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“Nadie quiso ayudarnos. Teníamos 10, 5 y un año, pero éramos rojos. Peligrosos”

2012-02-09T01:23:00.000-08:00

Al padre de Felipe, alcalde socialista de Valdetorres, lo fusilaron

Su madre fue liberada, pero murió al poco tiempo

El País.07/02/2012

“¿Sabéis volver a casa?”, preguntaron los falangistas a tres niños de 10, 5 y un año mientras se llevaban a sus padres. El mayor, Felipe Gallardo, dijo que sí. “Agarré a mi padre por la cintura, me soltó, y ya no le vi más”, cuenta hoy, con 84 años. Con una hermana de la mano y otro sobre los hombros, Felipe volvió a casa. Pero al llegar, la estaban saqueando los falangistas, así que tuvo que buscar otro refugio. “Nadie quiso ayudarnos porque les dábamos miedo. Las familias de los niños con los que yo jugaba en el colegio tampoco. Éramos rojos, peligrosos”.

Pasó aquella primera noche en un cobertizo sin tejado por los bombardeos. Su hermano pequeño, recuerda, no dejó de llorar. Finalmente, una mujer se acercó y les dejó mantas y comida. No quiso llevárselos a su casa.

No queremos venganza, sino justicia

Al padre de Felipe, Pedro Gallardo, alcalde socialista de Valdetorres, lo habían llevado a la plaza de toros de Badajoz, y a su madre, Feliciana Gómez, a la prisión de Trujillo. La familia guarda como un tesoro las cartas que se escribieron de cárcel a cárcel. En los sobres, junto al obligado Arriba España, hay fotos de Franco, Hitler y Mussolini.

Tenía solo 10 años, pero Felipe empezó a tener miedo de morirse. Pensó que iban a ir a por él. “Mataron a una niña de 14 porque había visto algo”, recuerda. “Mataban a los niños que habían visto demasiado y tenían edad suficiente para contarlo”. Su prima decidió sacarlo de allí. “Se disfrazó de falangista y me acompañó en tren a Huelva”. Sus dos hermanos se quedaron con los abuelos.

A su padre lo condenaron a muerte por adhesión a la rebelión y el 13 de junio de 1940 ejecutaron la sentencia. “¡Es un insulto!”, clama su nieta. “¿Él era el rebelde? ¿Él, que había sido votado alcalde de su pueblo, que jamás había cogido un arma? Mataban a todos los que trabajaban para el Gobierno legítimo de la República: alcaldes, maestros...”.

Pedro Gallardo tenía el día que lo mataron 46 años. Por edad no había ido al frente, lo habían destinado a tareas administrativas. “Gracias a ese puesto pudo mediar para que no mataran a dos falangistas”, cuenta Purificación Gallardo, su nieta. “Con él no hicieron lo mismo”.

Mataban a todos los que trabajaban para el Gobierno legítimo de la República: alcaldes, maestros...

Feliciana pasó tres años más en prisión después de recibir la última carta de su marido. La arrojaron a una cuneta, viva, pero casi muerta, “para que no tuvieran que registrar otro fallecimiento en prisión”, cuenta su nieta. “Tuvo suerte de que la encontró un médico que se la llevó y logró salvarla”.

Estaba tan delgada que Felipe Gallardo no conoció a su madre cuando la volvió a ver. Feliciana había sufrido mucho: por lo que le habían hecho y por lo que había visto. “Mataban a tantos en aquella cárcel que las descargas hacían ladrar a los perros y molestaban a los señoritos. Así que empezaron a llevarse a los presos a una nave, donde les ataban pies y manos y les machacaban la cabeza a golpes hasta que se morían. A las presas como a mi madre las hacían ir a limpiar luego para que quedase todo listo para el día siguiente, para la próxima tanda. Si exhumaran en aquella nave, verían que lo que digo es totalmente cierto”, cuenta Felipe.

Feliciana no aguantó mucho más y murió poco después. Al volver al pueblo, no la habían dejado reabrir su negocio, una tienda donde antes de la Guerra Civil vendía comida y telas con las que se ganaba la vida.

Para entonces, aquella familia tenía a ocho miembros asesinados y arrojados a fosas y cunetas, el mayor de 70 años y el más joven de 20. “Mataron a mi abuelo, a mi padre, a cuatro tíos, a mi prima y a su madre”, relata Felipe Gallardo. “A ellas dos por ser mujeres de republicanos”, añade Purificación. No saben dónde están los cuerpos. “No figuran en ningún registro. Son desaparecidos”. El hermano pequeño de Felipe estuvo a punto de correr la misma suerte. Cuando tenía 16 años, falsificó su documentación para hacerse guardia de asalto. Fue capturado por el bando ganador de la guerra, trasladado al campo de concentración de Castuera y después, al Valle de los Caídos, donde trabajó en su construcción. Purificación recuerda cómo un día quiso llevarles al mausoleo. “Cuando íbamos por la carretera tuvimos que parar. Dijo que era incapaz de entrar en aquel sitio”.

“En 1963, mi tío pidió un aumento de sueldo en la empresa donde trabajaba, de construcciones aeronáuticas, en Getafe. Le torturaron durante 15 días con alambres, descargas eléctricas...”, relata Purificación. La familia decidió alejarse lo más posible de Franco y emigró a Australia. “En España mi padre tenía miedo todo el tiempo. Porque en España en los sesenta seguía siendo ‘hijo de rojos”. Volvieron en 1985. A Felipe le hubiera gustado contar su historia en el Supremo, pero se emociona mucho. Su hija, Purificación, que ha asistido a todas las sesiones hasta ayer, insiste en el mensaje de todos: “No queremos venganza, sino justicia”.

Garzón: “Me guió el desamparo de las víctimas. Mi conciencia está tranquila”

2012-02-09T01:20:00.000-08:00

Martínez-Fresneda: las resoluciones de Garzón fueron “racionales y defendibles”

El País.08/02/2012

El juicio por la investigación de los crímenes del franquismo ha concluido con la última palabra del juez Baltasar Garzón, que se enfrenta a 20 años de inhabilitación por haber abierto la causa. “Yo solo puedo decir que mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creí ajustadas a Derecho para investigar, perseguir y sancionar, por mí o por quien correspondiera en uso de la jurisdicción, los crímenes masivos de desaparición forzada de personas, detenciones ilegales sin dar razón del paradero de las víctimas y por tanto, cometiéndose hasta el día de hoy, como única defensa que las instituciones creo que deben a las víctimas para que no se produzca el olvido y la falta de memoria”.

Fueron las últimas palabras del magistrado que en su última intervención redundó en que su actuación fue “en cumplimiento del mandato judicial de dar protección a las víctimas y frente a unos hechos delictivos”. Un criterio, defendió, “que se puede compartir o discrepar, pero que creo que es defendible”.

Garzón defendió puntualmente cada una de sus actuaciones desde que incoó diligencias por las denuncias llegadas al juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 hasta que en diciembre de 2008 la Sala Penal decidió mayoritariamente que la competencia no era de su juzgado. “Tomé esas decisiones porque creí que eran las más ajustadas a derecho y las que mejor protegían el interés de las víctimas”, se justificó.

El presidente del tribunal Carlos Granados declaró el juicio visto para sentencia.

Sus resoluciones fueron “racionales y defendibles”

El abogado del juez Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, inició su informe replicando al defensor de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, por la introducción en el proceso del asunto de los fusilamientos de Paracuellos. Martínez-Fresneda sostuvo que ambos hechos no son parangonables “ni desde el punto de vista moral ni desde el punto de vista jurídico”. En síntesis, las víctimas de Paracuellos “fueron identificadas, honradas, se les reparó en la media de lo posible aunque no hay reparación para una muerte, pero fueron indemnizadas, se les dieron estancos, farmacias, medallas, condecoraciones… Aquí –dijo en referencia a las víctimas del franquismo-ocurre exactamente lo contrario. No se sostiene desde el punto de vista jurídico.”

Martínez-Fresneda renunció a las frases de efecto y presentó un informe de defensa técnico y bien fundamentado en el que fue desmontando puntualmente las tesis de la acusación. Defendió que las decisiones de Garzón eran “racionales” y “defendibles” desde que el 14 de diciembre de 2006 se presentaron las primeras denuncias a las que luego siguieron otras en las que hubo una “intención inequívoca” de perseguir delitos, que hablan de “desapariciones forzadas” y presentan los antecedentes recaídos en casos como el del argentino de los vuelos de la muerte Adolfo Scilingo, juzgado y condenado en España, además de citar el Estatuto de Nuremberg, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, etcétera. “Tras la lectura de esas denuncias se llega a la conclusión de que hay miles de desaparecidos y todos reclaman su derecho a saber sobre esas desapariciones forzadas”, añadió

Respecto a la “gracieta” del acusador Ruiz Infante sobre los fusilamientos de mayo de 1808, el defensor de Garzón la calificó de “frivolidad” y de “desconocimiento absoluto del derecho penal internacional”. “Podemos compararlo con la muerte de Napoleón y obtener un titular en un telediario pero es de una enorme ignorancia y de una enorme frivolidad“, afirmó el abogado.

“Después llega un goteo de muchas denuncias, que a veces son simples cartas que dicen ‘a mi padre se lo llevaron’, otras son personaciones. Llega a haber 54 partes personadas en nombre de las víctimas. Denuncian hechos constitutivos de delitos que van en contra del núcleo esencial de los derechos humanos, derecho a la vida, a la integridad, a la libertad”, siguió el abogado.

Martínez-Fresneda dijo que el fiscal se tomó tres meses para hacer su informe contrario a la competencia de Garzón en la causa, lo que “no tiene nada de particular”, ya que en otros casos, como el de Scilingo y otros semejantes, el fiscal ha informado en contra pero luego la Audiencia e incluso el Supremo han admitido la competencia de Garzón.

El defensor se refirió después a que Garzón pidió que se concretase “el número de desaparecidos producidos a raíz del denominado Alzamiento Nacional, porque ni tribunales civiles, militares, eclesiásticos, ni archivos, ayuntamiento ni registros, nadie era capaz de aportar datos sobre este problema”. “Lo cual refuerza que estamos hablando de que de los desaparecidos no quedó rastro, que no merecieron ni el asiento de un registro civil” remató el abogado.

Según la defensa, fue la doctrina del caso Scilingo la que lleva a Garzón a pedir como “diligencias a prevención” que las víctimas que aporten el número de desaparecidos, 114.000, que luego se amplía a 136.000 y 159.000. “Es en ese momento cuando entra en acción Manos Limpias, presentando denuncias en el CGPJ [Consejo General del Poder Judicial] y pide que le se impongan sanciones al magistrado de la Audiencia Nacional” por su comportamiento “escandaloso”.

Según Manos Limpias, el interés de Garzón era “protagonizar las exhumaciones”. “Sin embargo”, explicó su abogado, “Garzón deniega todas las exhumaciones que se le piden. Solo al final autoriza una que es paralizada por la Audiencia. No hay una sola exhumación que se practique en todo el procedimiento. Vemos como todo vale para imputar a Garzón una prevaricación en esta historia”, afirmó.

Sobre la petición del certificado de defunción de Franco, el abogado admitió que “se prestaba a hacer chistes”, pero que esa era la manera procesalmente “correcta e idónea de pedir el certificado correspondiente”. Además, siguió, “quitando a Franco y tres o cuatro nombres más, el resto eran perfectos desconocidos. Y del segundo grupo, hay personas que con 17 o 18 años formaron parte de piquetes de ejecución y hoy, con 90 años aun están vivas”.

Martínez-Fresneda dijo que la Ley de Memoria Histórica no fue ignorada por Garzón, porque no deroga normas jurisdiccionales ni penales y se mueve en otro plano de reparación, que no es incompatible con la causa jurisdiccional la causa abierta por Garzón. El abogado negó que Garzón hubiese aplicado el Código Penal a ningún fallecido, ni le hubiese denegado la ley de Amnistía. “En cuanto constató que estaban fallecidos, archivó y se declaró incompetente. No vemos donde está la prevaricación”, adujo.

Después calificó de “falso de toda falsedad” que hubiese aplicado la amnistía “a unos sí y a otros no”. “En el caso de las desapariciones forzadas se trata de delitos permanentes mientras no se obtenga razón de la víctima o el hallazgo del paradero de sus restos. El dolor de las víctimas se prolonga.

Martínez-Fresneda discrepó del informe del fiscal de la Audiencia Nacional contrario a la competencia de Garzón en el que decía que la amnistía era aplicable e insistió en que la Ley de Amnistía no impide abrir una investigación, como hizo el Tribunal Supremo, 25 años después de la muerte del estudiante Enrique Ruano.

El abogado concluyó su informe insistiendo en que los criterios que aplicó Garzón eran “defendibles y razonables y acordes con las normas de derecho internacional”. “Unos no penarán como él, otros sí; pero de todo ello no se puede decir que sus resoluciones sean injustas”.

Martínez-Fresneda agregó que el gran problema urgente sigue siendo la protección de las víctimas, “que fue la principal preocupación de mi defendido”. Esos grandes cementerios bajo la luna siguen ahí, en la fosa de Terreros, los pozos de Arucas. No parece insensato que sea la justicia la que de una solución a estos problemas

“Los tiraban a la fosa vivos y los mataban. Cada noche. Yo lo vi”

2012-02-09T01:18:00.000-08:00

"Una mujer se enfrentó a los asesinos. 'Me vais a matar igual, les dijo'

El País-08/02/2012

“Con los argumentos de Garzón se podrían abrir procedimientos por los fusilamientos del 2 de mayo”, declaró ayer el abogado de Manos Limpias en la última sesión del juicio contra el juez por la investigación de los crímenes del franquismo. El abogado del magistrado explicó luego que en este caso había víctimas y testigos vivos. A lo largo del juicio, el letrado y el representante de una asociación de represaliados, Rafael Espino, mencionaron, sin citar su nombre, a una nonagenaria que había presenciado multitud de crímenes. Se llama Manuela Molina. Tenía 16 años cuando vio cómo durante meses los falangistas mataban a poca distancia de su casa, frente al cementerio de Aguilar de la Frontera (Córdoba) a decenas de personas.

“Lo vi todo escondida detrás de un árbol. La única luz era la luna, así que no distinguía caras. Los que mataban eran a veces cuatro y otras tres. Y los que morían iban en grupos de siete u ocho personas. Los llevaban atados, les hacían cavar la fosa, los tiraban vivos y luego les disparaban desde arriba. Fue así cada noche durante varios meses. No sé calcular a cuántos mataron. Yo estaba muy asustada, pero a más de 100 seguro”.

A Manuela, que ahora tiene 92 años, le impresionó mucho una mujer que se enfrentó a los asesinos. “La mayoría no hablaban o yo no les oía. Pero a esta mujer sí la escuché. Le decían que o les confesaba dónde estaba su marido o la mataban. ‘Ni aunque lo supiera os lo iba a decir. Me vais a matar igual’, les dijo ella. ‘¿Por qué no dejáis los fusiles, los desatáis [a los que llevaban a matar] y peleáis cuerpo a cuerpo? ¡Sois unos cobardes!’. Antes de que le dispararan gritó ‘¡Viva la República!’. Me impresionó muchísimo”.

Manuela relata que a los pocos meses los asesinos cambiaron de sitio. “Los empezaron a matar dentro del cementerio, y entonces yo, lo que veía, era cómo los llevaban en carretillas dentro. Me acuerdo mucho de un chico muy joven porque llevaba un pantalón blanco que brillaba mucho en la noche”.

Su padre había huido al principio de la Guerra Civil. “Había un falangista dueño de una taberna que le tenía mucho odio porque mi padre siempre iba a la de enfrente y además sabía de unos tejemanejes que se traía con los animales: los compraba robados, los aseguraba, los mataba y cobraba el seguro”, explica Manuela. Temiendo que fueran a por ella para que dijera dónde estaba su padre, se escondió tres meses en un melonar. “¡Tenía tanto miedo!”. Al terminar la guerra, su padre volvió y lo metieron en la cárcel, pero salió a los nueve meses. Manuela cuenta que a lo largo de su vida ha tenido muchas pesadillas. No le contó a nadie lo que había visto hasta que sus hijos fueron mayores. “Me hubiera gustado decírselo a un juez y que investigara. Mi familia tuvo mucha suerte, pero hay muchísimas que no saben aún dónde están sus muertos”.

