La juez argentina que investiga el franquismo viaja a España este domingo

Servini de Cubría quiere tomar declaración a víctimas que no pudieron ir a Buenos Aires

El País. Natalia Junquera Madrid 13 MAY 2014 - 13:07 CET21

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Víctimas del franquismo durante la concentración el pasado 7 de mayo ante la sede del Ministerio de Justicia en Madrid. / Maialen López (EFE)

La juez argentina María Servini de Cubría, que instruye en Buenos Aires la única causa abierta en el mundo contra los crímenes del Franquismo, tiene previsto viajar este domingo a España y permanecer aquí hasta el 30 de mayo. El objetivo de su visita es tomar declaración a aquellas víctimas que por su avanzada edad no pudieron desplazarse ni a Buenos Aires ni al consulado argentino en Madrid para declarar por videoconferencia.
La Audiencia Nacional acaba de denegar la extradición a Argentina, como ella había solicitado, del capitán Muñecas y Billy el niño, a los que la magistrada argentina reclamaba para interrogarlos tras imputarles por torturas. La Audiencia Nacional argumentó que los delitos han prescrito.

Durante su estancia en España, la juez tiene previsto viajar a Bilbao, Madrid Málaga y Sevilla, según han avanzado los querellantes. En el primer destino, en tres pueblos, escuchará los testimonios de un grupo de víctimas, y podría entrevistarse con el alcalde de Gernika.

En Madrid le interesa, sobre todo, recabar documentación y visitar el Archivo General de la Administración. La juez tiene previsto viajar a Málaga, donde se encuentra la mayor fosa común de España, con más de 4.500 víctimas, y a Sevilla, para tomar declaración a más víctimas.

La juez ya intentó venir a España en otra ocasión, en el marco de la misma causa por los crímenes del franquismo, pero finalmente lo suspendió porque no las autoridades judiciales argentinas no le facilitaban los medios y el tiempo que ella consideraba necesarios. También el Gobierno español le ha puesto problemas para que se tomara declaración por videoconferencia a las víctimas en el consulado argentino en Madrid. Con todo ya preparado, un mensaje al embajador, trasladando "el malestar" de España por el procedimiento, obligó a suspenderlas, aunque finalmente, se realizaron meses más tarde.

Europa está en deuda con las víctimas del franquismo

Las víctimas registran en la Eurocámara una petición para que inste al Gobierno a crear una comisión de la verdad

• Víctimas del franquismo viajan a Bruselas para pedir amparo al Parlamento Europeo
• La ONU critica que el Estado no enjuicie los crímenes franquistas

Ignacio Fariza Bruselas El País. 5 MAR 2014 - 23:05 CET320

“Mientras haya fosas sin exhumar, habrá heridas abiertas”. Julián Rebollo, nieto y sobrino de víctimas del franquismo, se expresa con la misma locuacidad y vehemencia en el Parlamento Europeo que en la madrileña Puerta del Sol, dónde protesta cada jueves. Hasta Bruselas le ha traído un único objetivo: que la Eurocámara inste al Gobierno español a crear una comisión de la verdad que investigue y repare los crímenes cometidos por el régimen franquista. Y no ha llegado solo. La plataforma de la que Rebollo es portavoz —Contra la Impunidad del Franquismo— ha acudido al Parlamento de la mano de un numeroso grupo de asociaciones de víctimas y de eurodiputados españoles que claman contra el desamparo que sufren por parte del Gobierno español y de las autoridades comunitarias.

“Hay una deuda de Europa con España”, ha explicado Rebolledo durante su intervención, previa al registro de una petición formal de amparo en el Parlamento. Se refiere a las cerca de 700.000 personas que, según sus datos, cruzaron la frontera para luchar contra el régimen nazi. “Mi tío murió en [el campo de concentración de] Mauthausen-Gusen y mi abuelo quedó ciego por las bombas de la aviación nazi en Gernika”, ha relatado antes de reclamar a Europa “una posición única” respecto a un régimen, el franquista, que dejó 150.000 desaparecidos, 30.000 niños robados y 2.000 fosas comunes en casi cuatro décadas de dictadura.

