El Gobierno dará más dinero para abrir fosas del franquismo que los socialistas

Recorta un 60% las ayudas a la memoria histórica, pero dedica todo a exhumaciones

El País.08/04/12

Paradoja. El Gobierno de Mariano Rajoy ha pegado un hachazo del 60% a las ayudas para actividades relacionadas con la memoria histórica en los Presupuestos de 2012. De los 6,2 millones de euros de 2011 (con Zapatero en el poder) se pasa en 2012 a 2,5 millones. Pero según fuentes del Ministerio de la Presidencia, esa cantidad se dedicará exclusivamente a exhumaciones, con lo que, en la práctica, el PP, que se negó por ejemplo a facilitar datos para el mapa de fosas, dará este año más dinero para abrirlas que el Gobierno socialista, que aprobó la Ley de Memoria Histórica por la que se conceden estas ayudas.

En los Presupuestos de 2011, el Ejecutivo de Zapatero concedió 1,9 millones de euros a exhumaciones muchas de ellas incluían también identificaciones de ADN y monumentos honoríficos—. Si el Gabinete del PP destina toda la partidada de 2,5 millones a exhumaciones, concederá hasta casi 600.000 euros más a la apertura de fosas que los socialistas. En total, desde 2006, el Gobierno de Zapatero destinó unos 20 millones de euros a actividades relacionadas con la recuperación de la memoria histórica, pero menos de un 30% para exhumaciones.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, admite que las subvenciones del Gobierno de Rajoy que recogen los Presupuestos de 2012 le han sorprendido. “Pensábamos que no iba a haber ninguna por la manera en que el PP se ha referido siempre a la Ley de Memoria Histórica y porque en un contexto de crisis parecía que tenían la excusa perfecta.

No aportó datos para el mapa de fosas. Ahora prevé 2,5 millones para abrirlas

El recorte del 60% va a impedir que se hagan muchas investigaciones y se recabe nueva información y testimonios sobre los desaparecidos y la represión pero, en la práctica, lo cierto es que van a dar más ayudas a las exhumaciones, porque con el Gobierno del PSOE, en contra de lo que se pensaba, las subvenciones a apertura de fosas no eran ni el 30% del total del dinero que Presidencia daba a actividades relacionadas con la memoria histórica”.

Francisco Etxeberria, el forense que más fosas del franquismo ha abierto (más de un centenar), asegura: “Con este dinero vamos a poder mantener el ritmo de recuperación de unos 300 esqueletos por año”. En cualquier caso, advierte del riesgo de que familiares de las víctimas intenten abrir las fosas por su cuenta: “Sería una irresponsabilidad porque se perdería mucha información; es decir, pruebas”.

El juez se pone “a disposición” de las familias de la fosa de Burgos

N. J.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León asegura en una nota que los juzgados de Villarcayo (Burgos) se ponen “a disposición de los familiares” de los 13 fusilados en las dos fosas de Espinosa de los Monteros exhumados esta semana. En el escrito, explican que si ningún juez acudió a las exhumaciones fue porque en el escrito que los familiares de las víctimas le presentaron el pasado 23 de febrero no entendieron que les estuvieran reclamando “ningún tipo de auxilio judicial”.

El auto del Tribunal Supremo del pasado 28 de marzo establece que la competencia sobre las fosas del franquismo es de los jueces territoriales.

Desde el año 2000 se han abierto en España casi 300 fosas del franquismo y se calcula que quedan por exhumar otras 1.200.

Abrí la fosa de mi padre con las manos

Al morir Franco, Esperanza Pérez investigó pueblo a pueblo el paradero de 8 familiares fusilados

Terminó exhumando a 150 víctimas del franquismo

El País.08/04/2012.Natalia Junquera Palencia

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Esperanza Pérez Zamora muestra una fotografía de su padre.

“Yo tenía 18 meses cuando fusilaron a mi padre. Mataron a ocho de mi familia. Los falangistas fueron a buscarles a las eras, al campo, donde estaban todos trabajando. Iban a por mi padre, querían tomarle declaración, dijeron. Pero mi abuelo dijo: ‘Donde va mi hijo voy yo’. Y su sobrino, lo mismo. Y así, se los llevaron a todos. Ya no les volvimos a ver”, recuerda Esperanza Pérez Zamora.