Las víctimas del franquismo exigen su derecho a saber sin afán de venganza

2012-02-07T01:39:00.000-08:00

El Pais-06/02/2012

“No tengo afán de venganza, pero quiero saber la verdad”. Cuatro testigos de otras tantas asociaciones de la Memoria Histórica que declararon ayer en el juicio que sigue el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón lamentaron que todo el mundo “haya mirado para otro lado” en los últimos 75 años, en palabras de Olga Alcega, la primera en declarar. El juicio al magistrado que intentó investigar sus denuncias se ha convertido en la principal tribuna de sus reivindicaciones.

Alcega, de la asociación de familiares de fusilados de Navarra, dijo que en su comunidad quedan 3.452 desaparecidos a día de doy. “En Navarra todos los desaparecidos desde el 18 de julio siguen desaparecidos. Yo soy nieta de Antonio Alcega, un cartero que estaba cuidando sus vacas y se lo llevó la Guardia Civil hace 74 años y unos meses. Le trasladaron a Magallón y le dieron el tiro en la cabeza”.

“En la fosa común donde lo enterraron había 79 hombres y dos mujeres de 17 municipios diferentes. Los asesinaron descaradamente. A mi abuela nunca le dieron ninguna ayuda. Les quitaron todo”, siguió la testigo.

Alcega aseguró que ha habido “75 años de olvido”, en los que “todo el mundo ha mirado para otro lado, las Administraciones, la justicia y la sociedad”. “En según qué zonas de España, aún se tiene mucho miedo”, prosiguió. “[Los asesinados] Están tirados en campos y cunetas como perros, los restos deben estar en los cementerios”. Presentó su denuncia para “saber la verdad” y que su abuelo “quede limpio”.

Rafael Espino Navarro, de la asociación para la Recuperación de Aguilar de la Frontera (Córdoba), tiene entre sus familiares a siete desaparecidos, incluido su bisabuelo, exalcalde socialista. El objetivo de su denuncia era conocer el paradero de los 108 desaparecidos en el pueblo desde el 18 de julio de 1936 hasta finales de septiembre de ese año. Consiguieron el testimonio de una persona que hoy tiene 98 años y que presenció los asesinatos, y así confirmaron la existencia de fosas. En mayo de 2010 realizaron una primera exhumación de 55 cuerpos, siete de ellos de mujeres. Los restos presentaban “tiros en la nuca, estaban maniatados con alambres e incluso calcinados. Si la Justicia no interviene, no podremos saber cuántas personas quedan en esas fosas”, concluyó.

“Si los jueces no intervienen, no sabremos cuántos quedan en las fosas”

Manuel Perona Medina, preside la asociación de Cataluña, que fue de las primeras en denunciar las desapariciones, en diciembre de 2006. Lo hicieron por encargo del nieto de uno de los ocho desaparecidos de Manresa (Barcelona). “Fueron sacados de una prisión por la Guardia Civil o por paramilitares, y en el viaje a Barcelona desaparecieron. No han podido ser localizados”. Su asociación tiene un censo de 1.900 desaparecidos en Cataluña.

Pedro Fausto Canales Bermejo, de la asociación de Valladolid, es hijo de uno de los 10 desaparecidos que se llevó de Pajares de Adaja (Ávila) un grupo de falangistas. Ni durante la dictadura ni en la Transición se dieron condiciones para localizar restos de fosas, por lo que solo después de jubilarse pudo dedicarse plenamente a la búsqueda de su padre.

Según relató Canales, él tenía dos años y dormía en una cuna la noche que se llevaron a su padre. Les fusilaron en el término de Aldeaseca, a unos 20 kilómetros.

“El 23 de marzo de 1959, una semana antes de inaugurarse el monumento del Valle de los Caídos, en una exhumación de restos sin nuestro conocimiento, los llevaron a ese sitio. Sus restos estarían en la caja 198 en el Valle de los Caídos. Hemos intentado recuperarlos, pero no ha sido posible”.

La prueba testifical concluirá hoy con la declaración de otros tres testigos de Garzón, y, tras la documental, quizá pueda dar tiempo a la presentación de los informes finales.

“Sé hasta la matrícula del verdugo. Lo que quiero es a mi madre”

2012-02-07T01:38:00.000-08:00

El País-06/02/2012

Juan Pérez Silva. / GARCÍA CORDERO

María Silva era pobre y analfabeta. Nunca había salido de su pueblo, Casas Viejas (Cádiz). Pero a los 17 años, el 11 de enero 1933, se convirtió en un mito. Ese día perdió a seis miembros de su familia, tiroteados y abrasados en la choza de su abuelo, Curro Cruz, Seisdedos, tras una revuelta de campesinos anarquistas, y perdió también el nombre, porque, tras sobrevivir a la masacre, todos empezaron a llamarle La Libertaria. El diario Abc, que la visitó cinco días después, en la cárcel, reseñaba: “Tiene 18 años [en realidad le faltaban tres meses para cumplirlos] y es bastante agraciada. (...) Tiene todo su indumento sucio y haraposo. Nos pide que se le compren medias y alpargatas negras”. A los 21 años, con un hijo de 13 meses y embarazada de seis meses, estaba muerta.

“Los golpistas la mataron a unos 30 o 40 kilómetros del pueblo de Paterna. No se sabe dónde”, relata Juan Pérez Silva, que no puede acordarse de ella, porque a los 13 meses no se tienen todavía recuerdos, pero que no ha dejado de buscarla.

La barriga de su madre no disuadió a los pistoleros. Ni para matarla, ni para torturarla. “La amarraron a una reja y abusaron de ella”, cuenta su hijo, que ha ido enterándose de estos dolorosísimos detalles a medida que los testigos perdían el miedo a hablar. “Yo me he hecho el tonto toda la vida, pero en un pueblo chico, todo se sabe. Y todo esto pasó en un sitio donde no hubo frente de guerra. Aquí se trataba de sembrar el terror para dominar a la gente”.

Hijos de los que mataron a mi madre son mis amigos, porque los hijos, que no lo olvide nadie, no pueden escoger a sus padres

Juan Pérez Silva estaba citado a declarar en el juicio contra Baltasar Garzón mañana, para explicar en el Supremo por qué denunció en 2007 en la Audiencia Nacional la desaparición de su madre. Pero tiene 76 años y una grave enfermedad le impide acudir. “Me hubiera encantado poder decirles a los magistrados del Tribunal Supremo que ya va siendo hora de que se haga justicia. Y que no quiero que me digan quiénes fueron los verdugos, porque me sé hasta su número de matrícula del coche. Aquí todavía viven muchos. Hijos de los que mataron a mi madre son mis amigos, porque los hijos, que no lo olvide nadie, no pueden escoger a sus padres. Yo no quiero venganza. Yo lo que quiero es lo mío: los restos de mi madre. Y que me digan cómo murió. La única cosa que yo he deseado en la vida ha sido darle un entierro digno, con banda de música, y tener un sitio para llevarle flores cuando yo quiera”.

A su madre la mataron al principio de la Guerra Civil y a su padre, sindicalista de la CNT y director del periódico Cartagena Nova, el último día de la contienda. “Se habían conocido en la cárcel de Cádiz. Mi padre medió para que la liberaran después de la matanza de Casas Viejas porque era menor. Y lo consiguió: la dejaron libre (...) A mi padre lo mataron al final de la guerra. Lo sacaron de la redacción del periódico y lo fusilaron en Cartagena. Está en una fosa común, pero sé dónde. A mí me gustaría volver a juntarles”.

Juan Pérez Silva se crió con la cuñada de su madre. “En la Guerra Civil y la dictadura mataron a 26 de mi familia”, relata.

No solo lleva toda la vida batallando para encontrarla, también para que inscribieran su defunción en el Registro Civil. Juan Pérez Silva se gastó unos 2.000 euros para publicaciones de anuncios en periódicos y otros trámites. El juzgado de Chiclana se hizo de rogar, pero finalmente María Pérez Silva fue dada por muerta en junio de 2011, 74 años después de haber sido fusilada.

Juan Pérez Silva asegura que no entiende lo que le está ocurriendo al juez Baltasar Garzón, que admitió a trámite la denuncia que presentó en 2007. “Pero yo confío en la justicia”, añade enseguida. “Sigo esperando mucho de ella”.

Fusilado por dar pan y huevos a los maquis

2012-02-03T01:45:00.000-08:00

Pedro Solsona tenía cinco hijos, uno de ellos contará su historia en el Supremo

El País-03/02/2012

A Pedro Solsona no le interesaba la política. No era de izquierdas ni de derechas. Sus únicas preocupaciones eran la tierra que había heredado en Vistabella (Castellón), su mujer y sus cinco hijos. Vivían aislados. “Solo teníamos tres vecinos y las noticias eran lo que te contaran ellos”, relata Antonio, su hijo, de 65 años. La Guerra Civil quedaba lejos. “Casi ni la sentimos”. Terminada la contienda, siguieron con sus vidas: su tierra, sus gallinas... hasta una noche de julio de 1947, en que recibieron una visita inesperada.

“Eran una docena, armados hasta los dientes. Dijeron que eran maquis y pidieron comida. Mis padres les dieron patatas, pan, huevos… Volvieron cuatro o cinco veces más. Se preparaban la cena, la pagaban y se iban. Alguna vez durmieron en el pajar”, relata Antonio. Las cenas con los maquis llegaron a oídos de un hombre al que los Solsona no temían porque entonces todavía no habían oído hablar de él: el capitán Lobo.

“Maximiliano Lobo era el capitán de la comandancia de la Guardia Civil de Lucena. Se presentó en casa y dijo que se llevaba a mi padre detenido. También tenía al vecino, Manolo”. El barbero del pueblo fue el último en verlos con vida. “Fue a afeitar al cuartel y vio a mi padre con la cara desfigurada. Le habían torturado”, relata Antonio, entonces un bebé.

A los tres días, el capitán Lobo subió a Pedro y a Manolo a un camión para trasladarlos a la cárcel provincial. “Pero en medio del camino les dijeron que se bajaran y los mataron. Los dejaron allí tirados. El bus que baja a Castellón pasó por allí y gente que iba dentro reconoció a mi padre”.

El capitán Lobo llamó desde el pueblo más cercano a la comandancia para decir que había dejado dos cadáveres en el camino. Que los detenidos habían intentado escapar y los había matado. “Eso es lo que dice el atestado de la Guardia Civil, pero es mentira”, cuenta Antonio. “Un pastor y su hijo lo habían visto todo: cómo se paraba el camión y cómo les disparaban una ráfaga de tiros”.

La familia supo luego, cuando Pedro Solsona ya estaba muerto, que el motivo de la detención eran aquellas patatas, pan y huevos que habían dado a los maquis. Y entonces sí, empezaron a oír hablar del capitán Lobo. “Quería que todo el mundo le tuviera terror. Daba palizas sin motivo a los pastores, y a mitad de la paliza paraba a descansar y fumar un cigarro. ‘Yo no tengo prisa’, les decía. No era muy alto, ni muy fuerte, pero estaba lleno de odio”.

Mucha gente supo lo ocurrido el mismo día, porque los cuerpos pasaron varias horas en la carretera y los vieron. “Pero a mi madre tardaron un mes en comunicárselo. La llamaron al cuartel: ‘Su marido está muerto por colaborar con la guerrilla’. Eso fue todo”. Esta es la historia que Antonio relatará en el Supremo la semana que viene. Como tantos otros, no sabe dónde fueron a parar los restos de su padre.

Jesús no quería llorar ante los jueces

2012-02-02T01:19:00.000-08:00

Jesús no quería llorar ante los jueces

Estaba citado hoy en el Supremo para relatar el fusilamiento de su padre y otros cinco parientes

Ensayó mucho para no emocionarse, pero murió hace unos días

El País-02/02/2012

Jesús Pueyo estaba muy nervioso por su citación para declarar hoy en el juicio contra Baltasar Garzón por la investigación de los crímenes del franquismo. Con su mujer, Ana, había ensayado hasta la saciedad la escena, porque le preocupaba mucho emocionarse. No quería llorar delante de los magistrados. Necesitaba toda la entereza del mundo para relatar entre togas que los falangistas mataron a su padre, a tres tíos y a dos primas en un pueblo, Uncastillo (Zaragoza), donde no hubo frente de guerra. Y que si había acudido a la Audiencia Nacional era sencillamente porque no era capaz de encontrarles solo. Pueyo murió el 5 de enero, a menos de un mes de contar su historia, como quería, a un tribunal.

Su esposa, Ana, promete ahora “continuar su lucha”, que comenzó hace mucho, cuando nadie se atrevía todavía a hablar de sus muertos. Jesús se había dado prisa. En 1977, dos años después de la muerte de Franco, ya le estaba escribiendo al Rey pidiéndole ayuda para encontrar las fosas donde estaban sus familiares. No contestó. Después le escribió a Aznar, a Naciones Unidas, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la Conferencia Episcopal… Nada. “Bueno, sí —recuerda su mujer—, Rouco Varela nos envió un librito que hablaba sobre la necesidad de perdonar al enemigo”. Nadie lo entendía. Pensaban que quería venganza o dinero. “Y no era eso”.

Rouco le envió un librito que hablaba sobre la necesidad de perdonar al enemigo

“Lo que quería Jesús era que la justicia le reconociera que a su padre, a sus tíos, a sus primas... se los habían llevado sin que hubieran hecho nada malo. Que los mataron. Y que le ayudaran a buscarlos. Quería decirle al tribunal que tomara cartas en el asunto de una vez por todas. Que los familiares solos no pueden averiguar dónde están los desaparecidos. Que una democracia que tiene a miles de españoles todavía en fosas y cunetas, tiene los pies de barro”. Nadie pareció entenderlo, hasta que, tras recibir varias denuncias como la de Jesús en la Audiencia Nacional, el juez Garzón interpretó que podía tratarse de crímenes de lesa humanidad y abrió una causa contra el franquismo.

Para Jesús, la Guerra Civil empezó el 21 de julio de 1936, tres días después del golpe. Volvía de recoger leña en el campo, cuando le pararon dos camiones y un coche de los que se bajó un grupo de jóvenes. Que saludes, le dijeron. “Di Arriba España”. Pueyo levantó el puño. “Les enfadó muchísimo y se liaron a darme golpes con las culatas de los mosquetones”, dejó escrito en sus memorias, Del infierno al paraíso. Mientras le pegaban, discutían si matarle o no. Finalmente, decidieron que sí. Hasta que uno le preguntó qué años tenía: “El mes siguiente hago 15 años”, respondió. El que había preguntado, paró la ejecución: “Qué sabrá este chaval de estas cosas”, dijo, antes de dejarle ir, molido a golpes.

Detalle del monolito con los nombres de los familiares de Pueyo.

El 30 de julio de 1936, los falangistas mataron a su tía Francisca. “Solo por ser de izquierdas”, cuenta Ana. Después, mataron a sus dos hijas, Lourdes y Rosario, de 20 y 24 años, “por haber cosido una bandera republicana que les había encargado el PSOE”. A ellas dos no solo las mataron, según denunció Pueyo en sus memorias: “Las violaron y las quemaron”. “Lo sabemos porque los asesinos presumían y la gente les oyó”, relata Ana. “El suceso conmocionó el pueblo porque todo el mundo las conocía, eran muy buenas costureras, y muy guapas”. El padre de las dos chicas y marido de Francisca murió poco después. “De dolor y de pena”, decía Jesús.

Fueron las cuatro primeras víctimas. Los falangistas no tardaron en ir a buscar al padre de Jesús. “Mi madre y mis hermanos nos quedamos mudos, no pudimos hacer nada”, escribió en sus memorias. A la mañana siguiente, Jesús vio el camión en que se lo llevaban con un grupo de hombres. “Mi padre se tapó la cara porque no quería que le viera en ese estado. Estaban todos ensangrentados, habían sido golpeados con saña. Uno de ellos, el carpintero, amigo de mi padre, tenía un ojo salido. Fue horroroso verlos así”, escribió Jesús. Ya no volvieron a verle. Era 2 de agosto de 1936. Jesús Pueyo Prat tenía 44 años y cinco hijos, que durante los siguientes años oirían muchas veces: “Ahí van esos rojillos”.

Los falangistas mataron a otros dos tíos suyos. De modo que la abuela de Jesús, Magdalena Prat, viuda —su primer marido había muerto en la guerra de Cuba y al segundo, en la de África—, perdió a manos del franquismo a sus cuatro hijos, y a dos nietas. No pudo enterrar a ninguno.

