Debido a la afortunada oleada de articulos sobre los desaparecidos en la guerra civil,publico el link a la sección que tiene abierta en el diario El Pais
La recuperación de la memoria histórica
Respecto a las polemicas,como familiar y biznieto de dos desaparecidos,uno por familia materna y otro paterna, querría significar que ni se trata de abrir heridas cerradas ( cerradas para los que no tienen a un familiar desaparecido supongo ) ni de llevar a los tribunales a los culpables.Quiero y hablo seguramente en nombre de muchísimos familiares, simplemente encontrar el cuerpo de mi familiar y darle sepultura, punto.
A ver si les queda claro a los tertulianos que hablan por hablar este hecho tan sencillo.
martes, 21 de octubre de 2008
martes, 14 de octubre de 2008
Información
Garzón ultima una resolución sobre la Memoria Histórica
El magistrado deberá concluir si admite a trámite la denuncia de las asociaciones de la Memoria Histórica tras recabar datos sobre miles de víctimas
ELPAÍS.com - Madrid - 14/10/2008
Aunque inicialmente estaba previsto que el mismo lunes o martes el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidiera sobre la competencia de esa jurisdicción para investigar y, en su caso, juzgar los hechos que figuran en la denuncia presentada por 13 asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica, el magistrado sigue trabajando hoy en la resolución. Garzón está incorporando los documentos recibidos en las últimas horas, entre los cuales figura la respuesta del Ministerio de Justicia en el que pone a su disposición los servicios del Instituto Nacional de Toxicología para la identificación de las víctimas.
El pasado 1 de septiembre, Garzón requirió al Gobierno, cuatro ayuntamientos -Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid-, la Conferencia Episcopal y el Valle de los Caídos toda la información de la que dispusieran para elaborar un censo de desaparecidos, fusilados y enterrados en fosas comunes. Posteriormente, amplió los datos a los tribunales republicanos creados en la Guerra durante la defensa de Madrid.
Garzón recibió hace dos semanas varios listados de víctimas procedentes de las asociaciones, que sumaban decenas de miles desaparecidos. El magistrado solicitó un listado único y digitalizado para evitar que se duplicaran nombres, que finalmente se le hizo llegar el pasado 6 de octubre con una cifra final de 133.708 desaparecidos. Andalucía es la comunidad que incluye más identidades (29.091), seguida de Valencia (28.892), Castilla y León (15.269), Extremadura (10.266), Aragón (10.178), País Vasco (9.759), Castilla-La Mancha (7.885), Galicia (4.396), Navarra (3.431) y Madrid (2.995).
Oposición de la Fiscalía
La Fiscalía considera que Garzón no tiene competencias para investigar estos hechos y que sólo corresponden a los juzgados de los municipios donde existan pruebas de los enterramientos. El Ministerio Público solicitó la inadmisión a trámite de la querella al considerar que los delitos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y que en el momento en que se produjeron eran delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha rechazado esta mañana posicionarse acerca de si el juez Baltasar Garzón "es o no competente" para llevar a cabo las investigaciones . "A mí no me toca, yo no tengo tiempo de entrar en esas cosas. Ahí está el fiscal, ahí están las partes y eso es un tema jurídico en el que yo no entro", ha asegurado el ministro en una entrevista en TVE.
Bermejo ha señalado, no obstante, que el Gobierno ha puesto a disposición del juez de la Audiencia Nacional el Instituto Nacional de Toxicología "para que sea la referencia en materia de identificación" en las diligencias que lleve Garzón.
El magistrado deberá concluir si admite a trámite la denuncia de las asociaciones de la Memoria Histórica tras recabar datos sobre miles de víctimas
ELPAÍS.com - Madrid - 14/10/2008
Aunque inicialmente estaba previsto que el mismo lunes o martes el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidiera sobre la competencia de esa jurisdicción para investigar y, en su caso, juzgar los hechos que figuran en la denuncia presentada por 13 asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica, el magistrado sigue trabajando hoy en la resolución. Garzón está incorporando los documentos recibidos en las últimas horas, entre los cuales figura la respuesta del Ministerio de Justicia en el que pone a su disposición los servicios del Instituto Nacional de Toxicología para la identificación de las víctimas.