“El Parlamento Europeo debe asumir su responsabilidad”, ha apuntado el portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, Jordi Gordon. “Venimos a denunciar que en España se han cerrado todas las vías a las víctimas del franquismo y creemos que el Parlamento Europeo tiene que asumir esa responsabilidad”. A su juicio, “la Europa democrática” tiene el deber de implicarse y asumir el mandato de la ONU en reconocimiento a las víctimas de la barbarie franquista. “Al término de la II Guerra Mundial miraron para otro lado, permitiendo 40 años de brutal dictadura”, ha denunciado Gordon.

Paqui Maqueda, portavoz de la Asociación Andaluza de Memoria Histórica y Justicia —otra de las plataformas que han acudido a Bruselas para pedir la implicación de las instituciones comunitarias en el caso—, ha denunciado que tengan que ser los familiares quienes abran las fosas. “Cruzaremos cualquier mar para reclamar justicia”, ha recalcado.

Willy Meyer, cabeza de lista de IU para las elecciones europeas de mayo, se ha comprometido a que la petición registrada hoy, “única en Europa”, sea debatida “a la mayor celeridad posible” y se ha mostrado esperanzado ante el “impulso” que podría suponer un cambio en la mayoría tras los comicios europeos. “Sería mucho más sencillo que saliera adelante la petición de las víctimas si el Parlamento que salga de las elecciones de mayo tiene una mayoría de partidos de izquierdas”, ha apuntado después del acto el diputado de ICV Raül Romeva.

Los fiscales del Constitucional truncan la injerencia de Torres-Dulce en su labor

Se niegan a aceptar las normas de reparto que el fiscal general quería imponer

• “Es imposible defender la tesis de prohibir”

María Fabra El País. Madrid 20 ENE 2014

 

Restos de fusilados de la Guerra Civil, en un cementerio de Málaga. / GARCIA-SANTOS

Los fiscales del Tribunal Constitucional no han consentido que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, les imponga los criterios con los que han de repartirse su trabajo. Una cosa es la superioridad jerárquica y otra arrogarse competencias que ni siquiera son unipersonales. Y los fiscales del Constitucional han querido que la diferencia entre ambas quede clara. Asumen la primera, pero se han rebelado contra la segunda hasta truncar la injerencia que pretendía el fiscal general.
La sublevación ha llegado a cuenta de la petición de amparo de una mujer, Purificación Lapeña, por los continuos desestimientos judiciales a investigar la desaparición de su abuelo y tío abuelo, enterrados sin consentimiento familiar en el Valle de los Caídos (Madrid). La sección tercera del Tribunal Constitucional decidió, el pasado noviembre, no admitir a trámite la petición de amparo y, en un acto poco habitual, el fiscal que llevaba el caso, Manuel Miranda, presentó un recurso contra la resolución, en el que argumentaba la trascendencia constitucional de la solicitud, tal como requiere la ley para que estas sean admitidas a trámite.
Además, pedía que se diera respuesta las respuestas jurídicas de distintos tribunales que, incluso, se dictan “con argumentaciones”.

• Torres-Dulce no deja debatir sobre la memoria histórica
• La memoria histórica vuelve a los tribunales españoles
• Naciones Unidas reclama a España juzgar las desapariciones del franquismo

La respuesta de Torres-Dulce fue inmediata y tajante al exigir a Miranda que retirara el recurso que hubiera permitido, de ser aceptado, que el Constitucional sentara jurisprudencia sobre las desapariciones de represaliados durante y tras la Guerra Civil y que debatiera sobre las consecuencias de la Ley de Amnistía de 1977 y la memoria histórica. Tras esta decisión, Miranda desistió y retiró el recurso, pese a que podía haberse acogido al artículo 27 de su estatuto. Este señala las posibilidades que tienen los fiscales de responder a una “orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente”. En este caso, al proceder del fiscal general del Estado, Miranda podría haber remitido un informe con sus alegaciones sobre el que hubiera resuelto el propio Torres-Dulce pero después de oír a la Junta de Fiscales de Sala.