Acaba de cumplir 77 años y hace 35 estaba recorriendo pueblos, buscando pistas sobre el paradero de sus familiares para abrir las fosas donde se encontraban. Hoy, incluso el partido que tanto criticó la memoria histórica, ahora en el poder, apoya y planea subvencionar las exhumaciones. Pero entonces, cuando Esperanza Pérez empezó a hacerlas, justo después de la muerte de Franco, solo expresar en público el deseo de abrir las fosas del franquismo era peligroso.

Fui a ver al asesino. Le dije: ‘Mañana más te vale que me digas dónde está

“Muchos me insultaban. ‘Puta comunista’, me decían. O directamente, me cerraban la puerta en las narices en cuanto les decía por qué estaba allí. Todavía había mucho miedo. Solo me ayudaron mujeres en una situación parecida. Alguna me cogía de la camisa por el pecho, me metía dentro de su casa y me contaba en voz muy bajita lo que sabía. Una señora me dijo: ‘Subía la gente a ver a los muertos como en una procesión. Los habían dejado mal enterrados. Fue una vergüenza...”.

Esperanza tardó tres años en encontrar a todos sus familiares. “En el momento en que salió Adolfo Suárez, fui a por ellos. Mi marido, que es taxista, dejó de trabajar para llevarme de un pueblo a otro, a preguntar a la gente si sabía algo. Tenía que volver muchas veces a la misma casa para que me contaran cosas. Al principio estábamos muy solos, pero luego nos fueron ayudando familiares de otros fusilados”.

Esperanza tenía a sus familiares repartidos por varias fosas en distintos pueblos. El paradero de su padre se lo dijo el mismo asesino. “Me dijeron el nombre del falangista que le había matado y esa misma noche fui a verle. Era 1977. ‘Soy la hija de Juanón y sé que usted le dio el tiro a mi padre. Mañana a las nueve de la mañana más le vale que esté usted en las tierras que tiene en Villamuriel para que me diga exactamente dónde está enterrado’, le dije. Se quedó blanco. Al día siguiente se presentó allí con la Guardia Civil. Los agentes me pidieron un montón de papeles, pero al final, el asesino señaló el sitio”.

En las fosas de mujeres salían unas trenzas larguísimas. Fue muy duro

Esperanza abrió tres fosas en Villamuriel, cuatro en Villamediana, cinco en Magaz, dos en Valdespina y una en Valoria la Buena, todas en Palencia. “En total recuperamos unos 150 cuerpos. Teníamos una pala, un azadón y un cepillo. Pero todo lo hacíamos con las manos, con las uñas, un día y otro día, hasta que terminábamos. Luego metíamos los restos en sacos. La excavadora que utilizamos alguna vez, la pagamos a escote entre los familiares”. Aún guarda aquellas facturas. “Es lo mejor y lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero fue muy duro. En la primera exhumación pensé que me iba a dar algo y que me iba a morir allí mismo yo también. Tener una calavera en la mano y pensar que es de tu padre es terrible. En Villamediana, por ejemplo, los restos estaban cubiertos de cal y las faldas de las mujeres se veían todas blancas. Aún conservaban larguísimas trenzas. También encontraba botas, cucharas, monedas...”.

Esperanza calcula que en total debió poner de su bolsillo un millón de pesetas. “Por cada cuerpo que sacábamos teníamos que pagar 1.000 pesetas al Ministerio de Sanidad, por eso no declaramos a todos. Entonces no había ADN y enterrábamos a muchos juntos. Vendimos los dientes de oro de uno y nos dieron 14.000 pesetas para seguir exhumando. Otro señor que se enteró de lo que estaba haciendo me dio 20.000 pesetas y así íbamos tirando. Era mucho dinero y muchos trámites: había que ir a la sede del Ministerio de Justicia a Madrid, y a Sanidad, y luego hablar con el alcalde del pueblo...”.

En cuanto terminó las exhumaciones, se puso con las pensiones. “Empecé a buscar a viudas de fusilados para explicarles que podían pedir la pensión. A algunas les daba todo tanto miedo que no querían ni llevarse los papeles para no tenerlos en casa. ¡Y Franco ya había muerto! Otras no sabían escribir y para firmar tenía que llevarlas yo con la mano sobre el papel”.