El pasado 1 de septiembre, Garzón requirió al Gobierno, cuatro ayuntamientos -Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid-, la Conferencia Episcopal y el Valle de los Caídos toda la información de la que dispusieran para elaborar un censo de desaparecidos, fusilados y enterrados en fosas comunes. Posteriormente, amplió los datos a los tribunales republicanos creados en la Guerra durante la defensa de Madrid.
Garzón recibió hace dos semanas varios listados de víctimas procedentes de las asociaciones, que sumaban decenas de miles desaparecidos. El magistrado solicitó un listado único y digitalizado para evitar que se duplicaran nombres, que finalmente se le hizo llegar el pasado 6 de octubre con una cifra final de 133.708 desaparecidos. Andalucía es la comunidad que incluye más identidades (29.091), seguida de Valencia (28.892), Castilla y León (15.269), Extremadura (10.266), Aragón (10.178), País Vasco (9.759), Castilla-La Mancha (7.885), Galicia (4.396), Navarra (3.431) y Madrid (2.995).
Oposición de la Fiscalía
La Fiscalía considera que Garzón no tiene competencias para investigar estos hechos y que sólo corresponden a los juzgados de los municipios donde existan pruebas de los enterramientos. El Ministerio Público solicitó la inadmisión a trámite de la querella al considerar que los delitos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y que en el momento en que se produjeron eran delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha rechazado esta mañana posicionarse acerca de si el juez Baltasar Garzón "es o no competente" para llevar a cabo las investigaciones . "A mí no me toca, yo no tengo tiempo de entrar en esas cosas. Ahí está el fiscal, ahí están las partes y eso es un tema jurídico en el que yo no entro", ha asegurado el ministro en una entrevista en TVE.
Bermejo ha señalado, no obstante, que el Gobierno ha puesto a disposición del juez de la Audiencia Nacional el Instituto Nacional de Toxicología "para que sea la referencia en materia de identificación" en las diligencias que lleve Garzón.
martes, 7 de octubre de 2008
Martes
El Pais-07/10/2008
El juez Garzón, el cardenal Rouco y los fusilados de La Serna
Un familiar pide al magistrado que acelere las exhumaciones
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 07/10/2008
Jesús Rodríguez, de 65 años, ha pasado toda la vida buscando los cuerpos de sus cuatro tíos -Francisco, de 38 años, Nicolás, de 35, Mariano, de 27, y José, de 18-, fusilados el 14 de agosto de 1936 en La Serna (Madrid), y ahora que por fin los ha encontrado, no quiere esperar ni un minuto más para recuperar sus cuerpos y enterrarlos con el resto de la familia.
Por eso ayer, tras 20 días de silencio del arzobispado de Madrid (a cuya cabeza figura el cardenal Rouco), propietario del terreno donde se encuentra la fosa en la que yacen sus familiares, el familiar acudió a la justicia para solicitarle al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que se dirija a la remolona entidad para que autorice la exhumación.
El georadar, una máquina que la Guardia Civil utiliza para localizar cuerpos, arsenales de armas o fardos de droga bajo la tierra, detectó el pasado 9 de septiembre que en el lugar al que llevaba la información recabada en años de investigación, se había removido la tierra para enterrar cuerpos, casi con toda seguridad, los de los cuatro tíos de Jesús Gutiérrez y otros cuatro vecinos del pueblo, dos de ellos emparentados también con los cuatro hermanos. Sus apellidos: Lamela, García y Vega.
Jesús escribió rápidamente al alcalde y al cura del pueblo. Marisa Hoyos, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha dado el empujón definitivo a la investigación de Jesús, telefoneó al obispado. Como no han obtenido respuesta, han decidido acudir al juez. "De todas formas, voy a escribirles una carta y pedir una entrevista con quien haga falta para agilizar esto", explicó ayer Hoyos.
"Estaban todos en casa de mis abuelos porque les habían pedido ayuda para recoger la cosecha en el campo. Los falangistas fueron a buscarlos de noche, mientras dormían. A las tres hermanas las dejaron tranquilas. Mi padre se libró porque como era el único que estaba casado se quedó en Madrid a cuidar de la mujer y los hijos", explica Jesús Gutiérrez.
Aquella noche del 14 de agosto, María perdería a cuatro de sus cinco hijos varones. "Mi abuela se quedó ciega poco después de pura tristeza", afirma Gutiérrez.