Pese a ello, el fiscal general del Estado trató de ir más lejos y, a través de un oficio, acusó de desleales a una parte de los fiscales del tribunal de garantías constitucionales por, supuestamente, no cumplir una norma dictada por su antecesor, Cándido Conde-Pumpido, para que los recursos sean supervisados. Sin embargo, esta norma no hace referencia a los recursos contra inadmisiones a trámite, sino sobre los que entran en el fondo de los asuntos, algo que no se cumplía en este caso.

El enfado de Torres-Dulce fue tal que, además, en el mismo oficio, ordenó que, a partir de ese momento, todos los casos que entraran en el Constitucional y que tuvieran que ver con el franquismo o la memoria histórica fueran supervisados por una persona de su confianza, el teniente fiscal, Anselmo Sánchez Tembleque. Y con la orden llegó la revuelta.

La semana pasada, los fiscales del Constitucional convocaron una junta y el fiscal general del Estado anunció su asistencia como presidente, según fuentes de la fiscalía. Pese a que Torres-Dulce comenzó la reunión con tono grave y tratando de imponer sus criterios, el hecho es que el cónclave acabó acordando la propuesta de la junta. Varios fiscales reprocharon al fiscal general su injerencia y le recordaron que las normas de reparto han de ser dictadas por la propia junta de fiscales y que entre sus atribuciones no está la de asignar el trabajo, dependiendo de la materia que traten, a un fiscal en concreto. Torres-Dulce acabó reculando en su intención, pero los asuntos referidos a la memoria histórica no serán debatidos en el Constitucional.

“Es imposible defender la tesis de prohibir”

“Como jurista, es imposible defender la tesis de prohibir, olvidar, erradicar la memoria, la verdad, la justicia y sobretodo, la no repetición”. Eduardo Ranz, el abogado que presentó la petición de amparo que ha originado la trifulca en la fiscalía del Tribunal Constitucional no da crédito a lo ocurrido.
Al conocer que el fiscal Manuel Miranda había decidido recurrir la decisión de no admitir a trámite la solicitud de amparo de su clienta celebró la apuesta de la fiscalía: “Hemos pasado de lo imposible a lo improbable y, si se acepta el recurso, a lo incierto”, señaló antes de saber que el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce había ordenado retirar el recurso.

“La decisión de no entrar ni a resolver, ni siquiera admitir un recurso planteado por una víctima del franquismo y respaldado por un Fiscal del Tribunal Constitucional, directamente es propia de otros tiempos”, señaló ayer, a través de una nota, al conocer la decisión de Torres-Dulce.

“Las víctimas del franquismo han sufrido y sufren, cada día, un atentado contra su dignidad y solo luchan por una reparación. Nadie quiere enjuiciar la guerra civil, tan solo buscan algo tan simple como que se haga justicia. Justicia que se sostiene gracias al dinero de los impuestos de los ciudadanos, justicia que engloba por cierto, el sueldo del Fiscal General del Estado”, sostiene en su escrito el letrado que defiende a otros familiares de víctimas y causas para la devolución de los restos a sus familias, “en base al derecho de reparación y el deber de investigación judicial”.

“La inconstitucionalidad de la ley del aborto va muy despacio y, en cambio, la inadmisión a trámite de un recurso que solo pretende la devolución a sus familiares de restos humanos que fueron robados de sus lugares, de personas que fueron fusiladas por tener un pensamiento contrario al pensamiento del hoy Fiscal de Estado y que siguen secuestradas junto con su verdugo, no genera la más mínima duda para el sector más reaccionario de este país”, concluye.

Torres-Dulce no deja debatir sobre la memoria histórica

 El fiscal ordena retirar un recurso en el Constitucional para sentar doctrina sobre el franquismo

El País.María Fabra Madrid 19 ENE 2014 

 

El fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce. / Zipi (EFE)

 

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no quiere que el Tribunal Constitucional siente jurisprudencia sobre las desapariciones de represaliados durante y tras la Guerra Civil; ni que debata sobre los efectos de la Ley de Amnistía de 1977; ni que se dé respuesta a las observaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU que, en 2008, manifestó su preocupación por “los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas”.