Jesús no quería hablar solo de su familia hoy en el Supremo. Había documentado hasta 138 asesinatos de vecinos de Uncastillo, entre ellos el del alcalde, Antonio Plano, que los falangistas anunciaron para que sus paisanos vieran cómo le mataban en la plaza del pueblo. “Una vez abatido, le siguieron toda clase de burdos gestos ante su cadáver, patadas, tiros. Uno de sus verdugos, Juanillo, el hojalatero, frenético con la algarabía formada ante el cadáver, le cortó las dos piernas con una azada”, escribió en sus memorias. “Después, se lo llevaron y nunca se supo dónde lo dejaron”.

JUICIO POR INVESTIGAR LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO

2012-02-02T01:17:00.000-08:00

María Martín, 81 años, al Supremo: "¿Quieren que esperemos 75 años más?"

El País-02/02/2012

"A mi madre la mataron en el 36..." ha empezado Maria Martín López, de 81 años, a relatar su historia esta mañana ante el Supremo. Rodeada de togas, esta mujer de 81 años, ha explicado con un hilo de voz -"discúlpenme, estoy un poco afónica"- por qué hace casi seis años acudió a la Audiencia Nacional. "Yo lo que quiero es que me ayuden a encontrar a mi madre para poder enterrarla. Nada más y nada menos", explicaba después a este diario.

-"¿A usted la han ayudado hasta ahora a encontrar a su madre?", le ha preguntado el abogado del juez Baltasar Garzón.

-"No".

"¿Quieren que esperemos 75 años más?", se preguntaba ya en su casa, en Toledo, después de haber contado su historia ante los magistrados del Supremo. "Yo no llego".

En el juicio no ha podido contar todo lo que quería. "Se han quedado muchas cosas en el tintero", lamentaba. Pero sí lo principal, "A mi madre la fusilaron en 1936, con otros 27 hombres y tres mujeres", ha relatado ante los magistrados.No le ha dado tiempo a explicar que ella tenía entonces seis años, una hermana de 12 y otra de dos. Que su padre estaba segando cuando mataron a su mujer. "También fueron a por él y lo llevaron preso. Mis hermanas y yo nos quedamos con mi tía. Hasta que lo dejaron libre. El día que volvió de la cárcel me abrazó y no me soltó en horas. Mi hermana pequeña murió pocos días después".

Iba tranquila al juicio: "Yo no he hecho nada malo. Y Garzón tampoco", explicaba. Conocía bien los nombres de los magistrados del Supremo. Al instructor de la causa contra el juez de la Audiencia Nacional por abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo, Luciano Varela, le escribió un día explicándole por qué había acudido a la justicia e intentando hacerle ver que "si fuera su madre" la desaparecida, estaría moviendo cielo y tierra por encontrarla. No le contestó.

Al salir de la sala, no le ha gustado ver a dos miembros de asociaciones para la recuperación de la memoria histórica discutiendo. "Esto es una cosa muy seria. Es un entierro sin muertos".

La ARMH teme que el AVE afecte a las fosas de Estépar y medita hacer prospecciones

2011-12-11T03:40:00.000-08:00

Polémica / Un futuro que puede afectar al pasado

Diario de Burgos.

R.P.B./H.J./ Estépar - domingo, 11 de diciembre de 2011

Estépar es el Santo Grial de la memoria histórica en la provincia de Burgos; es el gran símbolo, el lugar venerado por los familiares de muchas de las víctimas de la represión. Se sabe por testimonios tanto escritos como orales que los montes cercanos a esta localidad fueron durante los meses inmediatos a la sublevación militar de julio de 1936 el destino de cientos de personas condenadas a muerte por la vesania de los sublevados contra el República. Son muchas las cifras que se barajan en torno a las fosas comunes de Estépar. Algunos historiadores llegan a situar en cerca de un millar el número de personas que podrían estar enterradas bajo el humus de la tierra.
Pero existe un problema: no se sabe cuántas fosas hay ni, lo que complica aún más todo, dónde se hallan exactamente. Al menos todas. Miembros de la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica creen tener localizadas, merced a testigos presenciales que recuerdan dónde se detenían los camiones que procedían del penal, al menos tres. Pero tienen la firme convicción de que existen más. Y de que éstas podrían estar ahora en riesgo por mor del trazado del AVE, que pasa junto al alcor en el que se ubica el monumento que recuerda a aquellos muertos y donde tradicionalmente se les rinde el tributo del recuerdo.
Ese es su temor: que las máquinas que realizan el necesario movimiento de tierras puedan destruir restos humanos, hurtando la posibilidad de poder exhumarlos un día para escribir completamente la historia. Expectativa con la que sueñan los miembros de esta coordinadora provincial y que podría estar cerca, al menos en unos primeros pasos. Quizás la amenaza de esa gran infraestructura sea la piedra de toque. La presidenta de la coordinadora provincial, Lourdes Sastre, ha manifestado que la asociación está estudiando la posibilidad de realizar prospecciones geofísicas con georradar, sistema previo a una cata que permitiría saber dónde se han producido alteraciones en el terreno que no son naturales. En esta ocasión, si prosperan esas intenciones, cuentan con el apoyo municipal.
El alcalde de Estépar, el socialista Jaime Martínez, ha manifestado a este periódico que si la ARMH decide realizar prospecciones, catas y exhumaciones contará con las autorizaciones pertinentes. «No pondremos trabas. Daremos todas las facilidades que estén en nuestra mano», señaló Martínez, si bien se aprestó a confirmar que este apoyo no podría ser financiero dada la actual situación económica. Y dinero es precisamente lo más importante a la hora de una exhumación, ya que a las tareas de excavación se une la de identificación de los restos.
estudios. Alertado ante la posibilidad de que sus obras puedan afectar a las fosas, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) recuerda el procedimiento habitual en estos casos. Como en el resto de la traza, una infraestructura de este calibre lleva aparejado un estudio arqueológico. En el momento en que surge cualquier descubrimiento que los expertos puedan considerar interesante (sean restos humanos o materiales) el avance de las máquinas debe parar y proceder a su estudio. Así se han descubierto y catalogado, por ejemplo, varios asentamientos de la época romana en el valle del Arlanzón.
Pero en el caso de Estépar, la zona más cercana al monolito de las víctimas de los fusilamientos «está desbrozada e iniciada la excavación de los desmontes, sin que el equipo de arqueología que realiza el seguimiento de estos trabajos haya advertido la presencia de algún tipo de resto de cualquier origen», sostienen las fuentes del organismo ministerial. Los responsables de la obra no tienen «en este momento ningún indicio sobre la presencia de restos en dicha área», insiste el ADIF, que recuerda que el entorno pertenece al término municipal de Cavia y «atraviesa zona dedicada a cultivo de cereal, llana y alejada de los núcleos urbanos mas próximos».

Poemas del hijo de un fusilado

2011-09-27T01:23:00.000-07:00

POEMAS DEL EXILIADO MEDINÉS GREGORIO GALLAGA

Publicado el junio 20, 2011 por Las Merindades en la memoria.

Los hijos del capador

Están llegando a Medina

los hijos del capador.

Cincuenta años que se fueron,

cincuenta años ¡Vive Dios ¡

a su padre lo mataron,

conocen su ejecutor,

pero quieren enterarse

quienes o quien ordenó

que le quitaran la vida

a un hombre, todo un señor,

católico practicante,

republicano de honor,

con seis hijos por criar,

una esposa todo amor,

y las esperanzas puestas

en una España mejor,

donde no hubiera distingos

de clase, credo o color,

mucha justicia social

y anhelos de redención

Medina pueblo traidor

Cincuenta años hace yá

en éste bonito pueblo

que es Medina de Pomar,

un grupo de hijos de puta

civiles la mayoría,

otros vistiendo sotana

y uniforme los demás,

de manera ignominiosa

mandaron asesinar

en una forma brutal

a Gregorio el capador

y a su entrañable amigo

Elicio López-Quintana,

ambos de noble historial.

El primero era mi padre

honrado a carta cabal,

cristiano por convicción

de tendencia liberal ;

el otro era un caballero

hombre de gran calidad,

hizo favores sin tasa,

también era liberal.

Y la mano ejecutora

un asesino vulgar,

Cadaví fue su apellido,

falangista criminal,

maldita sea su rasa,

en el infierno estará.

A los promotores, muchos

de los que no viven yá,

les deseo lo peor

allá en la eternidad;

y los que viven aún

su crimen han de pagar,

malditos sean aquí,

también en el más alla.

Medina, pueblo traidor

de gente sin lealtad,

nadie levantó la voz,

nadie osó protestar

a pesar de que sabían

que los iban a matar.

(1986)

Otras fosas de la región

2011-08-05T11:40:00.000-07:00

El Foro por la Memoria identifica los restos de Rufino Balbás en una tumba común

diariodeburgos.es 01/08/2011

El secretario del Ayuntamiento desapareció el 20 de agosto de 1936 y gracias a los testimonios de su hija se encontró el lugar en el que fue enterrado, la cueva de Humarraña

El Instituto Nacional de Toxicología ha certificado que los restos de uno de los individuos encontrados en 2009 en la cueva de Humarraña (Montija) por la Asociación Foro por la Memoria son de Rufino Balbás, secretario del Ayuntamiento de Manzanedo y militante de Izquierda Republicana. El hombre desapareció en agosto de 1936 tras el triunfo del golpe militar franquista en Burgos.
El 23 de mayo de 2009, esta asociación inició los trabajos arqueológicos de acometida de una fosa común en el término municipal de La Merindad de Montija (Burgos) identificada dentro de la cueva de Humarraña, cerca del lugar conocido como El Crucero. Entre otras personas, se buscaban los restos de Rufino Balbás Alonso, desaparecido entorno al 20 de agosto de 1936 y, presumiblemente, muerto y enterrado ilegalmente en el citado lugar, según testimonio de Rufina Balbás Ayuso, hija del desaparecido y que en aquellas fechas contaba con 16 años de edad.
Previamente, en el mes de octubre anterior, los abogados de la asociación interpusieron denuncia por desaparición en el cuartel de la Guardia Civil y en los juzgados de Villarcayo, que decidió precintar la zona para que pudieran terminar así con los trabajos de recuperación por parte de los arqueólogos y antropólogos forenses una vez comunicado la aparición de los primeros restos en la galería norte de la cueva.
Fue precisamente el juez de primera instancia juzgado nº 2 de Villarcayo quien se encargó de retirar los restos de la fosa común el 2 de junio de 2010 y remitirlos al Instituto de Medicina Legal de Burgos que, a su vez, los remite al departamento de Madrid del Instituto Nacional de Toxicología, donde se realizaron las diversas pruebas y al que acude Rufina Balbás el 28 de junio pasado para someterse a las pruebas de paternidad y que el informe final certifica como su padre.
En esta ocasión, se ha conseguido, en cierta medida, mantener el proceso de judicialización de la apertura de fosas comunes y de los enterramientos ilegales que existen en España a consecuencia de la Guerra Civil, que la Asociación Foro de la Memoria defiende, y tal y como requieren los acuerdos internacionales sobre la investigación de desapariciones forzosas. En opinión de la asociación, debe continuar la lucha contra «la impunidad de estos crímenes».

Problemas comunes en toda España

2011-08-03T02:45:00.000-07:00

MEMORIA HISTÓRICA | Las excavaciones, a medias

Fosas pendientes 75 años después

Eduardo del Campo | Sevilla
www.elmundo.es

domingo 31/07/2011 10:58 horas

En una habitación minúscula de la pequeña sala de autopsia del cementerio de La Puebla de Cazalla se apilan, etiquetados y metidos en cajones de plástico, los huesos de 59 hombres y mujeres fusilados por los golpistas hace 75 años y enterrados en una fosa común en el otro extremo del camposanto.

Mari Carmen no sabe si los huesos de su abuelo están en alguna de las 59 cajas o yacen aún bajo la tierra a cuatro metros de profundidad junto a los alrededor de otros ciento y pico fusilados que todavía no han podido exhumar por falta de ayuda económica.

Esa falta de un apoyo del Estado ha hecho que todas las fosas comunes donde se habían iniciado en los últimos años los trabajos de exhumación en la provincia de Sevilla lleven un año paralizados, obligando de nuevo a taparlas hasta que haya dinero para contratar arqueólogos y antropólogos forenses para la próxima campaña. Los casos de La Puebla de Cazalla, Gerena y Cazalla de la Sierra se repiten por toda Andalucía.

Han pasado 75 años y tienen la sensación cansada de que todavía quedan unos cuantos más para que se ponga nombre a los huesos. Si aún no han recuperado todos los restos, más lejos aún quedan las pruebas de ADN a los familiares.

Las asociaciones están estos días presentando las solicitudes para las nuevas convocatorias de ayudas para exhumaciones y trabajos relacionados que conceden el Ministerio de la Presidencia y la Junta, pero Rafael López, presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, impulsora de la exhumación de la fosa común en el cementerio de Cazalla de la Sierra, donde enterraron a unos trescientos asesinados republicanos de la Sierra Norte, critica que la solución no es dar subvenciones exiguas para hacer excavaciones a trancas y barrancas, sino que el Estado asuma el proceso.

En Cazalla de la Sierra sacaron los restos de 80 personas hasta que se les acabó la ayuda de 54.000 euros y el pasado otoño tuvieron que cerrar la fosa abierta para que no se estropeara con las lluvias. Desde entonces no han podido avanzar. Si les conceden la ayuda de 60.000 euros que han pedido, podrían volver a reabrirla la próxima primavera.

En el cementerio de Gerena, tras un año de trabajos, encontraron en febrero de 2010 la fosa donde un anciano, que había visto el crimen siendo un niño de ocho años oculto en un olivo, dijo que habían enterrado a 17 mujeres de Guillena asesinadas por los golpistas en el verano de 1936. Agotados los 8.000 euros, tuvieron que suspender la exhumación.

Especial Sobre la Guerra Civil en www.elmundo.es

2011-07-18T10:16:00.000-07:00

¿Reabrir heridas?

El Mundo.es 18/07/2011

Hace una década se iniciaron las exhumaciones para
entregar a los familiares los restos de sus seres queridos
muertos en la Guerra Civil. Ya se han abierto 270 fosas

por Virginia Hernández

Cuando Francisco Etxeberria, el médico forense que está detrás de la mayoría de las exhumaciones relacionadas con la Guerra Civil, se encuentra con las decenas de voluntarios jóvenes que acuden a ayudar en las fosas, les dice siempre lo mismo: que hay que implicarse mucho más en todo lo que tenga que ver con la vulneración de los derechos humanos. «Hoy se repiten casos similares a los ocurridos en el pasado: las tragedias nos sirven para reconocernos hoy y para tener otras actitudes ante la vida». Sobre este asunto, para él «no hay distancia geográfica ni cronológica». Debe importar lo que ocurre a miles de kilómetros o lo que pasó hace más de 70 años.

Mantenemos una conversación telefónica mientras él está en una fosa llamada La Legua, situada en la comarca de Aranda de Duero (Burgos). Tiene 30 metros de largo y alberga los restos de más de 50 personas, la mayoría ferroviarios. La Legua se suma a las 270 fosas de toda España abiertas en los últimos 10 años, sólo dos de ellas del bando nacional (una en Villasana de Mena, en la provincia de Burgos, y otra en Camuñas, en Toledo). «Yo prefiero decir 'lado' a 'bando'. Yo mismo he dirigido esas exhumaciones y hemos utilizado el mismo procedimiento y metodología. Hemos tenido alguna crítica, pero nosotros trabajamos en las fosas que se nos solicita. Lo cierto es que en el lado nacional todo el esfuerzo se hizo durante el régimen de Franco. Se redactaron, además, informes oficiales sobre estos cadáveres». Y Francisco ha visto la misma reacción en todos los familiares, sean del 'lado' que sean: «Con nosotros, todos se muestran agradecidísimos; y en cuanto a los sentimientos, también son iguales. Es la tragedia que uno ha vivido y, aunque haya tenido mayor o menor apoyo, para todos es una injusticia. Les pasa la misma idea por la cabeza: 'Cómo habría sido mi vida si esto no hubiera pasado'».

Algo así se planteó Emilio Silva, presidente y fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuando decidió dejar su empleo en una revista (antes había trabajado en el programa 'Caiga quien caiga') y escribir una novela sobre su abuelo. Emilio Silva Faba, que así se llamaba, había vivido en Argentina y regentaba un negocio de Coloniales en la comarca leonesa del Bierzo (vendía desde vajillas hasta lotería e incluso daba comidas). Era un hombre culto, con recursos y que militaba en la Izquierda Republicana de Manuel Azaña. Había sido interventor de este partido y bajo sus siglas había pedido una escuela pública y laica. La Falange le exigía regularmente un impuesto y en uno de los pagos le detuvieron y le encerraron en el Ayuntamiento, que hacía las veces de prisión.