Su padre no supo lo que había ocurrido hasta mucho tiempo después. No le dijeron nada y se fue a luchar al frente. "Le cogieron y le enviaron a un campo de concentración. Cuando regresó a casa le contaron que era el único de los hermanos que seguía vivo. Se quedó destrozado, triste", recuerda Gutiérrez.
Jesús no conoció a los hombres que busca en la fosa de La Serna. Pero ha heredado la amargura de una familia que perdió a cuatro de sus miembros en un día. "Soy el último que queda. Es mi obligación buscarles e intentar enterrarlos dignamente, todos juntos, con el resto de la familia", asegura.
En sus años de búsqueda, Jesús Gutiérrez ha tropezado muchas veces con ese miedo que impide 70 años después hablar a los supervivientes, pero también con confesiones emocionadas, como la de un hombre al que localizó en una residencia y que pudo haber sido el noveno de esa fosa en la que yacen hoy sus tíos. "Se escapó de chiripa gracias a un teniente que le llevó a un camino y le dijo: '¡Corre y no vuelvas hasta que termine la guerra!".
No contempla la posibilidad de que el obispado les niegue la posibilidad de abrir la tierra donde fueron enterrados hace 72 años para enterrarlos en un cementerio con los suyos. "No les queda más remedio que dejarnos hacerlo, porque las cosas ya no son como eran. Se ha abierto una vía legal para localizar a las víctimas, y hay una presión de las familias que no había antes. Porque esta gente existió y tenía una familia. Les cortaron la vida en lo mejor. ¡A cuatro jornaleros humildes!", se indigna Jesús. "El único que pertenecía a alguna asociación de izquierdas, el sindicato UGT, era el mayor. Ninguno había hecho nada malo. No merecen estar donde están", zanja.
El juez Garzón, el cardenal Rouco y los fusilados de La Serna
Un familiar pide al magistrado que acelere las exhumaciones
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 07/10/2008
Jesús Rodríguez, de 65 años, ha pasado toda la vida buscando los cuerpos de sus cuatro tíos -Francisco, de 38 años, Nicolás, de 35, Mariano, de 27, y José, de 18-, fusilados el 14 de agosto de 1936 en La Serna (Madrid), y ahora que por fin los ha encontrado, no quiere esperar ni un minuto más para recuperar sus cuerpos y enterrarlos con el resto de la familia.
Por eso ayer, tras 20 días de silencio del arzobispado de Madrid (a cuya cabeza figura el cardenal Rouco), propietario del terreno donde se encuentra la fosa en la que yacen sus familiares, el familiar acudió a la justicia para solicitarle al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que se dirija a la remolona entidad para que autorice la exhumación.
El georadar, una máquina que la Guardia Civil utiliza para localizar cuerpos, arsenales de armas o fardos de droga bajo la tierra, detectó el pasado 9 de septiembre que en el lugar al que llevaba la información recabada en años de investigación, se había removido la tierra para enterrar cuerpos, casi con toda seguridad, los de los cuatro tíos de Jesús Gutiérrez y otros cuatro vecinos del pueblo, dos de ellos emparentados también con los cuatro hermanos. Sus apellidos: Lamela, García y Vega.
Jesús escribió rápidamente al alcalde y al cura del pueblo. Marisa Hoyos, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha dado el empujón definitivo a la investigación de Jesús, telefoneó al obispado. Como no han obtenido respuesta, han decidido acudir al juez. "De todas formas, voy a escribirles una carta y pedir una entrevista con quien haga falta para agilizar esto", explicó ayer Hoyos.
"Estaban todos en casa de mis abuelos porque les habían pedido ayuda para recoger la cosecha en el campo. Los falangistas fueron a buscarlos de noche, mientras dormían. A las tres hermanas las dejaron tranquilas. Mi padre se libró porque como era el único que estaba casado se quedó en Madrid a cuidar de la mujer y los hijos", explica Jesús Gutiérrez.
Aquella noche del 14 de agosto, María perdería a cuatro de sus cinco hijos varones. "Mi abuela se quedó ciega poco después de pura tristeza", afirma Gutiérrez.