La decisión de Torres-Dulce culmina un proceso que se inició con la petición de amparo de una mujer, Purificación Lapeña, por la desaparición de su abuelo y tío abuelo, enterrados sin consentimiento familiar en el Valle de los Caídos. El tribunal decidió en noviembre no admitir a trámite la petición, por lo que ni siquiera entró en el fondo del asunto. Sin embargo, por sorpresa y en un trámite inusual, el fiscal del Constitucional Manuel Miranda recurrió esa decisión el 23 de diciembre con un escrito en el que argumenta que la petición reúne las condiciones para ser admitido a trámite, lo que permitiría que se entrara en el fondo del caso. El asunto estaba pendiente de que la sección Tercera de la Sala Segunda respondiera al escrito del fiscal. Pero no será posible. Torres-Dulce ha ordenado que se retire, según fuentes de la fiscalía.

Los argumentos que esgrimía el fiscal del Constitucional para pedir que se debatiera sobre las desapariciones del franquismo eran claros: “Este tribunal no ha tenido la oportunidad de abordar los efectos que una Ley de Amnistía puede tener sobre el deber de investigación judicial eficaz de hechos delictivos y su conexión con el derecho a la tutela efectiva”, señalaba. Además, destacaba “las diferentes interpretaciones que se vienen sosteniendo por los tribunales ordinarios” y apelaba a la existencia de “respuestas jurídicas, con argumentaciones no pocas veces contradictorias y sin ajustarse a unos mismos parámetros interpretativos” que se hacen para rechazar, una y otra vez, la investigación sobre desaparecidos. Es decir, a la ausencia de doctrina constitucional sobre este asunto.

La Sección Tercera de la Sala Segunda del alto tribunal decidió no debatir sobre el asunto al entender que la petición no incluía la justificación de la trascendencia constitucional que se requiere. Después de que el fiscal la justificara, no podrá hacerse porque Torres-Dulce no quiere.

PSOE e IU instan al Gobierno a vaciar en dos años las fosas del franquismo

Los dos partidos piden al Ejecutivo una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura

ElPais.es.Natalia Junquera Madrid 13 OCT 2013 - 00:01 CET397

 

Exhumación en las inmediaciones del penal de Valdenoceda ( Burgos) . donde fallecieron 18 represaliados durante el régimen franquista. / ARANZADI

PSOE e IU registrarán en los próximos días en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a localizar y abrir, en un plazo máximo de dos años, todas las fosas comunes donde yacen aún, casi 38 años después de la muerte de Franco, miles de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. En los últimos años se han abierto cerca de 400, de las que se han recuperado los restos de casi 6.000 fusilados, pero quedan todavía por exhumar otros 2.000 enterramientos clandestinos con nadie sabe cuántos muertos. La ley de memoria histórica preveía la concesión de ayudas para que los familiares pudieran ir año a año abriendo esas fosas, pero el proceso se frenó en seco con la llegada al Gobierno del PP, que redujo a cero las partidas para ello.
En el listado que los familiares de los represaliados y las asociaciones de memoria entregaron en 2008 al juez Baltasar Garzón se recogían los nombres de 143.353 hombres y mujeres hechos desaparecer por el franquismo. Dos enviados de la ONU reclamaron el pasado 30 de septiembre, tras pasar una semana en España, que “el Estado asuma su responsabilidad” y “actúe con la debida urgencia” para investigar el paradero de esas personas.
PSOE e IU también pedirán al Gobierno la creación de una comisión de la verdad formada por expertos independientes que permita “un diagnóstico completo de las desapariciones forzadas producidas durante la Guerra Civil y el franquismo” y que redacte una lista de recomendaciones “a todos los poderes públicos. De hecho, si ambos grupos han acordado esta medida es porque así se lo ha pedido la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que agrupa a más de un centenar de asociaciones de víctimas del franquismo.