Era marzo de 1937. Su mujer, Modesta Santín, va con uno de sus seis hijos a llevarle comida y ropa limpia, pero sólo dejan pasar al niño, a Manolo, que apenas tiene seis años. El crío sale con el reloj de oro y con un sello con las iniciales de su padre. Modesta se teme lo peor y acierta con lo que está a punto de pasar: a su marido le trasladan junto a otros tres en una furgoneta a 30 kilómetros del pueblo. Les custodian cuatro miembros del partido de José Antonio. Dos de los detenidos tratan de huir. Uno muere alcanzado por las ráfagas de disparos y el otro consigue escapar. Seis meses más tarde le matarán, pero en ese transcurso de tiempo contacta con Modesta y le cuenta los detalles: «Pero mi abuela jamás dijo nada, yo pasaba temporadas con ella y nunca le oí hablar de mi abuelo. Los asesinos de su marido fueron los que gobernaron el pueblo. Ella, metafóricamente, tuvo que cavarse una fosa en la memoria».

Modesta falleció sin abrir ni la fosa de su memoria ni la que albergaba los restos de su marido. Su nieto Emilio lo hizo en su honor, quería que los restos de sus abuelos reposaran juntos. La supuesta novela, aquella con la que se inició todo, nunca se escribió y los avatares le llevaron a poder cumplir su deseo, como se pudieron satisfacer los de muchos que se unieron a la misma empresa: «Una de las únicas formas de superar el pasado es volver a él y darle un significado», asegura Silva, quien piensa que nuestra sociedad ha sido «extremadamente patológica» en esta cuestión. ¿Y ha hablado con las víctimas de la otra parte? «Tampoco mucho, porque en la posguerra se abrieron prácticamente todas sus fosas, salvo las que sus familiares no quisieron, como las de Paracuellos. Ellos tuvieron una investigación que fue la Causa General (1940) y que significó toda una política de reparación. Ojalá existiera ahora algo así».

Con ese anhelo también expresa su disconformidad con la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007: «La Ley no se responsabiliza de los problemas de los desaparecidos, en su mismo preámbulo dice que esta memoria es personal y familiar, lo que me parece condenarla a la clandestinidad. La desaparición forzada es lo más grave que existe en el Código Penal: conlleva secuestro, torturas, asesinato y ocultación de cadáver. Son cuatro delitos que no prescriben. Nosotros querríamos que la exhumación, la identificación y la entrega de restos a los familiares como algo simbólico fuera responsabilidad del Estado», reivindica Silva.

Junto a la fosa de La Legua, Etxeberria, el forense, ve una mejora con la norma: la financiación es algo más fácil. Y otro avance mucho mayor: la normalización de estos trabajos, es decir, que ya nadie se asuste por despertar con las excavadoras a los viejos fantasmas: «Años atrás todo parecía un problema, siempre había algún disgusto, alguna pega. Esto ya no pasa, todo funciona con calma. Los concejales de los pueblos, sean del partido que sean, te dan las facilidades. Y esto se agradece porque para nosotros es una forma ideal de trabajar». El resultado de la labor es, según su opinión, tranquilidad para las familias y cierre de heridas para el país: «Los antropólogos sociales se han fijado en cómo los medios de comunicación publican estas noticias y ya han medido cómo no se ha reabierto ninguna herida en la sociedad española. Y cuando los restos se han entregado en los ayuntamientos, en vez de un laboratorio, ha tenido un peso enorme para las familias, y ha simbolizado un valor cívico, humano y democrático».

Emilio Silva lo vivió con su abuelo y con los abuelos de otros (ha tenido que llegar la generación de los nietos para retomarlo): «Antes se hablaba con las ventanas cerradas, todos sabían las historias e incluso dónde estaban las fosas. Cuando se abren, se abren muchas más cosas y es una cuestión infinitamente terapeútica». Como fue para Ester Montoto, una mujer que perdió a su padre con dos años y esperó durante mucho tiempo a que llamara a la puerta. Vivió en La Habana. Ahora reside en Austin (Texas). Tuvo la necesidad de estar en la exhumación a pesar de la edad y el largo viaje: «Los seres humanos tienen la necesidad de ver los cadáveres de sus seres queridos para elaborar su duelo, porque si no les genera un desorden biográfico y emocional».

¿Reconciliación? «Absolutamente», contesta el forense, Francisco Etxeberria. «En los homenajes ves a personas de uno y otro bando porque son amigos o vecinos. Y a veces dicen cosas como 'te quería decir que tu madre tuvo mucho mérito por sacaros a todos adelante'. Frases como esa tienen hoy una fuerza inmensa».

¿ Porqué no la exhumación 45?

2011-05-07T11:31:00.000-07:00

Diario de Burgos.06-05-2011.

Merindad de Montija / Guerra civil

Loma de Montija, la exhumación nº 41

Entre las 41 fosas comunes de la Guerra Civil documentadas por el Ministerio de Justicia en Burgos, la última, con 24 cuerpos, fue exhumada entre los pasados días 24 y 28 de abril

El 5 de abril se localizó la fosa no 42 de la provincia en el Alto de la Mazorra. Este fin se semana será exhumada.

R. Valdivielso

A. Castellanos / Loma

El Ministerio de Justicia publicó ayer la lista de todas las fosas comunes localizadas en España, un pedazo desgarrador de nuestra historia. En Burgos contabiliza un total de 41, de las que 9 fueron exhumadas en la etapa franquista y los cuerpos llevados al Valle de los Caídos. Entre todas ellas, la última exhumación de cuerpos atrapados por el olvido se realizó entre los pasados días 24 y 28 de abril en Loma de Montija. Los expertos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, dirigidos por su presidente Paco Etxeberria, sacaron 24 cuerpos, 16 de ellos de vecinos de Gayangos.
Según los relatos de los familiares tomados por Etxeberria y su equipo, «los ocho restantes fueron detenidos en pueblos próximos en las mismas fechas y trasladados al calabozo en Espinosa de los Monteros». Allí se perdió su pista hasta ahora, en que una agrupación de familiares arropada por la Ley de la Memoria Histórica y el apoyo económico del Gobierno los ha buscado. Entre ellos se hallaba Gaspar Pereda González, «un labrador, un hombre del pueblo, de izquierdas».
La ubicación de la fosa fue fácil de hallar, porque uno de los que iba a ser fusilado en aquel lugar sobrevivió y pudo llegar al pueblo y contar lo sucedido. Más de la mitad de sus esqueletos tenía las manos atadas a la espalda. Y si desgarradora es la historia, más aún hechos como el sucedido al hijo y la esposa de uno de los fallecidos, «que un año después, cuando fueron a depositar un ramo de flores junto a la fosa, fueron apedreados por los vecinos», cuenta Etxeberria. Aquel niño tenía 11 años.
Su vivencia está unida a la de la fosa número 41, la última en ser exhumada y la última en ser contabilizada por el Ministerio de Justicia, pero este fin de semana, la Sociedad de Ciencias Aranzadi trabaja en la exhumación de entre 10 y 12 cuerpos en la que sería la fosa número 42 de Burgos, ubicada en el Alto de la Mazorra, en la Merindad de Valdivielso. DB contó su historia el pasado 6 de abril cuando se realizó la localización del enclave, donde yace Agapito Pereda, vecino de Quisicedo, y que el azar quiso que compartiera apellido con su homólogo en la fosa de Loma de Montija.
Además, Paco Etxeberria anuncia que su equipo ha contactado ya con los familiares de otras dos fosas ubicadas en Espinosa de los Monteros en el entorno del Monte Edilla, muy cerca del albergue juvenil. Una vez que las familias logren las ayudas económicas necesarias, «muy posiblemente el próximo año comencemos los trabajos de exhumación», explica.
Serán la 43 y 44, si antes no se localizan otras en el resto de la provincia. En el conjunto de Burgos, el antropólogo destaca la cantidad de fosas de la Ribera del Duero, «porque las represalias fueron mayores con los jornaleros sindicados, sobre todo, en zonas de vendimia como ésta». Adrada de Haza (2), Aranda de Duero (3), Berlangas de Rosa (1), La Horra (1), Milagros (1), Olmedillo de Roa (1), Vadocondes (2) y Villalba de Duero (4) son las poblaciones del sur de la provincia donde se han exhumado fosas.
En Las Merindades destaca la fosa del cementerio de Valdenoceda, con 151 cuerpos de presos del penal de la localidad, aunque también se hallaron en el Alfoz de Bricia, Villarcayo, Espinosa y Villasana de Mena, cuatro fosas de represaliados del bando franquista. En el resto de la provincia se reparten por Altable, Arenillas de Río de Pisuerga, Briviesca, Carcedo de Bureba, Covarrubias, Espinosa de Cervera, Quintanilla de la Mata, Rabanera del Pinar, San Juan del Monte, Sargentes de la Lora, Tubilla del Agua, Valle de Sedano, Villafranca Montes de Oca y Villamayor de los Montes

Publicado mapa de fosas

2011-05-07T11:22:00.001-07:00

Se ha publicado un mapa de fosas por parte del Ministerio de Justicia, podéis acceder pinchando en la siguiente imagen:

Me pregunto en nombre propio y creo que tambien en el del resto de los familiares de las personas "desaparecidas" en el monte estepar, ¿Donde está la fosa de Estepar?¿Como es posible que una de las fosas con mas personas no haya sido incluida en el mapa?

Ruego a todos los familiares que manden un escrito a través del siguiente enlace, facilitado por el propio Ministerio de Justicia para que manden los datos de sus familiares a ver si así, deciden incluirla, que digo yo, que esto no es un concurso ni nada parecida, sino información objetiva que me cuesta entender que no posean.

http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarBuzonInformacion.htm

Animo a todos los familiares y sigamos luchando por un entierro digno de cuantas personas esten en las fosas de España, independientemente y en contra de muchas opiniones interesadas, del bando en el que estuvieran.

Fdo.Administrador.

"Cuando te entregan los restos de tu familiar, el mundo cambia"

2010-10-24T09:04:00.000-07:00

Los hijos del primer fusilado del franquismo exhumado e identificado por ADN colocan una placa conmemorativa en la cuneta en la que arrancó la recuperación de la memoria histórica

El País.NATALIA JUNQUERA - Ponferrada - 24/10/2010

Emilio y Ramón Silva, hijos del primer fusilado del franquismo exhumado e identificado por ADN, han colocado hoy, 10 años después, en la cuneta de Priaranza del Bierzo (Ponferrada) de la que recuperaron sus restos, una placa que recordaba que aquella fosa "rompió el silencio sobre miles de desaparecidos y dio lugar al nacimiento de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica".

"Que sirva para todos los demás, para los que aún tienen a sus familiares perdidos", pidió Emilio Silva Santín, de 84 años, que tenía 7 cuando un grupo de falangistas fusiló a su padre y cuyo hijo preside la asociación. "Cuando se abre una fosa, recuperan los restos y te los entregan, el mundo cambia. Puedes volver a la vida normal. Porque siempre has sentido que te falta algo".

Ramón, que acompañó a su padre cuando lo detuvieron, recordó cómo su madre le llevó comida y todas las joyas que tenía en casa el primer día. "Al siguiente, fue a llevarle el desayuno y le dijeron que había saltado por una ventana y se había escapado". Emilio Silva Faba había sido, en realidad, paseado y fusilado junto a otros 12 hombres. "Con 14 años me puse a trabajar en el taller del hombre que había conducido la camioneta hasta la fosa. Me dijo quién había matado a mi padre, pero no lo puedo decir, y que antes de morir había dicho: 'Tenga en cuenta que tengo hijos'. El que disparó había sido expulsado de Renfe por pertenecer al Partido Comunista...".

"Pero se cambió de bando", prosigue el entonces alcalde de Priaranza, Daniel Fernández. "Todo el mundo conocía esta fosa. Mi padre había visto los cuerpos antes de enterrarlos porque entonces los dejaban unos días para que la gente los viera y cundiera el ejemplo. Un profesor incluso había traído aquí a sus alumnos. No tuve ninguna duda de que había que abrir esta fosa. Creo que todos estábamos esperando a que alguien diera el primer paso".

El primer paso fue aquella exhumación, que hoy han recordado los arqueólogos, antropólogos y forenses que intervinieron en la clausura de las jornadas por el décimo aniversario del movimiento para la recuperación de la memoria histórica. María Encina Prada, antropóloga física, contó que los huesos fueron analizados en un laboratorio improvisado en una casa del Ayuntamiento y que cuando los encontraron "fue un instante maravilloso, muy emocionante, en el que las familias se abrazaban y lloraban".

Prada lamentó que muchas de las personas que saben dónde están las fosas estén muriendo. "Es un trabajo contrarreloj". Mariluz González, arqueóloga, comentó que "la gente mayor sigue muy asustada. Aún hay mucho miedo". Francisco Etxeberria, presente en aquella primera exhumación y en muchas de las que vinieron después, recordó: "Hemos abierto fosas destrozadas por postes de teléfono y otras sepultadas por cinco metros de basura, que se habían convertido en vertederos". El forense mostró la pintada que les hicieron en una de esas exhumaciones: "Fueron ajusticiados, no asesinados. Rojos, os falta la memoria. Vencimos y venceremos" y firmada por Falange, la misma que luego denunció a Garzón.

Lourdes Herrasti, arqueóloga, aseguró que las exhumaciones habían "parado el revisionismo histórico de los que decían que el franquismo no había sido para tanto", porque, añadió, "no hay nada más indisimulable que una fosa común".

Mensajes de Garzón y Pilar Manjón

Anoche, el escritor Manuel Rivas, presentó un concierto por los 10 años de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, para "celebrar el silencio roto, el reencuentro con nuestros desaparecidos". Rivas comparó el trabajo de la asociación con la Odisea, "un proceso de reconstrucción de la memoria. Nuestra Ítaca es Priaranza", dijo.

En el acto, se reprodujeron las felicitaciones grabadas en vídeo de Pilar Manjón, presidenta de la asociación de víctimas del atentado del 11-M , que destacó la importancia "de resarcir la memoria de los que se fueron por una mano asesina que se los llevó"; del poeta Marcos Ana, la persona que más tiempo seguido -23 años- pasó en las cárceles franquistas, que lamentó que siga vigente "la historia de los vencedores"; y del juez Baltasar Garzón, que aseguró: "No puede haber democracia si la impunidad está presente".

'Se ha roto el silencio de los desaparecidos'

2010-10-24T09:00:00.000-07:00

ANIVERSARIO | 10 años de la apertura de la primera fosa

Restos en la exhumación de Piedrafita. | J. M. López

La Ley de Memoria es 'muy, muy, muy mejorable", según Santiago Macías
El testimonio de familiares ha sido principal para el mapa de fosas
Más de 200 fosas han sido abiertas desde el año 2000

El Mundo

Esther Mucientes | Madrid

Actualizado sábado 23/10/2010 11:41 horas

Una década se convierte en mucho cuando lo que está en juego es la memoria de los "olvidados". Y puede ser poco cuando cada avance, cada paso se hace eterno para los familiares que nunca han olvidado a los asesinados durante la Guerra Civil.

En esta década mucho ha sido el camino recorrido, pero no el suficiente. De aquel 23 de octubre del año 2000 en el que se exhumó la primera fosa en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo surgió un movimiento social de búsqueda de desaparecidos "que ha evolucionado en el tiempo y que ha abierto un debate necesario para transformar la patológica relación de nuestra sociedad con su pasado", afirman desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la mayor de España.

Mucho trabajo, mucho sacrificio, muchas frustraciones, pero al final un halo de luz que se produce con la satisfacción del trabajo bien hecho con el que "se ha roto el silencio de los desaparecidos". Es el balance después de 10 años de Santiago Macías, fundador de la Asociación para la Memoria Histórica, un colectivo que lleva años buscando los lugares en los que fueron enterrados víctimas de la represión en la zona franquista durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura.

Su balance, resumido en una sola frase, simboliza un largo proceso que pasa por dos pilares claves: las exhumaciones y las aperturas de fosas, cada vez más presentes en la sociedad.