Su padre no supo lo que había ocurrido hasta mucho tiempo después. No le dijeron nada y se fue a luchar al frente. "Le cogieron y le enviaron a un campo de concentración. Cuando regresó a casa le contaron que era el único de los hermanos que seguía vivo. Se quedó destrozado, triste", recuerda Gutiérrez.
Jesús no conoció a los hombres que busca en la fosa de La Serna. Pero ha heredado la amargura de una familia que perdió a cuatro de sus miembros en un día. "Soy el último que queda. Es mi obligación buscarles e intentar enterrarlos dignamente, todos juntos, con el resto de la familia", asegura.
En sus años de búsqueda, Jesús Gutiérrez ha tropezado muchas veces con ese miedo que impide 70 años después hablar a los supervivientes, pero también con confesiones emocionadas, como la de un hombre al que localizó en una residencia y que pudo haber sido el noveno de esa fosa en la que yacen hoy sus tíos. "Se escapó de chiripa gracias a un teniente que le llevó a un camino y le dijo: '¡Corre y no vuelvas hasta que termine la guerra!".
No contempla la posibilidad de que el obispado les niegue la posibilidad de abrir la tierra donde fueron enterrados hace 72 años para enterrarlos en un cementerio con los suyos. "No les queda más remedio que dejarnos hacerlo, porque las cosas ya no son como eran. Se ha abierto una vía legal para localizar a las víctimas, y hay una presión de las familias que no había antes. Porque esta gente existió y tenía una familia. Les cortaron la vida en lo mejor. ¡A cuatro jornaleros humildes!", se indigna Jesús. "El único que pertenecía a alguna asociación de izquierdas, el sindicato UGT, era el mayor. Ninguno había hecho nada malo. No merecen estar donde están", zanja.
lunes, 6 de octubre de 2008
Noticias
El País 06/10/2008
Justicia tendrá tres meses para reparar a víctimas de Franco
Todos los ayuntamientos deberán ayudar al Gobierno en la investigación
CARLOS E. CUÉ - Madrid - 06/10/2008
Obtener la declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil será muy fácil. El documento, que podrán solicitar los familiares de más de un millón de represaliados -de los dos bandos durante la guerra y de uno sólo en los casi 40 años de dictadura- será expedido por el Ministerio de Justicia en un máximo de tres meses desde que se presente la solicitud.
El decreto que desarrolla la Ley de Memoria no obliga a la Iglesia católica
Se hará una pequeña investigación para comprobar los datos, pero el silencio administrativo -ausencia de respuesta- será entendido de forma positiva para el solicitante. Éstas son algunas de las novedades que contiene el proyecto de real decreto que regula este procedimiento y que, después de ser analizado el viernes por el Consejo de Ministros, será enviado al Consejo de Estado. En cuanto regrese al Gobierno podrá ser aprobado definitivamente.
El documento deja claro, en su artículo 9b, que "el plazo de resolución y notificación de este procedimiento será de tres meses transcurridos los cuales sin que se dicte resolución expresa se entenderá estimada la solicitud". "En caso de resolución firme estimatoria, se entregará al peticionario un título expedido por el Ministerio de Justicia en el que constará la declaración de reparación y reconocimiento personal", aclara.
Los solicitantes podrán ser las personas afectadas, esto es las víctimas, o, en el caso de que hayan fallecido, "el cónyuge o la persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado" y también instituciones públicas en las que las víctimas hubieran tenido un papel destacado. Deberán aportar los datos de los que dispongan sobre lo que le sucedió a la víctima -asesinato, cárcel, tortura, trabajos forzados, exilio- pero será el instructor del expediente, esto es un funcionario miembro de la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos, dependiente de Justicia, quien se encargue de investigar la documentación oficial. Y es ahí donde todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos -algunos en manos del PP se han mostrado reacios a este tipo de procesos, y las asociaciones también han encontrado resistencia en algunos archivos militares- están obligadas por este decreto a colaborar con Justicia para llevar a cabo la investigación. El texto señala que deberán entregar lo que les pidan antes de un mes. Para facilitar aún más las cosas, el decreto faculta a Justicia para habilitar una fórmula de solicitud electrónica de la declaración de reparación.
Lo que no hace el decreto es solicitar la colaboración de la Iglesia, en cuyos archivos se conservan algunos datos relevantes de la represión, como ha podido comprobar el juez Garzón.