La comisión de la verdad es un instrumento que la ONU recomienda a países que han pasado por procesos similares. En los últimos 30 años, 40 naciones se han servido de ese mecanismo para reparar a las víctimas.
El borrador de la proposición de PSOE e IU, a la que esperan sumar otros grupos, admite que la ley de memoria histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no resolvió el problema. “Supuso un importante impulso” para el reconocimiento a las víctimas: se concedió la nacionalidad a 200.000 descendientes de españoles exiliados y se destinaron más de 25 millones de euros a subvencionar proyectos de recuperación de la memoria, pero el texto reconoce que, pese a la ley, “quedan aún heridas abiertas y tareas inacabadas”. “Los familiares de los desaparecidos durante este triste periodo de la historia de España aún no han visto satisfecho su derecho a conocer la verdad y a recuperar los restos de sus seres queridos, enterrados en fosas comunes. Esta tarea ha de ser encarada no solo por particulares”, dice el borrador de la proposición.
“Siempre hemos pensado que debería haberse hecho mucho antes. La ley de memoria ha sido un buen instrumento, pero hay que dotarla de presupuesto y hacer más cosas”, afirma la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez. Preguntada por si cree que el PP apoyará la incitativa, responde: “Creo que no. La situación es escalofriante: por los actos de exaltación de la simbología franquista y por la reacción absolutamente tenue, compresiva del PP. La derecha española aún no ha condenado el franquismo. Esta semana votó en contra de que se considerara delito la apología del franquismo. Ojalá se sumaran a esta propuesta. No debería costarle lo que les cuesta. El problema es que el PP aglutina a toda la derecha, y eso incluye la derecha, el centro derecha y la ultraderecha. Nuestro objetivo, en cualquier caso, es que el Gobierno reaccione, que se dé cuenta de que aquí hay gente muy mayor y que ya vamos muy tarde”.
El portavoz de IU, José Luis Centella, teme que, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, por ejemplo, para explicar el cierre de la oficina de atención a las víctimas del franquismo, el Gobierno utilice el argumento de la crisis para rechazar esta iniciativa. “Ponerle precio a la dignidad es mezquino. Todo cuesta dinero, pero esto hay que hacerlo y tampoco sería una suma tan importante. Podría salir, por ejemplo, del IRPF: igual que se da dinero a la Iglesia, que se dé para sacar a las víctimas de las cunetas”.
La abogada Cristina Almeida, miembro de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, confía en que la propuesta logre el mayor consenso posible: “No tengo víctimas del franquismo en mi familia, pero siento vergüenza ajena al ver que hay miles tiradas por las cunetas. Queremos que esto se solucione de una vez por todas. Eso sería cerrar la herida”.

Jueces para la democracia acusa al Gobierno de incumplir la ley de memoria

“España es el segundo país con más desaparecidos tras Camboya”, recuerdan

ELPaís.esNatalia Junquera Madrid 9 OCT 2013 - 14:38 CET571

La asociación Jueces para la Democracia ha criticado hoy con dureza al Ejecutivo por "incumplir" la ley de memoria histórica al dejarla sin fondos para su aplicación y ha recordado la reclamación de los enviados de Naciones Unidas a España para adoptar las medidas legales y judiciales necesarias para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía. En un comunicado, la asociación critica la actitud del Gobierno, que "está llevando no solo a la impunidad de los delitos cometidos durante la dictadura, sino a que se queden materialmente sepultados en el olvido"  y asegura que las autoridades está haciendo "dejación de sus funciones", permitiendo que sigan existiendo "decenas de miles de personas enterradas en fosas comunes".
Los jueces recuerdan que España, con más de 114.000 desaparecidos, es "el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados".
"No podemos compartir de ningún el modo el discurso de que la recuperación de la memoria democrática suponga reabrir heridas. Resulta inadmisible que un Estado democrático siga negando a toda la sociedad el derecho a conocer el pasado y la necesidad de establecer un plan de administración programado, sistemático y financiado públicamente que permita con agilidad la localización y la sepultura digna de todas aquellas personas que fueron asesinadas con ocasión del golpe militar de 1936 y la posterior represión franquista", concluye el comunicado.