En 1979 ya había terminado su misión, exhumado a sus familiares, celebrado dos funerales y enterrado a los fusilados en cementerios. “El día que terminé sentí mucha felicidad y mucha tristeza. Ese día le pude decir a mi madre: ‘Ya está’, y lloramos las dos todo lo que nos dio la gana. Me abrazó como nunca me había abrazado y solo por eso ya valieron la pena todos los malos ratos”, explica Esperanza. “Tuve muchas pesadillas. Por la noche, en la cama, me veía a mí misma dentro de una tumba, rodeada de huesos. Miedo creo que no tuve nunca. Cuando murió Franco, abrimos una botella de champán y luego me vine como una fiera a España a buscar a los míos. Entonces estaba en Bélgica. Todo lo que quedó de nuestra familia después de la guerra se había refugiado en otro país. Creo que he sido valiente. Y estoy muy orgullosa de haber hecho lo que hice”.

“Nadie quiso ayudarnos. Teníamos 10, 5 y un año, pero éramos rojos. Peligrosos”

Al padre de Felipe, alcalde socialista de Valdetorres, lo fusilaron

Su madre fue liberada, pero murió al poco tiempo

El País.07/02/2012

“¿Sabéis volver a casa?”, preguntaron los falangistas a tres niños de 10, 5 y un año mientras se llevaban a sus padres. El mayor, Felipe Gallardo, dijo que sí. “Agarré a mi padre por la cintura, me soltó, y ya no le vi más”, cuenta hoy, con 84 años. Con una hermana de la mano y otro sobre los hombros, Felipe volvió a casa. Pero al llegar, la estaban saqueando los falangistas, así que tuvo que buscar otro refugio. “Nadie quiso ayudarnos porque les dábamos miedo. Las familias de los niños con los que yo jugaba en el colegio tampoco. Éramos rojos, peligrosos”.

Pasó aquella primera noche en un cobertizo sin tejado por los bombardeos. Su hermano pequeño, recuerda, no dejó de llorar. Finalmente, una mujer se acercó y les dejó mantas y comida. No quiso llevárselos a su casa.

No queremos venganza, sino justicia

Al padre de Felipe, Pedro Gallardo, alcalde socialista de Valdetorres, lo habían llevado a la plaza de toros de Badajoz, y a su madre, Feliciana Gómez, a la prisión de Trujillo. La familia guarda como un tesoro las cartas que se escribieron de cárcel a cárcel. En los sobres, junto al obligado Arriba España, hay fotos de Franco, Hitler y Mussolini.

Tenía solo 10 años, pero Felipe empezó a tener miedo de morirse. Pensó que iban a ir a por él. “Mataron a una niña de 14 porque había visto algo”, recuerda. “Mataban a los niños que habían visto demasiado y tenían edad suficiente para contarlo”. Su prima decidió sacarlo de allí. “Se disfrazó de falangista y me acompañó en tren a Huelva”. Sus dos hermanos se quedaron con los abuelos.

A su padre lo condenaron a muerte por adhesión a la rebelión y el 13 de junio de 1940 ejecutaron la sentencia. “¡Es un insulto!”, clama su nieta. “¿Él era el rebelde? ¿Él, que había sido votado alcalde de su pueblo, que jamás había cogido un arma? Mataban a todos los que trabajaban para el Gobierno legítimo de la República: alcaldes, maestros...”.

Pedro Gallardo tenía el día que lo mataron 46 años. Por edad no había ido al frente, lo habían destinado a tareas administrativas. “Gracias a ese puesto pudo mediar para que no mataran a dos falangistas”, cuenta Purificación Gallardo, su nieta. “Con él no hicieron lo mismo”.

Mataban a todos los que trabajaban para el Gobierno legítimo de la República: alcaldes, maestros...

Feliciana pasó tres años más en prisión después de recibir la última carta de su marido. La arrojaron a una cuneta, viva, pero casi muerta, “para que no tuvieran que registrar otro fallecimiento en prisión”, cuenta su nieta. “Tuvo suerte de que la encontró un médico que se la llevó y logró salvarla”.