Esta resolución, que venía fijada en el artículo 4 de la Ley de Memoria pero no ha sido desarrollada hasta ahora, nueve meses después de la entrada en vigor de esa polémica norma aprobada en diciembre de 2007, tiene un carácter meramente simbólico y no da derecho a ninguna reparación económica. Éstas fueron fijadas en los 80, cuando el primer Gobierno socialista fijó compensaciones a los militares republicanos -pensiones para ellos y sus viudas- y pequeños pagos por los años de cárcel por motivos políticos.
Las asociaciones de memoria histórica y de derechos humanos exigen al Ejecutivo que, como han realizado otros países como Alemania, anule judicialmente las sentencias franquistas, pero el Gobierno ha optado por esta fórmula simbólica con la que la democracia honra a los represaliados sin necesidad de declarar nula la justicia franquista
Justicia tendrá tres meses para reparar a víctimas de Franco
Todos los ayuntamientos deberán ayudar al Gobierno en la investigación
CARLOS E. CUÉ - Madrid - 06/10/2008
Obtener la declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil será muy fácil. El documento, que podrán solicitar los familiares de más de un millón de represaliados -de los dos bandos durante la guerra y de uno sólo en los casi 40 años de dictadura- será expedido por el Ministerio de Justicia en un máximo de tres meses desde que se presente la solicitud.
El decreto que desarrolla la Ley de Memoria no obliga a la Iglesia católica
Se hará una pequeña investigación para comprobar los datos, pero el silencio administrativo -ausencia de respuesta- será entendido de forma positiva para el solicitante. Éstas son algunas de las novedades que contiene el proyecto de real decreto que regula este procedimiento y que, después de ser analizado el viernes por el Consejo de Ministros, será enviado al Consejo de Estado. En cuanto regrese al Gobierno podrá ser aprobado definitivamente.
El documento deja claro, en su artículo 9b, que "el plazo de resolución y notificación de este procedimiento será de tres meses transcurridos los cuales sin que se dicte resolución expresa se entenderá estimada la solicitud". "En caso de resolución firme estimatoria, se entregará al peticionario un título expedido por el Ministerio de Justicia en el que constará la declaración de reparación y reconocimiento personal", aclara.
Los solicitantes podrán ser las personas afectadas, esto es las víctimas, o, en el caso de que hayan fallecido, "el cónyuge o la persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado" y también instituciones públicas en las que las víctimas hubieran tenido un papel destacado. Deberán aportar los datos de los que dispongan sobre lo que le sucedió a la víctima -asesinato, cárcel, tortura, trabajos forzados, exilio- pero será el instructor del expediente, esto es un funcionario miembro de la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos, dependiente de Justicia, quien se encargue de investigar la documentación oficial. Y es ahí donde todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos -algunos en manos del PP se han mostrado reacios a este tipo de procesos, y las asociaciones también han encontrado resistencia en algunos archivos militares- están obligadas por este decreto a colaborar con Justicia para llevar a cabo la investigación. El texto señala que deberán entregar lo que les pidan antes de un mes. Para facilitar aún más las cosas, el decreto faculta a Justicia para habilitar una fórmula de solicitud electrónica de la declaración de reparación.
Lo que no hace el decreto es solicitar la colaboración de la Iglesia, en cuyos archivos se conservan algunos datos relevantes de la represión, como ha podido comprobar el juez Garzón.
Esta resolución, que venía fijada en el artículo 4 de la Ley de Memoria pero no ha sido desarrollada hasta ahora, nueve meses después de la entrada en vigor de esa polémica norma aprobada en diciembre de 2007, tiene un carácter meramente simbólico y no da derecho a ninguna reparación económica. Éstas fueron fijadas en los 80, cuando el primer Gobierno socialista fijó compensaciones a los militares republicanos -pensiones para ellos y sus viudas- y pequeños pagos por los años de cárcel por motivos políticos.
Las asociaciones de memoria histórica y de derechos humanos exigen al Ejecutivo que, como han realizado otros países como Alemania, anule judicialmente las sentencias franquistas, pero el Gobierno ha optado por esta fórmula simbólica con la que la democracia honra a los represaliados sin necesidad de declarar nula la justicia franquista
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