El Gobierno ha derogado de facto la ley de memoria histórica al dejarla sin fondos por segundo año consecutivo, como ya contó este diario el pasado domingo. Por eso precisamente una de las peticiones de los enviados de la ONU tras su visita a España ha sido que el Gobierno asuma como una “política de Estado” la localización de los desaparecidos del franquismo y que “proporcione los fondos adecuados para que la ley de Memoria pueda aplicarse eficazmente”.
En los presupuestos de 2012, el Gobierno pegó el primer hachazo: de 6,2 millones de euros del último Ejecutivo socialista a 2,5 (un 60% menos), exclusivamente para la apertura de fosas. Las asociaciones aguardaron a la convocatoria en el BOE del concurso de subvenciones. Nunca llegó.
Al año siguiente, la partida fue de 0 euros y en 2014, ídem. En 2012, el Gobierno cerró, además, la oficina de atención a las víctimas, creada en 2008.
El ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró en septiembre: “El Gobierno cumple y desarrolla lo dispuesto en la ley. Gestiona el mapa de fosas. Este año se han incorporado 27 nuevas localizaciones hasta elevarse a 2.382, ofreciendo una herramienta que permite reconocer el deber de recordar. Es cierto que las medidas de contención del gasto público han obligado a declarar no disponibilidad de créditos para las asociaciones, pero desde 2006 estas asociaciones han recibido 25 millones de euros. También es cierto que las actividades de localización y exhumación de gran importancia pudieron llevarse a cabo hasta 2011”.
Pero las asociaciones niegan la mayor. De esas 2.382 fosas localizadas, se han abierto menos de 400. La asociación para la recuperación de la memoria histórica (ARMH) tiene 41 en lista de espera, mientras busca los recursos para la exhumación, y alerta de que el laboratorio de estudio de restos de Ponferrada (León) puede cerrar por falta de financiación. Una familia acaba de recurrir al crowdfunding (colecta por internet) para reunir el dinero para exhumar a sus parientes de una fosa común en Borriol (Castellón).

Naciones Unidas reclama a España juzgar las desapariciones del franquismo

Enviados de la ONU piden al Gobierno un plan estatal de búsqueda de fusilados

El País.Natalia Junquera Madrid 30 SEP 2013 - 21:44 CET611

La ONU dejó este lunes una larga lista de deberes al  Ejecutivo. Tras pasar una semana en España y reunirse con “un centenar” de víctimas del franquismo y varias decenas de autoridades, estatales y autonómicas, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas, que actúa como canal de comunicación entre las familias que buscan algún desaparecido y los Gobiernos, ha comunicado sus primeras impresiones —el informe definitivo lo presentará en 2014 ante el Consejo de Derechos Humanos— sobre si las autoridades españolas están haciendo lo suficiente por los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura. La respuesta es que no. El Ejecutivo, aseguran los dos enviados de la ONU —Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky— debe “asumir su responsabilidad”, elaborar un “plan nacional de búsqueda de desaparecidos”, derogar la ley de amnistía y juzgar en España las desapariciones forzadas.

Esta es la lista de deberes que deja Naciones Unidas tras reunirse, entre otros, con los secretarios de Estado de Justicia, Seguridad y Cooperación Internacional, representantes del Ministerio de Defensa y Exteriores, jueces del Consejo del Poder Judicial, fiscales, el presidente del Senado, la comisión de Interior del Congreso, la Defensora del Pueblo, o la Conferencia Episcopal. Durante su visita se desplazaron a Cataluña, País Vasco y Andalucía. El Gobierno no está obligado a hacer esos deberes, aunque en un plazo de dos años, la ONU recuerda que hará un informe de seguimiento para ver si le han hecho caso.