Estaba tan delgada que Felipe Gallardo no conoció a su madre cuando la volvió a ver. Feliciana había sufrido mucho: por lo que le habían hecho y por lo que había visto. “Mataban a tantos en aquella cárcel que las descargas hacían ladrar a los perros y molestaban a los señoritos. Así que empezaron a llevarse a los presos a una nave, donde les ataban pies y manos y les machacaban la cabeza a golpes hasta que se morían. A las presas como a mi madre las hacían ir a limpiar luego para que quedase todo listo para el día siguiente, para la próxima tanda. Si exhumaran en aquella nave, verían que lo que digo es totalmente cierto”, cuenta Felipe.

Feliciana no aguantó mucho más y murió poco después. Al volver al pueblo, no la habían dejado reabrir su negocio, una tienda donde antes de la Guerra Civil vendía comida y telas con las que se ganaba la vida.

Para entonces, aquella familia tenía a ocho miembros asesinados y arrojados a fosas y cunetas, el mayor de 70 años y el más joven de 20. “Mataron a mi abuelo, a mi padre, a cuatro tíos, a mi prima y a su madre”, relata Felipe Gallardo. “A ellas dos por ser mujeres de republicanos”, añade Purificación. No saben dónde están los cuerpos. “No figuran en ningún registro. Son desaparecidos”. El hermano pequeño de Felipe estuvo a punto de correr la misma suerte. Cuando tenía 16 años, falsificó su documentación para hacerse guardia de asalto. Fue capturado por el bando ganador de la guerra, trasladado al campo de concentración de Castuera y después, al Valle de los Caídos, donde trabajó en su construcción. Purificación recuerda cómo un día quiso llevarles al mausoleo. “Cuando íbamos por la carretera tuvimos que parar. Dijo que era incapaz de entrar en aquel sitio”.

“En 1963, mi tío pidió un aumento de sueldo en la empresa donde trabajaba, de construcciones aeronáuticas, en Getafe. Le torturaron durante 15 días con alambres, descargas eléctricas...”, relata Purificación. La familia decidió alejarse lo más posible de Franco y emigró a Australia. “En España mi padre tenía miedo todo el tiempo. Porque en España en los sesenta seguía siendo ‘hijo de rojos”. Volvieron en 1985. A Felipe le hubiera gustado contar su historia en el Supremo, pero se emociona mucho. Su hija, Purificación, que ha asistido a todas las sesiones hasta ayer, insiste en el mensaje de todos: “No queremos venganza, sino justicia”.

Garzón: “Me guió el desamparo de las víctimas. Mi conciencia está tranquila”

Martínez-Fresneda: las resoluciones de Garzón fueron “racionales y defendibles”

El País.08/02/2012

El juicio por la investigación de los crímenes del franquismo ha concluido con la última palabra del juez Baltasar Garzón, que se enfrenta a 20 años de inhabilitación por haber abierto la causa. “Yo solo puedo decir que mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creí ajustadas a Derecho para investigar, perseguir y sancionar, por mí o por quien correspondiera en uso de la jurisdicción, los crímenes masivos de desaparición forzada de personas, detenciones ilegales sin dar razón del paradero de las víctimas y por tanto, cometiéndose hasta el día de hoy, como única defensa que las instituciones creo que deben a las víctimas para que no se produzca el olvido y la falta de memoria”.

Fueron las últimas palabras del magistrado que en su última intervención redundó en que su actuación fue “en cumplimiento del mandato judicial de dar protección a las víctimas y frente a unos hechos delictivos”. Un criterio, defendió, “que se puede compartir o discrepar, pero que creo que es defendible”.

Garzón defendió puntualmente cada una de sus actuaciones desde que incoó diligencias por las denuncias llegadas al juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 hasta que en diciembre de 2008 la Sala Penal decidió mayoritariamente que la competencia no era de su juzgado. “Tomé esas decisiones porque creí que eran las más ajustadas a derecho y las que mejor protegían el interés de las víctimas”, se justificó.

El presidente del tribunal Carlos Granados declaró el juicio visto para sentencia.

Sus resoluciones fueron “racionales y defendibles”

El abogado del juez Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, inició su informe replicando al defensor de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, por la introducción en el proceso del asunto de los fusilamientos de Paracuellos. Martínez-Fresneda sostuvo que ambos hechos no son parangonables “ni desde el punto de vista moral ni desde el punto de vista jurídico”. En síntesis, las víctimas de Paracuellos “fueron identificadas, honradas, se les reparó en la media de lo posible aunque no hay reparación para una muerte, pero fueron indemnizadas, se les dieron estancos, farmacias, medallas, condecoraciones… Aquí –dijo en referencia a las víctimas del franquismo-ocurre exactamente lo contrario. No se sostiene desde el punto de vista jurídico.”

Martínez-Fresneda renunció a las frases de efecto y presentó un informe de defensa técnico y bien fundamentado en el que fue desmontando puntualmente las tesis de la acusación. Defendió que las decisiones de Garzón eran “racionales” y “defendibles” desde que el 14 de diciembre de 2006 se presentaron las primeras denuncias a las que luego siguieron otras en las que hubo una “intención inequívoca” de perseguir delitos, que hablan de “desapariciones forzadas” y presentan los antecedentes recaídos en casos como el del argentino de los vuelos de la muerte Adolfo Scilingo, juzgado y condenado en España, además de citar el Estatuto de Nuremberg, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, etcétera. “Tras la lectura de esas denuncias se llega a la conclusión de que hay miles de desaparecidos y todos reclaman su derecho a saber sobre esas desapariciones forzadas”, añadió

Respecto a la “gracieta” del acusador Ruiz Infante sobre los fusilamientos de mayo de 1808, el defensor de Garzón la calificó de “frivolidad” y de “desconocimiento absoluto del derecho penal internacional”. “Podemos compararlo con la muerte de Napoleón y obtener un titular en un telediario pero es de una enorme ignorancia y de una enorme frivolidad“, afirmó el abogado.

“Después llega un goteo de muchas denuncias, que a veces son simples cartas que dicen ‘a mi padre se lo llevaron’, otras son personaciones. Llega a haber 54 partes personadas en nombre de las víctimas. Denuncian hechos constitutivos de delitos que van en contra del núcleo esencial de los derechos humanos, derecho a la vida, a la integridad, a la libertad”, siguió el abogado.

Martínez-Fresneda dijo que el fiscal se tomó tres meses para hacer su informe contrario a la competencia de Garzón en la causa, lo que “no tiene nada de particular”, ya que en otros casos, como el de Scilingo y otros semejantes, el fiscal ha informado en contra pero luego la Audiencia e incluso el Supremo han admitido la competencia de Garzón.

El defensor se refirió después a que Garzón pidió que se concretase “el número de desaparecidos producidos a raíz del denominado Alzamiento Nacional, porque ni tribunales civiles, militares, eclesiásticos, ni archivos, ayuntamiento ni registros, nadie era capaz de aportar datos sobre este problema”. “Lo cual refuerza que estamos hablando de que de los desaparecidos no quedó rastro, que no merecieron ni el asiento de un registro civil” remató el abogado.

Según la defensa, fue la doctrina del caso Scilingo la que lleva a Garzón a pedir como “diligencias a prevención” que las víctimas que aporten el número de desaparecidos, 114.000, que luego se amplía a 136.000 y 159.000. “Es en ese momento cuando entra en acción Manos Limpias, presentando denuncias en el CGPJ [Consejo General del Poder Judicial] y pide que le se impongan sanciones al magistrado de la Audiencia Nacional” por su comportamiento “escandaloso”.

Según Manos Limpias, el interés de Garzón era “protagonizar las exhumaciones”. “Sin embargo”, explicó su abogado, “Garzón deniega todas las exhumaciones que se le piden. Solo al final autoriza una que es paralizada por la Audiencia. No hay una sola exhumación que se practique en todo el procedimiento. Vemos como todo vale para imputar a Garzón una prevaricación en esta historia”, afirmó.

Sobre la petición del certificado de defunción de Franco, el abogado admitió que “se prestaba a hacer chistes”, pero que esa era la manera procesalmente “correcta e idónea de pedir el certificado correspondiente”. Además, siguió, “quitando a Franco y tres o cuatro nombres más, el resto eran perfectos desconocidos. Y del segundo grupo, hay personas que con 17 o 18 años formaron parte de piquetes de ejecución y hoy, con 90 años aun están vivas”.

Martínez-Fresneda dijo que la Ley de Memoria Histórica no fue ignorada por Garzón, porque no deroga normas jurisdiccionales ni penales y se mueve en otro plano de reparación, que no es incompatible con la causa jurisdiccional la causa abierta por Garzón. El abogado negó que Garzón hubiese aplicado el Código Penal a ningún fallecido, ni le hubiese denegado la ley de Amnistía. “En cuanto constató que estaban fallecidos, archivó y se declaró incompetente. No vemos donde está la prevaricación”, adujo.

Después calificó de “falso de toda falsedad” que hubiese aplicado la amnistía “a unos sí y a otros no”. “En el caso de las desapariciones forzadas se trata de delitos permanentes mientras no se obtenga razón de la víctima o el hallazgo del paradero de sus restos. El dolor de las víctimas se prolonga.

Martínez-Fresneda discrepó del informe del fiscal de la Audiencia Nacional contrario a la competencia de Garzón en el que decía que la amnistía era aplicable e insistió en que la Ley de Amnistía no impide abrir una investigación, como hizo el Tribunal Supremo, 25 años después de la muerte del estudiante Enrique Ruano.

El abogado concluyó su informe insistiendo en que los criterios que aplicó Garzón eran “defendibles y razonables y acordes con las normas de derecho internacional”. “Unos no penarán como él, otros sí; pero de todo ello no se puede decir que sus resoluciones sean injustas”.

Martínez-Fresneda agregó que el gran problema urgente sigue siendo la protección de las víctimas, “que fue la principal preocupación de mi defendido”. Esos grandes cementerios bajo la luna siguen ahí, en la fosa de Terreros, los pozos de Arucas. No parece insensato que sea la justicia la que de una solución a estos problemas

“Los tiraban a la fosa vivos y los mataban. Cada noche. Yo lo vi”

"Una mujer se enfrentó a los asesinos. 'Me vais a matar igual, les dijo'

El País-08/02/2012

“Con los argumentos de Garzón se podrían abrir procedimientos por los fusilamientos del 2 de mayo”, declaró ayer el abogado de Manos Limpias en la última sesión del juicio contra el juez por la investigación de los crímenes del franquismo. El abogado del magistrado explicó luego que en este caso había víctimas y testigos vivos. A lo largo del juicio, el letrado y el representante de una asociación de represaliados, Rafael Espino, mencionaron, sin citar su nombre, a una nonagenaria que había presenciado multitud de crímenes. Se llama Manuela Molina. Tenía 16 años cuando vio cómo durante meses los falangistas mataban a poca distancia de su casa, frente al cementerio de Aguilar de la Frontera (Córdoba) a decenas de personas.

“Lo vi todo escondida detrás de un árbol. La única luz era la luna, así que no distinguía caras. Los que mataban eran a veces cuatro y otras tres. Y los que morían iban en grupos de siete u ocho personas. Los llevaban atados, les hacían cavar la fosa, los tiraban vivos y luego les disparaban desde arriba. Fue así cada noche durante varios meses. No sé calcular a cuántos mataron. Yo estaba muy asustada, pero a más de 100 seguro”.

A Manuela, que ahora tiene 92 años, le impresionó mucho una mujer que se enfrentó a los asesinos. “La mayoría no hablaban o yo no les oía. Pero a esta mujer sí la escuché. Le decían que o les confesaba dónde estaba su marido o la mataban. ‘Ni aunque lo supiera os lo iba a decir. Me vais a matar igual’, les dijo ella. ‘¿Por qué no dejáis los fusiles, los desatáis [a los que llevaban a matar] y peleáis cuerpo a cuerpo? ¡Sois unos cobardes!’. Antes de que le dispararan gritó ‘¡Viva la República!’. Me impresionó muchísimo”.

Manuela relata que a los pocos meses los asesinos cambiaron de sitio. “Los empezaron a matar dentro del cementerio, y entonces yo, lo que veía, era cómo los llevaban en carretillas dentro. Me acuerdo mucho de un chico muy joven porque llevaba un pantalón blanco que brillaba mucho en la noche”.

Su padre había huido al principio de la Guerra Civil. “Había un falangista dueño de una taberna que le tenía mucho odio porque mi padre siempre iba a la de enfrente y además sabía de unos tejemanejes que se traía con los animales: los compraba robados, los aseguraba, los mataba y cobraba el seguro”, explica Manuela. Temiendo que fueran a por ella para que dijera dónde estaba su padre, se escondió tres meses en un melonar. “¡Tenía tanto miedo!”. Al terminar la guerra, su padre volvió y lo metieron en la cárcel, pero salió a los nueve meses. Manuela cuenta que a lo largo de su vida ha tenido muchas pesadillas. No le contó a nadie lo que había visto hasta que sus hijos fueron mayores. “Me hubiera gustado decírselo a un juez y que investigara. Mi familia tuvo mucha suerte, pero hay muchísimas que no saben aún dónde están sus muertos”.

Las víctimas del franquismo exigen su derecho a saber sin afán de venganza

El Pais-06/02/2012

“No tengo afán de venganza, pero quiero saber la verdad”. Cuatro testigos de otras tantas asociaciones de la Memoria Histórica que declararon ayer en el juicio que sigue el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón lamentaron que todo el mundo “haya mirado para otro lado” en los últimos 75 años, en palabras de Olga Alcega, la primera en declarar. El juicio al magistrado que intentó investigar sus denuncias se ha convertido en la principal tribuna de sus reivindicaciones.

Alcega, de la asociación de familiares de fusilados de Navarra, dijo que en su comunidad quedan 3.452 desaparecidos a día de doy. “En Navarra todos los desaparecidos desde el 18 de julio siguen desaparecidos. Yo soy nieta de Antonio Alcega, un cartero que estaba cuidando sus vacas y se lo llevó la Guardia Civil hace 74 años y unos meses. Le trasladaron a Magallón y le dieron el tiro en la cabeza”.

“En la fosa común donde lo enterraron había 79 hombres y dos mujeres de 17 municipios diferentes. Los asesinaron descaradamente. A mi abuela nunca le dieron ninguna ayuda. Les quitaron todo”, siguió la testigo.

Alcega aseguró que ha habido “75 años de olvido”, en los que “todo el mundo ha mirado para otro lado, las Administraciones, la justicia y la sociedad”. “En según qué zonas de España, aún se tiene mucho miedo”, prosiguió. “[Los asesinados] Están tirados en campos y cunetas como perros, los restos deben estar en los cementerios”. Presentó su denuncia para “saber la verdad” y que su abuelo “quede limpio”.

Rafael Espino Navarro, de la asociación para la Recuperación de Aguilar de la Frontera (Córdoba), tiene entre sus familiares a siete desaparecidos, incluido su bisabuelo, exalcalde socialista. El objetivo de su denuncia era conocer el paradero de los 108 desaparecidos en el pueblo desde el 18 de julio de 1936 hasta finales de septiembre de ese año. Consiguieron el testimonio de una persona que hoy tiene 98 años y que presenció los asesinatos, y así confirmaron la existencia de fosas. En mayo de 2010 realizaron una primera exhumación de 55 cuerpos, siete de ellos de mujeres. Los restos presentaban “tiros en la nuca, estaban maniatados con alambres e incluso calcinados. Si la Justicia no interviene, no podremos saber cuántas personas quedan en esas fosas”, concluyó.

“Si los jueces no intervienen, no sabremos cuántos quedan en las fosas”

Manuel Perona Medina, preside la asociación de Cataluña, que fue de las primeras en denunciar las desapariciones, en diciembre de 2006. Lo hicieron por encargo del nieto de uno de los ocho desaparecidos de Manresa (Barcelona). “Fueron sacados de una prisión por la Guardia Civil o por paramilitares, y en el viaje a Barcelona desaparecieron. No han podido ser localizados”. Su asociación tiene un censo de 1.900 desaparecidos en Cataluña.

Pedro Fausto Canales Bermejo, de la asociación de Valladolid, es hijo de uno de los 10 desaparecidos que se llevó de Pajares de Adaja (Ávila) un grupo de falangistas. Ni durante la dictadura ni en la Transición se dieron condiciones para localizar restos de fosas, por lo que solo después de jubilarse pudo dedicarse plenamente a la búsqueda de su padre.

Según relató Canales, él tenía dos años y dormía en una cuna la noche que se llevaron a su padre. Les fusilaron en el término de Aldeaseca, a unos 20 kilómetros.

“El 23 de marzo de 1959, una semana antes de inaugurarse el monumento del Valle de los Caídos, en una exhumación de restos sin nuestro conocimiento, los llevaron a ese sitio. Sus restos estarían en la caja 198 en el Valle de los Caídos. Hemos intentado recuperarlos, pero no ha sido posible”.

La prueba testifical concluirá hoy con la declaración de otros tres testigos de Garzón, y, tras la documental, quizá pueda dar tiempo a la presentación de los informes finales.

“Sé hasta la matrícula del verdugo. Lo que quiero es a mi madre”

El País-06/02/2012

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Juan Pérez Silva. / GARCÍA CORDERO

María Silva era pobre y analfabeta. Nunca había salido de su pueblo, Casas Viejas (Cádiz). Pero a los 17 años, el 11 de enero 1933, se convirtió en un mito. Ese día perdió a seis miembros de su familia, tiroteados y abrasados en la choza de su abuelo, Curro Cruz, Seisdedos, tras una revuelta de campesinos anarquistas, y perdió también el nombre, porque, tras sobrevivir a la masacre, todos empezaron a llamarle La Libertaria. El diario Abc, que la visitó cinco días después, en la cárcel, reseñaba: “Tiene 18 años [en realidad le faltaban tres meses para cumplirlos] y es bastante agraciada. (...) Tiene todo su indumento sucio y haraposo. Nos pide que se le compren medias y alpargatas negras”. A los 21 años, con un hijo de 13 meses y embarazada de seis meses, estaba muerta.

“Los golpistas la mataron a unos 30 o 40 kilómetros del pueblo de Paterna. No se sabe dónde”, relata Juan Pérez Silva, que no puede acordarse de ella, porque a los 13 meses no se tienen todavía recuerdos, pero que no ha dejado de buscarla.

La barriga de su madre no disuadió a los pistoleros. Ni para matarla, ni para torturarla. “La amarraron a una reja y abusaron de ella”, cuenta su hijo, que ha ido enterándose de estos dolorosísimos detalles a medida que los testigos perdían el miedo a hablar. “Yo me he hecho el tonto toda la vida, pero en un pueblo chico, todo se sabe. Y todo esto pasó en un sitio donde no hubo frente de guerra. Aquí se trataba de sembrar el terror para dominar a la gente”.

Hijos de los que mataron a mi madre son mis amigos, porque los hijos, que no lo olvide nadie, no pueden escoger a sus padres

Juan Pérez Silva estaba citado a declarar en el juicio contra Baltasar Garzón mañana, para explicar en el Supremo por qué denunció en 2007 en la Audiencia Nacional la desaparición de su madre. Pero tiene 76 años y una grave enfermedad le impide acudir. “Me hubiera encantado poder decirles a los magistrados del Tribunal Supremo que ya va siendo hora de que se haga justicia. Y que no quiero que me digan quiénes fueron los verdugos, porque me sé hasta su número de matrícula del coche. Aquí todavía viven muchos. Hijos de los que mataron a mi madre son mis amigos, porque los hijos, que no lo olvide nadie, no pueden escoger a sus padres. Yo no quiero venganza. Yo lo que quiero es lo mío: los restos de mi madre. Y que me digan cómo murió. La única cosa que yo he deseado en la vida ha sido darle un entierro digno, con banda de música, y tener un sitio para llevarle flores cuando yo quiera”.

A su madre la mataron al principio de la Guerra Civil y a su padre, sindicalista de la CNT y director del periódico Cartagena Nova, el último día de la contienda. “Se habían conocido en la cárcel de Cádiz. Mi padre medió para que la liberaran después de la matanza de Casas Viejas porque era menor. Y lo consiguió: la dejaron libre (...) A mi padre lo mataron al final de la guerra. Lo sacaron de la redacción del periódico y lo fusilaron en Cartagena. Está en una fosa común, pero sé dónde. A mí me gustaría volver a juntarles”.

Juan Pérez Silva se crió con la cuñada de su madre. “En la Guerra Civil y la dictadura mataron a 26 de mi familia”, relata.

No solo lleva toda la vida batallando para encontrarla, también para que inscribieran su defunción en el Registro Civil. Juan Pérez Silva se gastó unos 2.000 euros para publicaciones de anuncios en periódicos y otros trámites. El juzgado de Chiclana se hizo de rogar, pero finalmente María Pérez Silva fue dada por muerta en junio de 2011, 74 años después de haber sido fusilada.

Juan Pérez Silva asegura que no entiende lo que le está ocurriendo al juez Baltasar Garzón, que admitió a trámite la denuncia que presentó en 2007. “Pero yo confío en la justicia”, añade enseguida. “Sigo esperando mucho de ella”.