las autoridades españolas están haciendo lo suficiente por los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura. La respuesta es que no. El Ejecutivo, aseguran los dos enviados de la ONU —Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky— debe “asumir su responsabilidad”, elaborar un “plan nacional de búsqueda de desaparecidos”, derogar la ley de amnistía y juzgar en España las desapariciones forzadas.

Esta es la lista de deberes que deja Naciones Unidas tras reunirse, entre otros, con los secretarios de Estado de Justicia, Seguridad y Cooperación Internacional, representantes del Ministerio de Defensa y Exteriores, jueces del Consejo del Poder Judicial, fiscales, el presidente del Senado, la comisión de Interior del Congreso, la Defensora del Pueblo, o la Conferencia Episcopal. Durante su visita se desplazaron a Cataluña, País Vasco y Andalucía. El Gobierno no está obligado a hacer esos deberes, aunque en un plazo de dos años, la ONU recuerda que hará un informe de seguimiento para ver si le han hecho caso.

Juicios en España y colaboración con la juez argentina. La ONU recuerda que la desaparición forzada es “un delito continuado, que no prescribe”, por eso insta al Estado español a cumplir con sus “obligaciones internacionales”, tipificar este delito de forma autónoma en el Código Penal, “dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977” y juzgar en España las más de 114.000 desapariciones de las que el juez Baltasar Garzón hablaba en su auto de 2008. Los enviados de Naciones Unidas lamentaron que no existiera ninguna investigación judicial sobre esas desapariciones, ni condenado alguno, y que los jueces no acudieran a las fosas cuando los familiares de las víctimas les informaban de hallazgos de restos humanos con signos de muerte violenta durante alguna exhumación.

Dulitzky atribuyó al auto del Supremo de 2012 y a un “efecto contrario” del procesamiento de Garzón que ningún otro juez se haya atrevido a emprender investigaciones similares. En todo caso, los enviados de la ONU piden al Gobierno que preste “todo el auxilio judicial” a cualquier procedimiento penal abierto por estos hechos en otros países, como Argentina, y animan al España a recuperar los principios de justicia universal que aplicaba antes de restringirla, en 2009, a casos en que hubiera víctimas españolas.
La búsqueda de desaparecidos, “política de Estado”. La búsqueda de quienes fueron detenidos y presuntamente fusilados durante el franquismo “no puede ser una tarea de los familiares, sino una obligación del Estado”, aseguran los expertos de la ONU, tras constatar durante su visita a España que las familias de las víctimas están prácticamente solas. “Es esencial que el Estado asuma su responsabilidad”, declaró Dulitzky, “y elabore un plan nacional de búsqueda de desaparecidos”, con una entidad estatal que elabore una base de datos centralizada. Como punto de partida, propuso utilizar la que había realizado Garzón. El Estado debe asumir esa tarea y prestar un “mayor apoyo institucional y financiero” a las víctimas. Y además, insistió, debe hacerlo de forma “urgente” porque muchos familiares de los desaparecidos tienen una edad muy avanzada y están muriendo.

Trato diferente según el partido que gobierne. Los expertos visitaron Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco y pudieron constatar que el trato a las víctimas “depende altamente del partido político gobernante en cada lugar”. Así, en unas comunidades autónomas “las autoridades asumen la responsabilidad de la exhumación” y en otras son “completamente ajenas”.
Archivos que se abren si quiere el funcionario. El grupo constató la “resistencia” a desclasificar ciertos documentos y las dificultades de las víctimas para consultar información esencial. “Todavía depende de la voluntad del funcionario del registro por lo que proponemos una ley de acceso a la información que garantice el derecho a saber la verdad”.

Ley de memoria y Valle de los Caídos. Los enviados de la ONU consideran que la ley de memoria tenía un “alcance limitado” y que en cualquier caso el Gobierno ha dejado de dotarla de fondos para desarrollarla. El Ejecutivo había eliminado la partida, según les explicaron, “debido a la crisis”, pero los expertos insisten en que es necesario buscar los “fondos adecuados”. Tras visitar el Valle de los Caídos se mostraron de acuerdo con las conclusiones del grupo de expertos constituido por el Ejecutivo de Zapatero en 2011: sacar los restos de Franco y convertir su monumental tumba en un centro de memoria. “Es un debate que la sociedad española debería tener”, dijo Dulitzky.

41 fosas en espera
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que viajó en 2002 por primera vez a la sede de Naciones Unidas en Ginebra con 64 casos de desaparecidos del franquismo,  celebra que "el principal organismo mundial de derechos humanos" reclame al Gobierno español "medidas reparadoras, que abran las puertas de la justicia". En estos momentos, la asociación tiene una lista de 41 fosas que esperan a ser exhumadas "debido a la falta de recursos". Además, ante la nula financiación peligra el laboratorio de estudio de restos que la ARMH tiene en Ponferrada (León). Durante su reunión con los enviados de la ONU, la ARMH mostró y entregó copia de las numerosas denuncias desatendidas que habían presentado en los últimos años en diferentes juzgados tras abrir una fosa y certificar el hallazgo de restos humanos con signos de muerte violenta.

Amnistía Internacional también pide al Gobierno que acate las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada.

Gaspar cavó su propia fosa

Un pueblo de Burgos homenajea a 24 fusilados en 1936 maniatados por la espalda

Natalia Junquera Madrid 30 MAR 2013 - 18:14 CET195 El Pais.es

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Los técnicos ocupan la fosa de Loma de Montija en la misma posición en que hallaron a las víctimas. / ÓSCAR RODRÍGUEZ

Los falangistas habían ido a buscarlo dos noches a su casa para obligarle a cavar las fosas donde iban arrojando a sus víctimas después de matarlas. La tercera noche, Gaspar Pereda no volvió. Había cavado su propia fosa.
Era 20 de noviembre de 1936. Tenía 55 años, mujer y seis hijos, tres de ellos menores de edad. “Esa noche, él debió intuir lo que iba a pasar porque antes de salir de casa, al contrario que las otras dos noches, se despidió de mi abuela y de mi tía con un beso”, explica su nieta, Ana Pereda.
Gaspar Pereda fue fusilado y arrojado a una fosa de 6,5 metros de largo y 2,5 de ancho en una finca de cultivo de Loma de Montija (Burgos) con otros 22 hombres y una mujer. Un equipo de 25 técnicos de la sociedad de ciencias Aranzadi exhumó los cuerpos, enterrados a 50 centímetros de profundidad, en abril de 2011. La mitad tenía las manos atadas por la espalda con alambre.
Tras analizar los restos genéticamente en el laboratorio de la facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco, ayer se celebró en Gayangos (Burgos) la localidad de donde procedían la mayoría de las víctimas, un homenaje. Sus familiares volvieron a enterrarlos juntos, pero bajo una lápida con sus nombres y apellidos.

La fosa tras la exhumación. / ÓSCAR RODRÍGUEZ

Ahora tienen un lugar al que llevarles flores cuando quieran. Francisco Etxeberria, el forense que dirigió los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas, ha abierto más de un centenar de fosas del franquismo desde el año 2000, pero cuenta que en esta los familiares de las víctimas le contaron un episodio que le sobrecogió especialmente. “El hijo de uno de los fusilados me dijo que había ido al sitio con su madre dos años después de que mataran a su padre para dejar unas flores. Al llegar, les apedrearon vecinos del pueblo. Tuvieron que escaparse corriendo. El hombre decía que ese era el recuerdo más triste de su vida”.
Los familiares de las víctimas siempre supieron que sus seres queridos habían ido a parar a esta fosa porque un hombre logró escapar aquella noche de la muerte. “El tiro le dejó herido, pero no le mató. Así que cuando los asesinos se fueron, bajó al pueblo y contó lo que había pasado antes de marcharse para siempre”, relata Ana Pereda. “En el pueblo, los familiares de los muertos pactaron no decir que lo habían visto por temor a que los falangistas mataran a toda su familia en represalia por haber sobrevivido”.
Para entonces, a la familia Pereda ya le habían provocado un sufrimiento inmenso. Gaspar era, la noche que lo mataron, un padre con el corazón roto que sabía que el mayor de sus hijos, Lucas, de 24 años, había sido asesinado por los falangistas y que su cuerpo estaba tirado en cualquier cuneta. “A Lucas lo fueron a buscar un mes antes de que mataran a mi abuelo. Los dos eran labradores, gente de campo. No estaban metidos en política, pero estaban marcados por votar a la izquierda. En el pueblo contaban que había sido el cura el que había hecho la lista de fusilados para los falangistas”, relata Pereda.
Tras el asesinato de Lucas, los hijos de Gaspar se fueron a esconder al monte. En la casa solo se quedaron las mujeres, el más pequeño de los hijos y el propio Gaspar, que no quiso dejarles solos. Hasta que la tercera noche, los falangistas no le dejaron volver a casa después de haberle obligado a cavar su tercera y última fosa.
Pero como en tantos otros pueblos, los asesinos no se conformaron con matar a los hombres. Y después de fusilar a Lucas y a Gaspar, humillaron a las mujeres. A las viudas. “El día de la fiesta del pueblo cogieron a mi abuela y a mi tía, les raparon la cabeza delante de todo el mundo y las obligaron a barrer así la plaza del pueblo. También les dieron aceite de ricino”, cuenta Pereda. “A ellas y a todas las mujeres de rojos”. “Mi padre nos contó lo que había pasado, pero nunca quién lo había hecho. Decía que no tenía sentido aumentar los odios, porque había que convivir con quienes habían hecho todo aquello”.
Agustín Fernández buscaba en esta fosa a su abuela, Severina Pérez. Él fue quien promovió la exhumación e inició el papeleo para solicitar los permisos, la subvención del Gobierno... Pero no ha tenido suerte. Ninguno de los restos hallados se corresponde con su abuela. “Pensábamos que la habían traído aquí. Sabemos que los falangistas la subieron a un camión junto a su hija Lucía, que llevaba en brazos a Esperanza, un bebé de poco tiempo”, relata. Finalmente, al negarse Lucía a dejar a su bebé, la dejaron bajar. Pero Severina, que tenía entonces 62 años y estaba viuda, no pudo librarse. “Mi abuela tenía un negocio de ultramarinos con una taberna en la parte baja de la casa y yo creo que la mataron porque tenían deudas con ella”.
Sus hijos estaban en el frente, luchando con los republicanos, cuando fusilaron a su madre. Al regresar, fueron enviados a distintos penales: Santoña, Cádiz, Valdenoceda... Esperanza, el bebé que salvó a su madre de continuar el trayecto en aquel camión, relató durante la exhumación que uno de sus primeros recuerdos de pequeña era precisamente el de ver a su madre y a sus tías escribir cartas a los hombres: al frente de guerra primero y a la cárcel después.
Agustín asegura que seguirá buscando a su abuela. Ana promete hacer lo posible por rescatar de la cuneta a la que fue arrojado, los restos de su tío. Lo harán solos, sin apoyo económico, porque la de Loma de Montija fue una de las últimas exhumaciones que se realizaron con subvención del Gobierno. Ya no hay dinero para la recuperación de la memoria.