Juicios en España y colaboración con la juez argentina. La ONU recuerda que la desaparición forzada es “un delito continuado, que no prescribe”, por eso insta al Estado español a cumplir con sus “obligaciones internacionales”, tipificar este delito de forma autónoma en el Código Penal, “dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977” y juzgar en España las más de 114.000 desapariciones de las que el juez Baltasar Garzón hablaba en su auto de 2008. Los enviados de Naciones Unidas lamentaron que no existiera ninguna investigación judicial sobre esas desapariciones, ni condenado alguno, y que los jueces no acudieran a las fosas cuando los familiares de las víctimas les informaban de hallazgos de restos humanos con signos de muerte violenta durante alguna exhumación.

Dulitzky atribuyó al auto del Supremo de 2012 y a un “efecto contrario” del procesamiento de Garzón que ningún otro juez se haya atrevido a emprender investigaciones similares. En todo caso, los enviados de la ONU piden al Gobierno que preste “todo el auxilio judicial” a cualquier procedimiento penal abierto por estos hechos en otros países, como Argentina, y animan al España a recuperar los principios de justicia universal que aplicaba antes de restringirla, en 2009, a casos en que hubiera víctimas españolas.
La búsqueda de desaparecidos, “política de Estado”. La búsqueda de quienes fueron detenidos y presuntamente fusilados durante el franquismo “no puede ser una tarea de los familiares, sino una obligación del Estado”, aseguran los expertos de la ONU, tras constatar durante su visita a España que las familias de las víctimas están prácticamente solas. “Es esencial que el Estado asuma su responsabilidad”, declaró Dulitzky, “y elabore un plan nacional de búsqueda de desaparecidos”, con una entidad estatal que elabore una base de datos centralizada. Como punto de partida, propuso utilizar la que había realizado Garzón. El Estado debe asumir esa tarea y prestar un “mayor apoyo institucional y financiero” a las víctimas. Y además, insistió, debe hacerlo de forma “urgente” porque muchos familiares de los desaparecidos tienen una edad muy avanzada y están muriendo.

Trato diferente según el partido que gobierne. Los expertos visitaron Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco y pudieron constatar que el trato a las víctimas “depende altamente del partido político gobernante en cada lugar”. Así, en unas comunidades autónomas “las autoridades asumen la responsabilidad de la exhumación” y en otras son “completamente ajenas”.
Archivos que se abren si quiere el funcionario. El grupo constató la “resistencia” a desclasificar ciertos documentos y las dificultades de las víctimas para consultar información esencial. “Todavía depende de la voluntad del funcionario del registro por lo que proponemos una ley de acceso a la información que garantice el derecho a saber la verdad”.

Ley de memoria y Valle de los Caídos. Los enviados de la ONU consideran que la ley de memoria tenía un “alcance limitado” y que en cualquier caso el Gobierno ha dejado de dotarla de fondos para desarrollarla. El Ejecutivo había eliminado la partida, según les explicaron, “debido a la crisis”, pero los expertos insisten en que es necesario buscar los “fondos adecuados”. Tras visitar el Valle de los Caídos se mostraron de acuerdo con las conclusiones del grupo de expertos constituido por el Ejecutivo de Zapatero en 2011: sacar los restos de Franco y convertir su monumental tumba en un centro de memoria. “Es un debate que la sociedad española debería tener”, dijo Dulitzky.

41 fosas en espera
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que viajó en 2002 por primera vez a la sede de Naciones Unidas en Ginebra con 64 casos de desaparecidos del franquismo,  celebra que "el principal organismo mundial de derechos humanos" reclame al Gobierno español "medidas reparadoras, que abran las puertas de la justicia". En estos momentos, la asociación tiene una lista de 41 fosas que esperan a ser exhumadas "debido a la falta de recursos". Además, ante la nula financiación peligra el laboratorio de estudio de restos que la ARMH tiene en Ponferrada (León). Durante su reunión con los enviados de la ONU, la ARMH mostró y entregó copia de las numerosas denuncias desatendidas que habían presentado en los últimos años en diferentes juzgados tras abrir una fosa y certificar el hallazgo de restos humanos con signos de muerte violenta.

Amnistía Internacional también pide al Gobierno que acate las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada.