Los dos partidos piden al Ejecutivo una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura
Exhumación en las inmediaciones del penal
de Valdenoceda ( Burgos) . donde fallecieron 18 represaliados durante el
régimen franquista. /
ARANZADI
PSOE e IU registrarán en los próximos días en el Congreso una
proposición no de ley para instar al Gobierno a localizar y abrir, en un
plazo máximo de dos años, todas las fosas comunes donde yacen aún, casi
38 años después de la muerte de Franco, miles de víctimas de la Guerra
Civil y la dictadura. En los últimos años se han abierto cerca de 400,
de las que se han recuperado los restos de casi 6.000 fusilados, pero
quedan todavía por exhumar otros 2.000 enterramientos clandestinos con
nadie sabe cuántos muertos. La ley de memoria histórica preveía la
concesión de ayudas para que los familiares pudieran ir año a año
abriendo esas fosas, pero el proceso se frenó en seco con la llegada al
Gobierno del PP, que
redujo a cero las partidas para ello.
En el listado que los familiares de los represaliados y las
asociaciones de memoria entregaron en 2008 al juez Baltasar Garzón se
recogían los nombres de 143.353 hombres y mujeres hechos desaparecer por
el franquismo.
Dos enviados de la ONU reclamaron
el pasado 30 de septiembre, tras pasar una semana en España, que “el
Estado asuma su responsabilidad” y “actúe con la debida urgencia” para
investigar el paradero de esas personas.
PSOE e IU también pedirán al Gobierno la creación de una comisión de
la verdad formada por expertos independientes que permita “un
diagnóstico completo de las desapariciones forzadas producidas durante
la Guerra Civil y el franquismo” y que redacte una lista de
recomendaciones “a todos los poderes públicos. De hecho, si ambos grupos
han acordado esta medida es porque así se lo ha pedido la Plataforma
por la Comisión de la Verdad, que agrupa a más de un centenar de
asociaciones de víctimas del franquismo.
La comisión de la verdad es un instrumento que la ONU recomienda a
países que han pasado por procesos similares. En los últimos 30 años, 40
naciones se han servido de ese mecanismo para reparar a las víctimas.
El borrador de la proposición de PSOE e IU, a la que esperan sumar
otros grupos, admite que la ley de memoria histórica, aprobada en 2007
por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no resolvió el
problema. “Supuso un importante impulso” para el reconocimiento a las
víctimas: se concedió la nacionalidad a 200.000 descendientes de
españoles exiliados y se destinaron más de 25 millones de euros a
subvencionar proyectos de recuperación de la memoria, pero el texto
reconoce que, pese a la ley, “quedan aún heridas abiertas y tareas
inacabadas”. “Los familiares de los desaparecidos durante este triste
periodo de la historia de España aún no han visto satisfecho su derecho a
conocer la verdad y a recuperar los restos de sus seres queridos,
enterrados en fosas comunes. Esta tarea ha de ser encarada no solo por
particulares”, dice el borrador de la proposición.
“Siempre hemos pensado que debería haberse hecho mucho antes. La ley
de memoria ha sido un buen instrumento, pero hay que dotarla de
presupuesto y hacer más cosas”, afirma la portavoz socialista en el
Congreso, Soraya Rodríguez. Preguntada por si cree que el PP apoyará la
incitativa, responde: “Creo que no. La situación es escalofriante: por
los actos de exaltación de la simbología franquista y por la reacción
absolutamente tenue, compresiva del PP. La derecha española aún no ha
condenado el franquismo. Esta semana
votó en contra de que se considerara delito la apología del franquismo.
Ojalá se sumaran a esta propuesta. No debería costarle lo que les
cuesta. El problema es que el PP aglutina a toda la derecha, y eso
incluye la derecha, el centro derecha y la ultraderecha. Nuestro
objetivo, en cualquier caso, es que el Gobierno reaccione, que se dé
cuenta de que aquí hay
gente muy mayor y que ya vamos muy tarde”.
El portavoz de IU, José Luis Centella, teme que, como ya ha hecho en
anteriores ocasiones, por ejemplo, para explicar el cierre de la oficina
de atención a las víctimas del franquismo, el Gobierno utilice el
argumento de la crisis para rechazar esta iniciativa. “Ponerle precio a
la dignidad es mezquino. Todo cuesta dinero, pero esto hay que hacerlo y
tampoco sería una suma tan importante. Podría salir, por ejemplo, del
IRPF: igual que se da dinero a la Iglesia, que se dé para sacar a las
víctimas de las cunetas”.
La abogada Cristina Almeida, miembro de la Plataforma por la Comisión
de la Verdad, confía en que la propuesta logre el mayor consenso
posible: “No tengo víctimas del franquismo en mi familia, pero siento
vergüenza ajena al ver que hay miles tiradas por las cunetas. Queremos
que esto se solucione de una vez por todas. Eso sería cerrar la herida”.
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