"El fenómeno de las exhumaciones no es nuevo. Recién terminada la guerra civil, en los años 40, ya hubo exhumaciones de fosas, algunas de ellas documentadas incluso de forma oficial. Las exhumaciones para el traslado de cuerpos al Valle de los Caídos, también documentadas en su mayoría, comienzan en el año 1958", explica Francisco Ferrándiz, investigador del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en la presentación del proyecto 'Políticas de la Memoria', de reciente publicación y con el que se pretende evaluar el impacto que las exhumaciones tienen sobre la sociedad.

El testimonio de los familiares y de los testigos que aún viven ha sido la fuente principal para elaborar los mapas de fosas. Los registros, los documentos de los consejos de guerra que se practicaron tras el golpe del 36 o los archivos municipales también se han convertido en la Biblioteca Nacional para encontrarlos.

"La cifra de exhumaciones no se sabe con seguridad, porque no existen datos de todas las comunidades autónomas ni un registro central, pero se calcula que más de 200 fosas han sido abiertas desde el año 2000, casi todas ellas del bando republicano, aunque hay excepciones, como la fosa de Camuñas, en cuya excavación también participamos", explica Ferrándiz.

Más de 77.000 desaparecidos

Ver Exhumaciones en los últimos 10 años en un mapa más grande

Hay que saber que los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo ascienden a 42.131 en Andalucía, 8.851 en Castilla-La Mancha, 9.538 en Aragón, 9.486 en Extremadura, 3.338 en Cataluña, 2.535 en Cantabria y 1.900 en el País Vasco, según los datos que maneja la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo. Cifras que poco a poco se han ido convirtiendo en nombres.

Palabras como fosa común, memoria histórica, desaparecidos, ley de la memoria... olvidadas y, en ocasiones, escondidas del vocabulario están más presentes que nunca. Pero, hasta llegar al momento en el que se encuentran hoy se ha tenido que librar batallas muy duras. Aunque muchos eran conscientes de que España era una gran fosa común y que cientos de familiares clamaban por encontrar a sus caídos, el debate no salía a la calle. Unos dicen que por miedo, otros porque la sociedad aún no estaba preparada.

"El hecho de que este tema haya saltado a la política es todo un hito para nosotros. Empezamos con nada y acabamos mostrando que este problema existía", explica Macías.

No sólo los medios de comunicación comenzaron a escuchar estas voces, sino que los grupos políticos también empezaron su pequeño levantamiento. Con la recuperación de los 13 cuerpos de civiles republicanos de Priaranza se abrió el debate parlamentario, que el PP, en aquellas fechas en el Gobierno, cortó rápidamente posicionándose en contra de las exhumaciones.

La voz se volvía a apagar y no se escuchaba de nuevo entre los poderes públicos hasta que el programa de José Luis Rodríguez Zapatero lo incluyó de forma superficial en las elecciones 2004. En él prometía la creación de un Centro Estatal de Documentación e Investigación Histórica sobre la Guerra Civil y el Franquismo, dentro del área de cultura.

La Ley de Memoria Histórica

Con ello, el 31 de octubre de 2007 el Congreso de los Diputados daba luz verde a uno de los momentos más importantes en estos dos lustros: la Ley de Memoria Histórica por la que "se reconocen y se amplían los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura". El texto incluía el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra y la dictadura, y la apertura de fosas comunes en las que yacen los restos de represaliados.

Sin embargo, para los más implicados, para los que quieren recuperar realmente la memoria de sus familiares, la Ley es insuficiente. Hace faltan más pasos, más medidas, como asegura Macías, que califica la Ley de "muy, muy, muy mejorable", ya que "todavía no garantiza a los familiares recuperar a sus desaparecidos".

Una opinión que también se comparte en cierto modo desde el PSOE, que considera que todavía queda mucho por hacer, pero de la que hace un balance positivo, porque ha supuesto importantes avances en la reparación a las víctimas, en mejoras económicas... "Ha sido muy positiva, pero ha sido insuficiente. La Ley pretendía unificar a los poderes públicos para que tuvieran una función proactiva", explica el diputado socialista y ponente en la comisión de la Ley de Memoria, Juan Antonio Barrio.

Pero con la Ley también nació la polémica. Algunos hablaron de que se reabrían heridas innecesarias, pero otros, los que quieren cerrar un capítulo negro de la historia de España, aplaudieron la ley que en parte les devolvería lo que durante tantos habían reclamado. Con el texto, el Estado se comprometía a ayudar a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión franquista.

Aún así, las asociaciones reclaman que después de todos estos años y siguiendo el ejemplo de otros países sea el Estado quien lleve a cabo este trabajo. "Pensamos que es una labor de Estado y que es el Estado el que se tiene que preocupar, pero sabemos que van a pasar muchos años hasta que eso ocurra", lamenta Macías.

En este sentido Barrio cree que hay que continuar con las subvenciones y sobre todo dar "un nuevo impulso coordinador" entre los poderes públicos. "El Estado debería ver cómo se puede unificar una respuesta", y añade: "La reparación a las víctimas era uno de los temas que no ha permitido cerrar heridas abiertas".

Según datos del Ejecutivo, gracias a la ley se puso en marcha una oficina de atención a las víctimas de la Guerra Civil, que ha recibido más de 9.200 consultas desde 2008 hasta septiembre de 2009.

Mientras tanto, se sigue trabajando en la elaboración del mapa de los lugares de inhumación y en octubre de 2009 se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 una partida de dos millones de euros para facilitar las exhumaciones de fosas y agilizar el traslado de los restos humanos si lo piden los familiares.

Pero fue en 2008 cuando la memoria histórica llegó a uno de sus puntos más importantes cuando el juez Baltasar Garzón cual Quijote contra los molinos ordenó abrir 19 fosas de la Guerra Civil, incluida la Federico García Lorca. Una decisión que le costó muy cara al magistrado. Fue suspendido cautelarmente como juez de la Audiencia Nacional por el Consejo General del Poder Judicial, después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela acordara la apertura de juicio oral contra éste por presunta prevaricación por la decisión de declararse competente para investigar los crímenes de la represión franquista.

Pese a ello, los familiares de las víctimas no han desistido y las asociaciones de Memoria Histórica siguen buscando por su cuenta y realizando excavaciones con la ayuda de miles de voluntarios. Todavía quedan por recuperar a muchos olvidados.

Convocatoria de la ARMH

2010-04-15T07:25:00.000-07:00

NECESITAMOS QUE NOS ECHES UNA MANO Y PARTICIPES EN UNA CONCENTRACIÓN PERMANENTE DE APOYO AL JUEZ BALTASAR GARZÓN Y PARA QUE INVESTIGAR LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO SEA POSIBLE Y NO SEA CONSIDERADO UN DELITO

Desde hoy 14 de abril, y a partir de las 12 de la mañana, comienza un encierro permanente en la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid (C/San Bernardo, 49 de Madrid). Junto a la Fundación Contamíname vamos para desarrollar a lo largo de dos semanas acciones reivindicativas dirigidas a protestar por la situación que están viviendo las víctimas del franquismo que no tienen derecho a la justicia y por la persecución que está padeciendo el juez Baltasar Garzón por haber tratado de desentrañar los crímenes del franquismo.
Necesitamos ayuda de gente que quiera arrimar el hombro para llevar a cabo actividades, una programación cultural o atender a la gente que se pasa por allí, grabar testimonios de algunas víctimas del franquismo que quieren donar el suyo, etc,….
Pensamos que este es un momento trascendental para nuestra democracia y que tenemos que defender de manera especial la memoria de quienes iniciaron en nuestra sociedad el camino a la democracia. Si te apetece participar o asistir a los actos que se vayan desarrollando: proyecciones, coloquios, conciertos, etc,….. sigue la programación que se irá planificando a través de la web de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (www.memoriahistorica.org) o búscanos en Facebook.
Y por favor: ¡PÁSALO Y PÁSATEEEEEE!

ENCIERRO PERMANENTE:
Lugar: Facultad de Relaciones Laborales, calle San bernardo 49, Madrid.
A partir de hoy, 14 de abril de 2010, de 10 a 20 horas.

Los restos de dos burgaleses de la fosa de Valdenoceda llegarán a sus familiares

2010-03-03T03:23:00.001-08:00

Diario de Burgos.03/03/2010

La Agrupación de Familiares y Amigos de Fallecidos en la Prisión de Valdenoceda los entregará el sábado junto a los de otros 13 hombres

Las familias de los burgaleses Anesio Rodríguez Martínez y Antonio Salazar Martín podrán recoger el sábado sus restos 71 años después de su muerte. Lo harán en un acto convocado por la Agrupación de Familiares y Amigos de Fallecidos en la Prisión de Valdenoceda, que se celebrará en el Ateneo de Madrid y en el que también se hará entrega de los restos de otros tres hombres. Para todos sus seres queridos ya se ha disipado una incertidumbre arrastrada desde la contienda civil.
Anesio Rodríguez nació en la localidad de Higón, en el Alfoz de Santa Gadea, y Antonio Salazar, en Sasamón. Junto a ellos también ha sido identificado David Díez Guinea, nacido en la localidad vizcaína de Orduña, pero que vivió y desarrolló la mayor parte de su trayectoria en la población de Villanueva Carrales, en el Alfoz de Bricia. Ellos forman parte del grupo de 15 personas identificadas con pruebas de ADN de entre las 114 exhumadas de la fosa común del cementerio de Valdenoceda a lo largo de la campaña realizada por esta agrupación en 2007 con el apoyo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Junto a los tres burgaleses, el resto proceden en su mayoría de La Mancha y Andalucía.
Todos los restos se encuentran en Madrid, donde primero pasaron por un estudio antropológico de los huesos y ahora están siendo sometidos a las pruebas de ADN para compararlo con el de 35 familias que la agrupación ha logrado localizar. El paradero del resto de familiares de los 153 presos enterrados en Valdenoceda, de los que se conoce su nombre gracias al registro de las defunciones en el archivo del Ayuntamiento de la Merindad de Valdivielso, no se ha logrado localizar.
En catorce casos, los estudios osteológicos han servido para identificar sin apenas dudas a los fallecidos, pero sus familias no han aparecido y no hay con quien cotejar las pruebas de ADN, que se están realizando gracias a nueva ayuda de 60.000 euros obtenida por la Agrupación gracias a la Ley de Memoria Histórica. La primera que obtuvieron, de la misma cuantía, la destinaron a los trabajos de exhumación. Así pues, aún queda trabajo por delante a la agrupación, que impulsó José María González y que cada 17 de abril rinde homenaje a los miles de hombres que pasaron por los muros de este penal de castigo entre 1938 y 1943

Los restos de dos burgaleses de la fosa de Valdenoceda llegarán a sus familiares

2010-03-03T03:23:00.000-08:00

Diario de Burgos.03/03/2010

La Agrupación de Familiares y Amigos de Fallecidos en la Prisión de Valdenoceda los entregará el sábado junto a los de otros 13 hombres

Algunos restos exhumados en la fosa común de Valdenoceda.

DB

A.C. / Valdenoceda

Respetar la memoria histórica

2010-02-27T04:04:00.001-08:00

CEFERINO ÁLVAREZ - El País.Miraflores de la Sierra, Madrid - 24/02/2010

Yo también, como Félix de Azúa, estoy a favor de la memoria histórica. Porque si se calla la memoria, muere la vida. Por eso quiero oír las voces de los que aún pueden gritar que la historia de España no fue lo que nos contaron, que hay hombres y mujeres asesinados vilmente por los franquistas y que tenemos la obligación de respetar la memoria de esos republicanos y republicanas que fueron ignorados durante tanto tiempo.

Estoy a favor de dar la palabra a todos los que defendieron un régimen aprobado por los españoles, estoy a favor de saber lo que fueron 40 años de fascismo, estoy a favor de que no se borren los nombres de los que sufrieron por la libertad de mi país, estoy a favor de que los asesinos no merezcan ningún reconocimiento. España se merece que su memoria se reconozca oficialmente y que el futuro sea lleno de verdad gracias a las memorias.

Rojas rescata la identidad de las víctimas ribereñas del franquismo

2010-02-27T03:52:00.000-08:00

Diario de Burgos

Acaba de editar el libro ‘Semilla de Libertad’ en el que saca a la luz una exhaustiva relación con los alrededor de 1.100 ajusticiados en las comarcas de Aranda, Roa, Lerma y Pinares

José María Rojas posa con la portada del libro ilustrada con una foto de la fosa de La Andaya cubierta de claveles.

P.S.

J.C.O. / Aranda

Semilla de libertad; ese es elocuente y ‘tributario’ título del libro con el que ribereño José María Rojas, responsable comarcal de Izquierda Republicana y miembro de la Asociación para la Recuperación Histórica, acaba de editar para rendir homenaje a las víctimas de la represión franquista en la zona sur de la provincia burgalesa.
La obra, que presentó ayer, recoge una exhaustiva relación de las personas que fueron asesinadas en la comarca durante los primeros meses del denominado ‘alzamiento nacional’ contra el régimen legalmente instituido de la República y los datos que Rojas ha ido recopilando de cada uno de ellos a lo largo de siete largos años de investigaciones. Un periplo de miles de kilómetros y cientos de horas visitando a los mayores de cada pueblo «con mucho dolor y muchas lágrimas, escuchando historias dramáticas».
Una publicación cuya necesidad justifica en las peticiones que le realizaron muchos de los familiares de los ajusticiados, que reclamaban que se hiciera algo más además de sacarlos de las fosas donde estaban y recuperar su identidad. «Pedían que sus nombres nunca se perdieran en el olvido, como pretendían sus asesinos. Se han puesto placas en diversos lugares recordándoles y para honrar esa memoria y como un último homenaje a todos ellos está este libro», argumenta.
Semilla de libertad no pretende abordar un análisis histórico, sino denunciar la sinrazón de unos crímenes que han quedado sin castigo poniendo de manifiesto que es necesario que las generaciones futuras conozcan la verdad «con el único objetivo de no caer en el mismo error». «¿Cómo se puede justificar el asesinato de un niño de 14 años? ¿Cómo explicar el asesinato de un deficiente psíquico y físico? ¿Cómo el de una mujer embarazada de 8 meses?», se pregunta.
En el libro, que prologa el presidente de la ARMH, Emilio Silva, aparece un listado de alrededor de 1.100 represaliados de un total de 107 poblaciones de las comarcas de Aranda, Roa, Lerma y Pinares. Una relación de la que Rojas subraya que tan solo dos o tres personas fueron sometidas a juicio. Un listado de víctimas con nombres, apellidos y apodos, e incluso fotografías y una pequeña biografía en los casos en que ha sido posible recopilarla, y la fecha de su asesinato y del lugar donde fueron enterrados.
Rojas reconoce que puede haber algunos errores en cuanto a los datos de los fusilados, pero justifica la urgencia de la publicación. «A pesar de tantos años se ha hecho muy deprisa porque yo veía que la gente que nos lo pedía se muere, son gente muy mayor, y decidí que antes de que alguno más se me quedara en el camino les tenía que dar esta gran alegría y poder ver que está ahí su padre, ver su fotografía, ver que se le va a recordar».
Un trabajo en el que ha optado ex profeso por omitir la identidad de los verdugos, que en muchos casos obra en su poder, por respeto a los descendientes «ya que los hijos no tienen por qué pagar las culpas de los padres».
Al margen de las víctimas de la represión Rojas ha querido incorporar dos interesantes relaciones de los fallecidos en el campo de concentración creado en 1937 en las naves del ferrocarril Madrid-Irún, que llegó a albergar hasta 3.500 prisioneros, y en el hospital militar, ubicado en el actual Colegio Castilla, obtenidas del libro de enterramientos del Cementerio de San Gil.

Las víctimas de la Guerra Civil ya tienen oficina en Madrid

2009-03-21T09:56:00.000-07:00

La ARMH y Psicólogos sin fronteras abren un centro de atención a los familiares

NATALIA JUNQUERA -EL PAIS- Madrid - 17/03/2009

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en colaboración con Psicólogos sin Fronteras inaugura mañana en Madrid una oficina de atención a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. De momento, cuenta con siete empleados, que orientarán a las víctimas sobre qué ayudas pueden solicitar al Gobierno o cómo y dónde empezar a buscar a sus familiares desaparecidos durante la contienda. La oficina, ubicada en la calle Francisco Madariaga, 30, estará abierta todos los miércoles de 18 a 21 horas. Los empleados, que trabajan de forma altruista, también grabarán testimonios de los familiares, si lo desean, y organizarán charlas de supervivientes en colegios así como coloquios para tratar de divulgar la historia de los vencidos.

"Hay mucha gente que necesita ayuda y mucha gente que necesita ayudar. Por eso decidimos abrirla", explica uno de los coordinadores de la oficina, Carlos Agüero. "El Ministerio de Justicia dijo que abriría una oficina, pero estas personas no tienen tiempo para esperar. El Gobierno ya tardó demasiados años en aprobar la Ley de Memoria Histórica.", añade. La oficina que el Ministerio de Justicia anunció el pasado mes de diciembre, "no existe", según el propio ministerio. "Se abrirá próximamente", aseguran.

La oficina de la ARMH contará también con un trabajador social para atender la delicada situación de algunas de las víctimas. "Hay personas muy mayores en situaciones dramáticas, con pensiones mínimas y vamos a intentar prestar también ese servicio", explica Agüero. "Y si alguien quiere trabajar como voluntario, le daremos la formación necesaria para poder hacerlo".

Un tupido Velo

2009-01-20T07:59:00.000-08:00

Un tupido velo

140.000 muertos invisibles

BENJAMÍN PRADO 18/01/2009 El País.

Sus cuerpos e historias siguen ocultos. Españoles asesinados en 1936 y 1951 y enterrados dos veces, en realidad. Entonces, por la Guerra Civil, y ahora, por las trabas burocráticas de todo signo político y la excusa de que el olvido mejora la convivencia.

No se sabe quién los mató, pero sí quiénes no van a desenterrarlos: esas personas a las que el poeta Juan Gelman ha descrito como "los organizadores del olvido" y cuyo trabajo en España ha sido tan eficaz que aún hoy -cuando se cumplen 70 años del final de la Guerra Civil y 30 de la llegada de la democracia- quedan decenas de miles de víctimas de la dictadura enterradas en las innumerables fosas comunes que cruzan el país igual que una cicatriz siniestra y a las que, según la lista que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica le entregó al juez Baltasar Garzón cuando éste inició una causa para investigar el paradero de los asesinados por los golpistas entre julio de 1936 y diciembre de 1951, fueron a parar al menos 130.137 personas en España y 7.000 más en campos de concentración en el extranjero.

Una cifra imponente que, sin embargo, algunos quieren que sea invisible, como pudo comprobar el magistrado de la Audiencia Nacional nada más poner en marcha su proceso, al requerir a diversas instituciones datos sobre los desaparecidos y encontrarse con que esclarecer aquella cacería humana iba a ser difícil, porque muchos de los silencios y escondites legales en los que se ha basado la inmunidad de los represores o de sus cómplices parecen invulnerables, y porque una parte de la verdad está enterrada en los sótanos de la Transición y la blindan pactos como la Ley de Amnistía del año 1977, que es preconstitucional, o los Acuerdos suscritos en 1979 con el Vaticano.

La primera indultaba "los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ello, tipificados en el Código de Justicia Militar", y "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, los funcionarios y agentes del orden público (...) contra el ejercicio de los derechos de las personas". Los segundos sancionaban que el Estado respetaría "la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las curias episcopales, a las curias de los superiores mayores de las órdenes y congregaciones religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclesiásticas". El narrador Adolfo Bioy Casares hablaba de Argentina cuando dijo que el problema de su país era que allí "el olvido corre más ligero que la historia", pero también podría haber estado hablando de España.

Sin embargo, nada de eso existe para las víctimas, cuyos relojes se quedan parados a la hora del drama, ni para sus familiares, que quieren regresar al pasado para saber, para rehabilitar la memoria de sus parientes, devolverles la dignidad o sacarlos de la ignominiosa tumba clandestina a la que fueron arrojados por sus ejecutores; porque mientras eso no suceda, tal y como recordaron primero el novelista Primo Levi y luego el propio Gelman, los herederos del horror seguirán oyendo gritar a sus desaparecidos el poema de Coleridge que dice: "Desde entonces, a una hora incierta / la agonía vuelve; / y hasta que mi historia espantosa sea contada / mi corazón seguirá quemándose en mí". Un hombre que ha sobrevivido a Auschwitz sólo el tiempo que necesitaba para reunir el valor de suicidarse, y otro cuyo hijo y nuera han sido asesinados por los militares argentinos, deben de saber muy bien lo que hiere y consume ese fuego. Y también lo saben, aquí y ahora, muchos hijos y nietos de republicanos españoles que aún no han sido rehabilitados y que, al ver cómo sus familiares parecen haber sido enterrados dos veces, una bajo la tierra fúnebre de la tiranía y otra bajo la burocracia de la libertad, sin duda estarán de acuerdo con el historiador Paul Preston, que sostiene que ésa, entre otras, es la prueba de que el general Franco tenía al menos parte de razón cuando dijo que lo dejaba todo "atado y bien atado" para después de su muerte.

Lo cierto es que el mundo ha cambiado mucho, pero en algunas cosas sólo para que las mismas injusticias se puedan medir con aparatos más sofisticados... y seguir sin repararse. No deja de ser tremendo que en pleno siglo XXI se pueda entrar en Internet y usar Google Maps para ver fosas comunes como la del cementerio de San Rafael, en Málaga, de la que ya se han sacado muchos de los entre 4.000 y 5.000 cuerpos que se calcula que están allí sepultados.

El camino de quienes intentan recuperar los restos de los suyos ha sido largo y solitario, y aún hoy tiene más curvas que rectas, puesto que las trabas legales que dificultan cualquier iniciativa al respecto son interminables y porque la ayuda oficial que han recibido por parte de los diferentes Gobiernos de la democracia ha sido más pequeña cuanto más grande era la polémica que se creaba cada vez que se ponía el tema sobre la mesa, con lo que al final siempre han estado solos, en una zona de nadie situada entre los que se oponen ferozmente a las exhumaciones y los que tienen miedo de esa ferocidad. "La memoria, malla a malla, / me cubre armando su mundo", dice en uno de sus poemas Jorge Guillén, y mucha gente se ha debido de sentir así en nuestro país, atrapada en la red de las preguntas sin respuesta y los derechos vulnerados, al margen de la normalidad democrática que disfrutaban los otros. La última decepción, que fue muy dolorosa porque había levantado enormes expectativas, se produjo cuando el juez Garzón, que, entre otras cosas, les quería dar a las atrocidades del franquismo la categoría de crímenes contra la humanidad, un grado que evita que los delitos prescriban o sean amnistiados, fue sometido a una presión tan asfixiante a izquierda y derecha, tanto por parte del fiscal general del Estado como de la sección más conservadora del Poder Judicial, que se vio obligado a inhibirse de la investigación en favor de los juzgados territoriales de los lugares en los que se encuentran algunas de las fosas conocidas, para que ellos decidan si siguen adelante o no.

Será difícil que la mayor parte lo haga, porque dar ese paso los alejaría de la Audiencia Nacional, que se ha declarado incompetente en ese asunto y cuyos magistrados se han opuesto por mayoría a que se indaguen aquellos sucesos al detener la causa con una sentencia del Tribunal Supremo. Su decisión habrá alegrado, sin duda, a quienes encierran la historia de la represión en un círculo paradójico, cuyo argumento de que sacar a un republicano de una fosa común es un desafío a la convivencia democrática, se parece bastante al que se utilizaba para enterrarlos en ellas, acusándolos de "auxilio a la rebelión".

Detrás de los familiares, sin embargo, no está el vacío, a pesar de los muchos huecos que deja la controvertida Ley de Memoria Histórica, en la que se dice que "el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión", algo que en la práctica no ha ocurrido ni parece que vaya a ocurrir tras aprobar el Gobierno, en diciembre de 2008, la creación de una Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, que realizará un mapa de las fosas existentes y promoverá "la cooperación institucional en los desenterramientos". Son compromisos ligeros, promesas que ofrecen, como mucho, todo lo que pueden dar de sí palabras como "ayuda" o "cooperación".

Partiendo de esa base, el borrador que ha presentado el Gobierno concluye que los familiares de las víctimas llevarán a cabo las exhumaciones "con sus propios medios o con los que se aporten mediante la suscripción de los correspondientes convenios o contratos" y, en realidad, se desentiende del asunto al comunicar que para poder realizarlas "será necesaria la autorización de la Comunidad Autónoma correspondiente y de los órganos de gobierno de la entidad local donde se ubiquen los restos".

Es decir, que la apertura o no de una fosa de la Guerra Civil dependerá del dinero de los particulares y del criterio de cada Administración autonómica. El Gobierno contribuye a la tarea, desde hace dos años, con una subvención testimonial de 120.000 euros anuales.

Por fortuna para los afectados, esos huecos los llenan, hasta donde pueden, organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que son las que se han encargado de las exhumaciones. Tal vez, la diferencia es que la gente que las dirige no trata ese drama sólo como un asunto político, sino en primer lugar como una tragedia humana, lo cual parece más que coherente, dado el tiempo transcurrido. Lo raro es lo contrario, interpretar la rehabilitación de las víctimas como un ajuste de cuentas o como una provocación y llegar a decir, tal y como se ha hecho desde el rincón más reaccionario de nuestra sociedad, que sacar a un familiar de una fosa común para darle una tumba digna es querer ganar la Guerra Civil a los 70 años de haberla perdido. Un puro disparate que, eso sí, tiene una vez más como coartada la Transición, puesto que quienes lo mantienen han acusado a los defensores de la memoria histórica de "querer establecer la legitimidad democrática en 1931, en lugar de en 1978".

Tal vez lo que ocurre es que, como ha dicho en alguna ocasión uno de los miembros del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, para algunos, "la legalidad emanada del franquismo se considera igual a la emanada de un Parlamento democrático". Algunas personas aún sienten miedo cuando se producen estos debates, seguramente porque piensan que si los viejos antagonismos se reavivan con tanta facilidad es porque la hoguera nunca se ha llegado a apagar del todo y podría volver a quemarnos.

Mientras en España unos hablan del futuro como único antídoto del pasado y otros intentan explicarles que la manera de avanzar en la historia es pasar página, pero no arrancarla, Amnistía Internacional (AI) ha realizado varios informes en los que se pregunta por qué España intervino judicialmente en los casos de las dictaduras chilena y argentina, pidiendo la extradición de Augusto Pinochet o condenando al ex militar argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad, y sin embargo "no ha sido capaz de ofrecer verdad, justicia y reparación para las víctimas de su propio país durante la Guerra Civil y el régimen franquista", lo que hace evidente la originalidad macabra de nuestro país, "que es el único caso donde no se ha avanzado prácticamente nada 70 años después de la Guerra Civil".

Los tres jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que apoyaban a Garzón consideran que el magistrado perseguía "crímenes contra la humanidad" y actos de "violencia política institucionalizada y terrorismo de Estado" que fueron "acciones militares y paramilitares dirigidas contra la población civil, ataques, represalias y actos de violencia cuya finalidad principal fuera atemorizarla", y que, por tanto, constituyen hechos que se encontrarían "en permanente estado de consumación, según el derecho internacional y el derecho interno", por lo que la Audiencia Nacional sí podría haberse declarado competente para investigarlos y por lo cual ahora podría perseguirlos cualquier otro país.

De momento, la justicia española ha propiciado una victoria en toda regla de aquellos "legisladores del olvido" a quienes Juan Gelman lanza la acusación tremenda de "promover la continuidad civil, bajo otras formas, del pensamiento militar". Un pensamiento que en la cuestión que estamos tratando, y en lo que se refiere a aquel ejército sedicioso de 1936 y a los grupos como Falange que le acompañaron en su campaña de exterminio, no necesita palabras para ser explicado, porque basta con los números que le ponen al desastre las casi 140.000 personas cuyos nombres le fueron entregados al juez Garzón y que son la suma de las 4.000 que fueron enterradas junto al cementerio de Mérida; más las 2.000 que se calcula que están en el de la Almudena, en Madrid; las 1.600 del de Oviedo; las 6.000 de los campos granadinos de Órgiva y Víznar, donde está Federico García Lorca; las al menos 2.000 de Badajoz y las 15.000 de toda Extremadura; las 4.000 o 5.000 de Málaga; las más de 1.000 de Teruel; las casi 12.000 que fueron exterminadas en Córdoba; las cerca de 15.000 en toda Galicia...

Y así hasta completar la escalofriante cifra del dolor, que, por otra parte, siempre será aproximada, puesto que las dimensiones de aquel espanto son incalculables y, sobre todo, indemostrables, porque no existe forma de encontrar a muchos, por ejemplo, a los que fueron arrojados al mar en las islas Canarias y en otros muchos lugares, atados de pies y manos y con un peso amarrado con una soga al cuello. En un debate televisivo con el comunista Santiago Carrillo, el fundador del Partido Popular y antiguo ministro de la dictadura, Manuel Fraga, dio un ejemplo, cercano a la parodia, de esa mentalidad castrense de algunos civiles a la que se refería Gelman, al oponerse de forma tajante a la apertura de las fosas con un razonamiento que pareció una orden: "Hay que recordar lo que hay que recordar; y lo demás, olvidarlo". El problema del verbo olvidar es que es lo contrario del verbo saber. El último de los manifiestos hechos públicos por AI, en noviembre de 2008, llevaba un título muy explícito: Para pasar página, primero hay que leerla.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se inició como una aventura personal cuando el periodista Emilio Silva se decidió a reunir a un grupo de arqueólogos forenses para exhumar los restos de su abuelo, un militante de Izquierda Republicana que había sido asesinado y enterrado, junto a otros compañeros, en un pueblo de León. Después, se ha transformado en la principal organización destinada a canalizar las reclamaciones de miles de familias que también quieren recuperar a los suyos. En sus nueve años de existencia, y gracias al trabajo de los voluntarios que realizan las excavaciones, la ARMH ha recuperado los huesos de unas 4.000 personas, pero no sólo eso: también ha sacado a la luz sus historias, que vistas de una en una le dan una dimensión distinta a la tragedia y que al pormenorizarse se salvan del peligro que toda generalización conlleva, que es el de reducir cada odisea personal a un simple tanto por ciento del drama colectivo.

Una metáfora emocionante de la intensidad de los sentimientos de tantas personas afectadas por las calamidades de la Guerra Civil y la dictadura fue la decisión de Modesta, la abuela de Emilio Silva, que antes de morir mandó que grabaran en la lápida de su sepultura el nombre de su marido para que lo llevasen con ella cuando lo encontraran.

Otros tuvieron, dentro de lo que cabe, más suerte, como Obdulia Granada, superviviente de un paseo llevado a cabo por una banda de falangistas, comandada por un canalla apodado el 501 por el número de ciudadanos que había asesinado en la zona, que una madrugada de octubre de 1936 mató en Candeleda, Ávila, a tres mujeres: Virtudes de la Puente, de 53 años; Valeriana Granada, de 26, y Pilar Espinosa, de 43, la madre de Obdulia. Una de ellas, acusada de ser protestante, y otra, de leer El Socialista. En el camión en el que las metieron también iban Obdulia -que entonces contaba 14 años- y la hija de Valeriana, embarazada de dos meses, Heliodora, que tenía 2 años.

Mientras los arqueólogos de la ARMH recuperaban los restos de las tres mujeres, Obdulia recordaba aquel día horrible, contaba que algo hizo cambiar de opinión a los bandidos, que de pronto ordenaron parar el vehículo y las mandaron a ella y a Heliodora de vuelta a casa. Las tres mujeres fueron fusiladas y a Valeriana le abrieron el vientre, le arrancaron el feto y la rellenaron de hierbas. Los cuerpos quedaron a la intemperie, para que sirvieran de escarmiento a sus vecinos. Uno de ellos, el que se atrevió a enterrarlos y a poner sobre la fosa una piedra que sirviese de señal, murió una semana después a causa de la depresión insufrible en que lo había sumido aquel espectáculo macabro. Obdulia y Heliodora pudieron, al menos, recuperar los huesos de sus madres y depositarlos en un lugar decente.

Un buen ejemplo de la distancia que hay entre la frialdad de las decisiones políticas y los sentimientos de los damnificados por el olvido, lo simboliza el caso del Valle de los Caídos, que era una de las tumbas que mandaba abrir el juez Garzón en sus primeras diligencias y en la que se estima que casi la mitad de los alrededor de 50.000 cuerpos que acoge son republicanos robados de sus tumbas furtivas por los vencedores, que así los mancillaron dos veces. Mirándolo de una manera global, la orden de sacarlos de la cripta del monumento les pareció a muchos una provocación. Pero si lo miras de forma individualizada se convierte en otra cosa, porque entonces conoces, por ejemplo, la historia de seis hombres y una mujer secuestrados por los falangistas en Pajares de Adaja (Ávila), asesinados en el pueblo de Aldeaseca, arrojados a un pozo por un vecino al que los pistoleros obligaron a hacer desaparecer los cadáveres, y cuyos cuerpos fueros sacados de allí en secreto, 23 años más tarde, para ayudar a llenar con ellos la fosa del Valle de los Caídos, para la cual la dictadura no contaba con suficientes muertos. Las familias estuvieron décadas sin saber hasta qué punto serían ciertos los rumores que hablaban del traslado al Valle de los Caídos, y sólo supieron la verdad cuando el pozo fue sondeado y allí sólo aparecieron un cráneo, algunas piezas dentales y el dedal de la mujer ajusticiada aquella noche sanguinaria de 1936.

El dictador no había podido llenar su monumento fúnebre con las víctimas de su bando, como pretendía, porque al acabar el mausoleo, a los 20 años de haber empezado a construirlo, la gran mayoría de las viudas de combatientes franquistas que fueron preguntadas se negó a autorizar la exhumación y el traslado de los restos de sus maridos. El problema fue resuelto cuando el Ministerio de la Gobernación pidió su colaboración a numerosos ayuntamientos de toda España y muchos municipios contestaron que no podían disponer de muertos franquistas, pero sí de los que estaban en las "fosas del ejército rojo". El hijo de uno de aquellos siete fusilados en Aldeaseca jura que no descansará "hasta llevarme a mi padre y a sus seis compañeros de vuelta a casa". El porqué de esa determinación lo explica el nieto de otro soldado republicano, llamado Joan Colom, que murió de tifus en una prisión de Lérida y cuya viuda siempre creyó que estaba enterrado en una fosa común en el cementerio de la ciudad, por lo que ella y sus hijos iban allí a menudo a llevarle flores. Sus descendientes dicen que "no se resignan a dejarle en ese lugar siniestro". Afirman que a su abuela "le hubiera revuelto el estómago saber que su marido está enterrado al lado de su verdugo", y se apoyan en un silogismo difícil de desmontar: "Si el dictador pudo profanar tumbas y robar cadáveres, ¿por qué no vamos a poder nosotros, en plena democracia, recuperar su cuerpo y enterrarlo con sus seres queridos?".

Mientras la respuesta a esas preguntas llega, el tiempo pasa, y poco a poco los familiares de los represaliados van desapareciendo sin ver cumplida su sed de justicia. Por eso la ARMH y otras organizaciones como el Foro por la Memoria continúan su trabajo en toda España e intentan saldar esa cuenta pendiente que la democracia tiene con muchas víctimas de la dictadura, con las cuales los diferentes Gobiernos que han dirigido el país desde 1977 se han comportado con una cicatería que, por poner un ejemplo ofensivo, sería impensable si estuviéramos hablando de víctimas del terrorismo de ETA.

Otros prefieren el negacionismo, se esfuerzan por poner el marcador de la muerte a cero y pretenden desacreditar cualquier intento de enjuiciar e incluso de estudiar las atrocidades del franquismo. Cuando publiqué mi novela Mala gente que camina, cuyo tema es el secuestro de niños por parte de los vencedores de la Guerra Civil, algún periódico tituló su información de esta manera: Prado novela en su última obra un supuesto robo de niños a presas republicanas. Según los últimos estudios, esos niños pudieron ser casi 30.000, e identificarlos era otra de las misiones que perseguía la causa abierta por el juez Baltasar Garzón. Pero, naturalmente, la Audiencia Nacional también se ha declarado incompetente para realizar esas pesquisas. Pura magia negra, la de esos magos del olvido que, con sólo lavarse las manos, pueden hacer invisibles a miles de mártires de la barbarie.

2008-12-19T02:45:00.000-08:00

LAS NORMAS DE EXHUMACIÓN DE VÍCTIMAS ELABORADAS PARA LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

El Gobierno deja en manos de las comunidades la apertura de fosas

La Asociación de Memoria Histórica rechaza la propuesta

NATALIA JUNQUERA - Madrid - 15/12/2008

El Gobierno ha elaborado ya un protocolo para regular las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil, tal y como prometía el artículo 12.1 de la ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007. De momento es sólo un borrador. Moncloa ha enviado el texto, de 11 páginas, a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, para que le dé su opinión. No les ha gustado.

Si hay conflicto, como en el caso de García Lorca, la decisión será política

"Esto es urgente. Los hijos se están muriendo", dicen allegados de víctimas

El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, describe paso a paso qué hay que hacer para abrir una fosa de la Guerra Civil y quién debe hacerlo. En el aspecto técnico, el protocolo es muy similar a otros ya existentes, incluido el que ha utilizado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para exhumar más de 4.000 cuerpos en los últimos años.

Aquel protocolo lo elaboró Francisco Etxeberria, médico forense, perito en la comisión que investiga los crímenes de la dictadura de Pinochet y uno de los expertos que iba a asesorar al juez Garzón en su causa contra el franquismo. Ambos documentos coinciden, por ejemplo, en la importancia de contar con un equipo multidisciplinar de expertos (forenses, antropólogos, historiadores...) a lo largo de todo el proceso.

Pero también tiene una dimensión política. Según el borrador, la intención del Gobierno es seguir prestando "colaboración" a los familiares de las víctimas y a las asociaciones que los representan, que llevarán a cabo las exhumaciones "con sus propios medios o con los que se aporten mediante la suscripción de los correspondientes convenios o contratos". El documento establece que los trabajos de recuperación de cadáveres se realizarán previa solicitud de los descendientes directos de las víctimas o de entidades interesadas y que "será necesaria la autorización por la Comunidad Autónoma correspondiente y por los órganos de gobierno de la entidad local donde se ubiquen los restos". Es decir, que la apertura o no de una fosa de la Guerra Civil dependerá, no ya del criterio de uno u otro juez, si no de una u otra administración autonómica.

La apertura de una fosa necesitará, además, un permiso por escrito de los familiares o representantes legales de los fallecidos. Si fuera necesario, añade el texto, la entidad local o la comunidad autónoma donde se ubiquen los restos "deberán realizar publicaciones en tablones municipales, boletines provinciales o autonómicos o diarios de mayor difusión" para encontrar a las familias.

En caso de conflicto entre familiares o asociaciones, "la exhumación deberá ser ponderada por la comunidad autónoma", que, "tras dar audiencia a los interesados, decidirá la realización total, parcial o la no realización de los trabajos". Es decir, si este protocolo estuviera ya en vigor, sería el Gobierno de Andalucía, presidido por Manuel Chaves (PSOE), quien decidiera si se abre o no la fosa donde se cree están enterrados el maestro granadino Dióscoro Galindo y el banderillero Francisco Galadí (cuyos familiares quieren recuperar los restos), junto al poeta Federico García Lorca (cuyos herederos desean que se queden donde están).

A la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica no le gusta el texto. Su presidente, Emilio Silva, lamenta que el Gobierno vuelva a dejar "en manos de voluntarios las exhumaciones, es decir, las consecuencias de un asesinato", que no haya aprovechado la oportunidad del protocolo "para crear una oficina estatal de atención a las víctimas que centralice las peticiones y lleve a cabo los trámites necesarios". La asociación lamenta que se "convierta en una decisión política de una comunidad autónoma u otra el derecho de los familiares a desenterrar a sus muertos y darles una sepultura digna". A la asociación le preocupa que "esta maraña burocrática" acabe alargando un proceso para el que no hay apenas tiempo. "Esto es urgente. Porque sus familiares se están muriendo. Los hijos de las víctimas son muy mayores. ¿Por qué una mujer de 80 años ha de esperar a que una comunidad autónoma decida si tiene derecho o no a sacar a su padre de una cuneta?", denuncia Silva. "El derecho es positivo. No se lo puede quitar alguien que no quiera ejercerlo. Si yo no voy a votar, ¿significa que se suspenden las elecciones?".

Hasta ahora, para iniciar los trabajos de exhumación, las asociaciones pedían autorización al propietario del terreno donde se hallase la fosa, solicitaban un permiso sanitario al ayuntamiento correspondiente y enviaban un escrito al juez de instrucción de la zona, que generalmente, no solía responder.

El borrador del protocolo prevé que, en caso de no obtener la autorización del dueño de los terrenos donde se encuentre la fosa, la administración competente iniciará "los trámites para la ocupación temporal de los terrenos", de acuerdo con lo previsto en la normativa sobre expropiación forzosa.

Localizados los restos, se dará parte al juzgado de instrucción competente, a la policía y a la Guardia Civil y se llevarán a un laboratorio forense que tratará de identificar a las víctimas y averiguar las causas y circunstancias de su muerte. Si son identificados, serán entregados a las familias; en caso contrario, se inhumarán en el cementerio de la población donde se haya encontrado la fosa.

El protocolo

- Cómo exhumar cuerpos de la Guerra Civil, según propone el Gobierno:

1. Investigación preliminar. Recogida y grabación de testimonios, elaboración de la ficha ante mortem de la víctima y consulta de archivos.

2. Proyecto de intervención arqueológica. Informe sobre la ubicación y características de la fosa, estimación de medios necesarios, del coste y del tiempo de ejecución.

3. Autorización. Permiso por escrito de los familiares de las víctimas y autorización de la comunidad autónoma y los órganos de gobierno local del municipio donde se ubiquen los restos.

4. Excavación. Elaboración de un diario de trabajo y documentación de las tareas realizadas. Establecimiento de un perímetro de seguridad para evitar el expolio de los restos. Comunicación al juzgado de instrucción, a la Policía o Guardia Civil y a la comunidad autónoma de los restos encontrados. Inventario de los hallazgos.

5. Investigación forense. Identificación de la víctima, diagnóstico de la muerte, fecha y circunstancias del fallecimiento.

El Pais,06/11/2008

2008-11-20T08:08:00.000-08:00

Continuamos facilitando información con una variedad de links que aglutinan el movimiento de localización y exhumación de nuestros familiares.

Enlace al articulo de El País, clicka aquí.

Enlace

2008-10-21T07:22:00.000-07:00

Debido a la afortunada oleada de articulos sobre los desaparecidos en la guerra civil,publico el link a la sección que tiene abierta en el diario El Pais

La recuperación de la memoria histórica

Respecto a las polemicas,como familiar y biznieto de dos desaparecidos,uno por familia materna y otro paterna, querría significar que ni se trata de abrir heridas cerradas ( cerradas para los que no tienen a un familiar desaparecido supongo ) ni de llevar a los tribunales a los culpables.Quiero y hablo seguramente en nombre de muchísimos familiares, simplemente encontrar el cuerpo de mi familiar y darle sepultura, punto.
A ver si les queda claro a los tertulianos que hablan por hablar este hecho tan sencillo.

Información

2008-10-14T13:32:00.001-07:00

Garzón ultima una resolución sobre la Memoria Histórica
El magistrado deberá concluir si admite a trámite la denuncia de las asociaciones de la Memoria Histórica tras recabar datos sobre miles de víctimas

ELPAÍS.com - Madrid - 14/10/2008

Aunque inicialmente estaba previsto que el mismo lunes o martes el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidiera sobre la competencia de esa jurisdicción para investigar y, en su caso, juzgar los hechos que figuran en la denuncia presentada por 13 asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica, el magistrado sigue trabajando hoy en la resolución. Garzón está incorporando los documentos recibidos en las últimas horas, entre los cuales figura la respuesta del Ministerio de Justicia en el que pone a su disposición los servicios del Instituto Nacional de Toxicología para la identificación de las víctimas.

El pasado 1 de septiembre, Garzón requirió al Gobierno, cuatro ayuntamientos -Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid-, la Conferencia Episcopal y el Valle de los Caídos toda la información de la que dispusieran para elaborar un censo de desaparecidos, fusilados y enterrados en fosas comunes. Posteriormente, amplió los datos a los tribunales republicanos creados en la Guerra durante la defensa de Madrid.

Garzón recibió hace dos semanas varios listados de víctimas procedentes de las asociaciones, que sumaban decenas de miles desaparecidos. El magistrado solicitó un listado único y digitalizado para evitar que se duplicaran nombres, que finalmente se le hizo llegar el pasado 6 de octubre con una cifra final de 133.708 desaparecidos. Andalucía es la comunidad que incluye más identidades (29.091), seguida de Valencia (28.892), Castilla y León (15.269), Extremadura (10.266), Aragón (10.178), País Vasco (9.759), Castilla-La Mancha (7.885), Galicia (4.396), Navarra (3.431) y Madrid (2.995).

Oposición de la Fiscalía

La Fiscalía considera que Garzón no tiene competencias para investigar estos hechos y que sólo corresponden a los juzgados de los municipios donde existan pruebas de los enterramientos. El Ministerio Público solicitó la inadmisión a trámite de la querella al considerar que los delitos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y que en el momento en que se produjeron eran delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha rechazado esta mañana posicionarse acerca de si el juez Baltasar Garzón "es o no competente" para llevar a cabo las investigaciones . "A mí no me toca, yo no tengo tiempo de entrar en esas cosas. Ahí está el fiscal, ahí están las partes y eso es un tema jurídico en el que yo no entro", ha asegurado el ministro en una entrevista en TVE.

Bermejo ha señalado, no obstante, que el Gobierno ha puesto a disposición del juez de la Audiencia Nacional el Instituto Nacional de Toxicología "para que sea la referencia en materia de identificación" en las diligencias que lleve Garzón.

Martes

2008-10-07T02:48:00.001-07:00

El Pais-07/10/2008

El juez Garzón, el cardenal Rouco y los fusilados de La Serna
Un familiar pide al magistrado que acelere las exhumaciones

NATALIA JUNQUERA - Madrid - 07/10/2008

Jesús Rodríguez, de 65 años, ha pasado toda la vida buscando los cuerpos de sus cuatro tíos -Francisco, de 38 años, Nicolás, de 35, Mariano, de 27, y José, de 18-, fusilados el 14 de agosto de 1936 en La Serna (Madrid), y ahora que por fin los ha encontrado, no quiere esperar ni un minuto más para recuperar sus cuerpos y enterrarlos con el resto de la familia.

Por eso ayer, tras 20 días de silencio del arzobispado de Madrid (a cuya cabeza figura el cardenal Rouco), propietario del terreno donde se encuentra la fosa en la que yacen sus familiares, el familiar acudió a la justicia para solicitarle al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que se dirija a la remolona entidad para que autorice la exhumación.

El georadar, una máquina que la Guardia Civil utiliza para localizar cuerpos, arsenales de armas o fardos de droga bajo la tierra, detectó el pasado 9 de septiembre que en el lugar al que llevaba la información recabada en años de investigación, se había removido la tierra para enterrar cuerpos, casi con toda seguridad, los de los cuatro tíos de Jesús Gutiérrez y otros cuatro vecinos del pueblo, dos de ellos emparentados también con los cuatro hermanos. Sus apellidos: Lamela, García y Vega.

Jesús escribió rápidamente al alcalde y al cura del pueblo. Marisa Hoyos, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha dado el empujón definitivo a la investigación de Jesús, telefoneó al obispado. Como no han obtenido respuesta, han decidido acudir al juez. "De todas formas, voy a escribirles una carta y pedir una entrevista con quien haga falta para agilizar esto", explicó ayer Hoyos.

"Estaban todos en casa de mis abuelos porque les habían pedido ayuda para recoger la cosecha en el campo. Los falangistas fueron a buscarlos de noche, mientras dormían. A las tres hermanas las dejaron tranquilas. Mi padre se libró porque como era el único que estaba casado se quedó en Madrid a cuidar de la mujer y los hijos", explica Jesús Gutiérrez.

Aquella noche del 14 de agosto, María perdería a cuatro de sus cinco hijos varones. "Mi abuela se quedó ciega poco después de pura tristeza", afirma Gutiérrez.

Su padre no supo lo que había ocurrido hasta mucho tiempo después. No le dijeron nada y se fue a luchar al frente. "Le cogieron y le enviaron a un campo de concentración. Cuando regresó a casa le contaron que era el único de los hermanos que seguía vivo. Se quedó destrozado, triste", recuerda Gutiérrez.

Jesús no conoció a los hombres que busca en la fosa de La Serna. Pero ha heredado la amargura de una familia que perdió a cuatro de sus miembros en un día. "Soy el último que queda. Es mi obligación buscarles e intentar enterrarlos dignamente, todos juntos, con el resto de la familia", asegura.

En sus años de búsqueda, Jesús Gutiérrez ha tropezado muchas veces con ese miedo que impide 70 años después hablar a los supervivientes, pero también con confesiones emocionadas, como la de un hombre al que localizó en una residencia y que pudo haber sido el noveno de esa fosa en la que yacen hoy sus tíos. "Se escapó de chiripa gracias a un teniente que le llevó a un camino y le dijo: '¡Corre y no vuelvas hasta que termine la guerra!".

No contempla la posibilidad de que el obispado les niegue la posibilidad de abrir la tierra donde fueron enterrados hace 72 años para enterrarlos en un cementerio con los suyos. "No les queda más remedio que dejarnos hacerlo, porque las cosas ya no son como eran. Se ha abierto una vía legal para localizar a las víctimas, y hay una presión de las familias que no había antes. Porque esta gente existió y tenía una familia. Les cortaron la vida en lo mejor. ¡A cuatro jornaleros humildes!", se indigna Jesús. "El único que pertenecía a alguna asociación de izquierdas, el sindicato UGT, era el mayor. Ninguno había hecho nada malo. No merecen estar donde están", zanja.

Noticias

2008-10-06T02:03:00.000-07:00

El País 06/10/2008

Justicia tendrá tres meses para reparar a víctimas de Franco
Todos los ayuntamientos deberán ayudar al Gobierno en la investigación

CARLOS E. CUÉ - Madrid - 06/10/2008

Obtener la declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil será muy fácil. El documento, que podrán solicitar los familiares de más de un millón de represaliados -de los dos bandos durante la guerra y de uno sólo en los casi 40 años de dictadura- será expedido por el Ministerio de Justicia en un máximo de tres meses desde que se presente la solicitud.

El decreto que desarrolla la Ley de Memoria no obliga a la Iglesia católica

Se hará una pequeña investigación para comprobar los datos, pero el silencio administrativo -ausencia de respuesta- será entendido de forma positiva para el solicitante. Éstas son algunas de las novedades que contiene el proyecto de real decreto que regula este procedimiento y que, después de ser analizado el viernes por el Consejo de Ministros, será enviado al Consejo de Estado. En cuanto regrese al Gobierno podrá ser aprobado definitivamente.

El documento deja claro, en su artículo 9b, que "el plazo de resolución y notificación de este procedimiento será de tres meses transcurridos los cuales sin que se dicte resolución expresa se entenderá estimada la solicitud". "En caso de resolución firme estimatoria, se entregará al peticionario un título expedido por el Ministerio de Justicia en el que constará la declaración de reparación y reconocimiento personal", aclara.

Los solicitantes podrán ser las personas afectadas, esto es las víctimas, o, en el caso de que hayan fallecido, "el cónyuge o la persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado" y también instituciones públicas en las que las víctimas hubieran tenido un papel destacado. Deberán aportar los datos de los que dispongan sobre lo que le sucedió a la víctima -asesinato, cárcel, tortura, trabajos forzados, exilio- pero será el instructor del expediente, esto es un funcionario miembro de la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos, dependiente de Justicia, quien se encargue de investigar la documentación oficial. Y es ahí donde todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos -algunos en manos del PP se han mostrado reacios a este tipo de procesos, y las asociaciones también han encontrado resistencia en algunos archivos militares- están obligadas por este decreto a colaborar con Justicia para llevar a cabo la investigación. El texto señala que deberán entregar lo que les pidan antes de un mes. Para facilitar aún más las cosas, el decreto faculta a Justicia para habilitar una fórmula de solicitud electrónica de la declaración de reparación.

Lo que no hace el decreto es solicitar la colaboración de la Iglesia, en cuyos archivos se conservan algunos datos relevantes de la represión, como ha podido comprobar el juez Garzón.

Esta resolución, que venía fijada en el artículo 4 de la Ley de Memoria pero no ha sido desarrollada hasta ahora, nueve meses después de la entrada en vigor de esa polémica norma aprobada en diciembre de 2007, tiene un carácter meramente simbólico y no da derecho a ninguna reparación económica. Éstas fueron fijadas en los 80, cuando el primer Gobierno socialista fijó compensaciones a los militares republicanos -pensiones para ellos y sus viudas- y pequeños pagos por los años de cárcel por motivos políticos.

Las asociaciones de memoria histórica y de derechos humanos exigen al Ejecutivo que, como han realizado otros países como Alemania, anule judicialmente las sentencias franquistas, pero el Gobierno ha optado por esta fórmula simbólica con la que la democracia honra a los represaliados sin necesidad de declarar nula la justicia franquista

Agencias: 2-8-2004

2008-09-28T11:11:00.000-07:00

Recuperan 43 cuerpos de fusilados durante la Guerra Civil
VILLAMAYOR DE LOS MONTES (BURGOS). Agencias
2-8-2004 16:35:17

Las excavaciones en la fosa común de la Guerra Civil conocida como 'Alto de la venta', situada en la localidad burgalesa de Villamayor de los Montes, han sacado a la luz la existencia de 43 cuerpos de civiles republicanos fusilados durante y después de este conflicto armado.

Un hallazgo realizado tras dos semanas de trabajos arqueológicos, que concluyeron este fin de semana, y en el que estuvieron colaborando entre 15 y 30 voluntarios.

El presidente de la Asociación para la Memoria histórica, José María Rojas, aseguró a Europa Press que la labor de dos años para dar con el lugar exacto donde se encontraba esta fosa y conseguir los permisos judiciales necesarios para llevar a cabo las exhumaciones "han dado unos resultados satisfactorios". Sobre todo porque, según aseguró, es una manera de reconocer "la labor de unas personas que murieron por unas ideas, por una libertad como la que tenemos y por la democracia que gozamos actualmente".

José María Rojas aclaró que ellos no quieren culpar a nadie de lo que sucedió durante la Guerra Civil española ni remover heridas; sólo pretenden aprender de los errores cometidos en el pasado y conocer lo que ocurrió en lugares como Villamayor de los Montes, "donde no hubo frente ni hubo guerra".

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica cree que existe otra fosa en esta zona de la provincia burgalesa por lo que investigarán para intentarán localizarla, aunque reconocen que la tarea no es fácil.

A juicio de su presidente, las labores se hacen más complicadas al no contar ni con el respaldo de la administración pública ni de los ayuntamientos que en muchas ocasiones "su respuesta es un silencio", al que interpretan con signo de desacuerdo, "de negativa para prestar ayuda económica a los trabajos de exhumación necesaria para enfrentarse a exhumar los enterramientos masivos como los que se encuentran en la zona de Estepar donde se calcula que pueden existir más de 2.000 cuerpos enterrados en fosas comunes".

Más información

2008-09-23T04:01:00.000-07:00

Ainara Blanco me envía este mail que reproduzco a continuación:

"en primer lugar en estepar hay más de una fosa, pero en concreto en la del 7 de octubre iban 56 personas (se cree que es la más o de las más grandes).

7 de octubre de 1936 (saca)

ANGEL PELAYO HIERRO (LOCALIDAD ARLANZÓN )

TEÓFILO PALACIOS COLINA (ZALDUENDO)

VICENTE GARCIA ORTEGA

RODRIGO ARNAIZ PEREZ

MARCELO SANZ EGAÑA ( URBEL DEL CASTILLO, era maestro fue ingresado en prisión el 21 de julio)

AMIDEO BARRIUSO GARCIA ( QUINTANA DE VALDELUCIO)

ADOLFO HERRERO ALONSO

FIDEL VILLAHIZAN RUIZ (ARENILLAS DE RIO PISUERGA, 24 julio ingresado en prisión)

BARTOLOMÉ GUERRERO RAMOS (ARENILLAS DE RIO PISUERGA, 24 julio)

IGNACIO GUERRA VEGA

ISAAC PAGAZARTUNDUA AGUIRRE

TEODORO ESPINOSA DIEZ (MELGAR DE FERNAMENTAL, 21 de julio)

CESAR ZARATE ÁVILA ( MELGAR DE FERNAMENTAL, 21 julio)

ANGEL PEREZ PEREZ (CASTROJERIZ, socialista y teniente de alcalde de la comisión gestora municipal)

LUIS JUARROS SANCHEZ

MARIANO MERINO ALARCIA

NICOLAS ALFARAS FRANCO

TOMAS ORTIZ ALBUZUA

ZACARIAS CONDE GARCIA

ELADIO SOTO SANTAMARIA (PAMPLIEGA, 20 julio)

BENJAMIN MANSO ORDOÑEZ

MIGUEL DEL AMO (O ALVAREZ) GUTIERREZ (PAMPLIEGA, 20 julio)

JULIAN FERNANDEZ MARTIN (PAMPLIEGA, 26 de julio)

MAXIMO SIMANCAS ROZAS (PAMPLIEGA, 20 julio)

HONORIO GARCIA NOGALES ( MELGAR DE FERNAMENTAL, 21 julio)

PERFECTO FRANCES GARCIA

LETO URBAN QUEVEDO

VALERIANO CAMPOS PAMPLIEGA

LEONIDES TORRE VALDIVIELSO (MAHAMUD, 2 agosto)

HELIODORO VALDIVIELSO

ANGEL GARCIA CELIS (MELGAR DE FERNAMENTAL)

JACINTO HERNANDO ROJO ( MELGAR DE FERNAMENTAL, 24 julio)

ANASTASIO GARCIA VIRTUS ( MELGAR DE FERNAMENTAL, 30 agosto)

CRESCENCIO GONZALO (GONZALEZ) LOPEZ (MELGAR DE FERNAMENTAL)

SABAS MAROTO TERÁN

JOSE DIEGO TALAMILLO ( MELGAR DE FERNAMENTAL, 30 agosto)

FELIX FERNANDEZ SANTOS (MELGAR DE FERNAMENTAL)

ENRIQUE MAEZTU MARTINEZ (MELGAR DE FERNAMENTAL, 2 agosto)

VICENTE FERNANDEZ RIOS (SANTA MARIA ANANUÑEZ, 22 Julio)

DOMITILO AMO MARTINEZ (SANTA MARIA ANANUÑEZ, 27 julio)

DALMACIO GONZALEZ BARBERO (SANTA MARIA ANANUÑEZ, 22 Julio)

PAULINO CAMPO CAUSANTE (SASAMON, era el alcalde e ingreso en prisión el 24 de mayo)

RAFAEL ATIENZA DIEZ (MELGAR DE FERNAMENTAL)

ANGEL NOGALES GUTIERREZ (MELGAR DE FERNAMENTAL)

EUSEBIO GONZALEZ RODRIGUEZ

ISAAC AZOFRA BARCENA

VICTOR ARRIBAS BENITO

RAFAEL DELGADO DE HARO

TOMAS RUIZ HOYOS

AVELINO GIL DIEZ (VILLAMAYOR DE LOS MONTES)

ANTONIO LARA DIEZ (VILLAMAYOR DE LOS MONTES)

MANUEL JULIAN LARA (VILLAMAYOR DE LOS MONTES)

GREGORIO USON MATE (VILLAMAYOR DE LOS MONTES)

ANTONIO ALONSO CANO

ESTANISLAO LARA DIEZ

PASCUAL NUÑEZ ACEVEDO (MELGAR DE FERNAMENTAL)

por otro lado, el padre de sanchez dragó también puede estar en una fosa de estepar pero fue en la saca del 14 de septiembre de 1936 en la que están, FERNANDO SANCHEZ MONREAL (padre de dragó) y LUIS DIEZ CARREÑO"

Cuatro

2008-09-18T03:13:00.000-07:00

Castor Gil Antón
Nació el 03/09/1894, detenido en Quintanar de la Sierra ( burgos ) y llevado al penal hasta el día 14 de septiembre de 1936, fusilado en estepar.

Curiosa noticia sobre manipulación periodística

2008-09-17T02:38:00.000-07:00

El diario El País manipula un texto del historiador Francisco Espinosa sobre memoria histórica

“Manipulación profesional en el periódico global”, por Francisco Espinosa Maestre
(Tiempo de Historia, 14-09-2008)

Manipulación profesional en el periódico global

Por Francisco Espinosa Maestre

Domingo, 14 de septiembre de 2008

"La pasada noche del día 8 envié un artículo al diario El País. Al día siguiente al mediodía se me comunicó -con la firma 'Sección de Opinión del diario El País'- que el Comité de Lectura de artículos de opinión había decidido proponer su publicación, lo cual sin previo aviso se llevó a efecto al día siguiente miércoles 10. En un vistazo superficial percibí algunos cambios aparentemente irrelevantes, cosa por cierto prohibida en su Libro de estilo (p. 38 de la edición de 1990) salvo por motivo de ajuste o errores flagrantes, lo que no era el caso, pero no fue hasta la tarde de ese día que decidí cotejar las dos versiones. Fue entonces cuando me di cuenta de que se había producido un cambio importante en una frase concreta. En el texto que envié se leía: El objetivo de este llamado movimiento por la memoria no son los responsables de los crímenes cometidos ni montar otra Causa General ahora de signo contrario. En realidad se persiguen tres fines...

La frase aludía a lo escrito por J. Pradera en su columna del domingo anterior día 7, titulada "La guerra que no cesa", donde tras referirse a diversos procesos de transición decía: "La singularidad española es que se continúen buscando en 2008 las responsabilidades individuales de los crímenes cometidos entre 1936 y 1975, a los 33 años de iniciada la transición y 72 años después de comenzada la Guerra Civil. Por mucho que se repita la necedad, la atribución de esa anomalía a un pacto de silencio solapadamente suscrito en 1978 por franquistas cínicos e izquierdistas claudicantes continuará siendo una enorme tontería". Y a continuación seguía una crítica al uso de la palabra desaparecidos en relación con la guerra civil española. Esto influyó en el título que puse al artículo, en el que, intencionadamente, utilicé la palabra desaparecidos, reivindicando así su aplicación en el caso español y su estrecha relación con el concepto de fosa común.

Pero alguien, que probablemente captó la relación con el escrito de Pradera, decidió que la frase anterior no debía salir así sino de esta otra manera: El objetivo de este llamado movimiento por la memoria no es descubrir ni mucho menos castigar a los responsables de los crímenes cometidos, ni tampoco montar otra Causa General, ahora de signo contrario. En realidad se persiguen tres fines... Naturalmente el sentido del texto original fue tergiversado por completo haciendo decir al autor lo que no había dicho y dando a la frase un sentido que no tenía, de forma que lo que era una alusión crítica a quienes, como Pradera entre otros, acusan de espíritu de venganza al movimiento de memoria histórica, se convirtió en una peculiar y extraña opinión del autor sobre lo que no debe ser el objetivo del llamado movimiento por la memoria".

"La consecuencia del cambio fue inmediata, produciéndose esa misma mañana y a lo largo del día críticas en torno a esa frase y a la siguiente, que por proximidad también había quedado desvirtuada, pues de ser respuesta a la anterior sobre lo que buscan realmente la mayoría de las personas que recurren a la página de Todos los Nombres -la frase simplemente constataba un hecho- pasó igualmente a representar otra opinión del autor.

El día 11 escribí una carta al director denunciando la manipulación y pidiendo una rectificación pública. Los efectos de la fechoría ya habían llegado al propio periódico, que en la misma edición de ese día publicaba una carta ("Sorprendente", de María M. Lorenzo) en la que se utilizaba la frase falsificada para criticar un supuesto doble rasero del juez Garzón y la actitud de la sociedad española. Supongo que esta circunstancia la tuvo que saber la propia Sección de Opinión que había dado el visto bueno a mi artículo y supo del arreglo pero, según parece, le dio igual.

Por otra parte, como era de esperar, a determinada gente -por no usar otra palabra- les faltó tiempo para esparcir por Internet críticas a mi texto y a mi persona, todas ellas centradas precisamente en el párrafo falsificado. La bola es difícil de parar y, como siempre, las críticas aparecen muchas más veces que el propio artículo. El falsificador contaba ya probablemente que su trabajo sería amplificado de inmediato por ese tipo de individuos que ni siquiera consideran oportuno aguardar un tiempo prudencial para ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

Por su parte El País, ante mi queja al director, se ha conformado con incluir el viernes 12 en una "Fe de errores" el texto que apareció y el original -antecedido por un "debía haber dicho...". Con ello el periódico ampara y avala no sólo "el error", que no existió, sino la falsificación y por tanto al individuo que alteró el texto para desvirtuarlo y causar perjuicios al autor.

El manipulador profesional, que introdujo al menos veinte pequeños cambios en el texto publicado con la probable intención de diluir el verdadero cambio, debe estar riéndose allí donde esté. Ha conseguido que el contenido del artículo haya sido relegado a un segundo término y que, dada la extrañeza producida por el hecho de que semejante defensa de la impunidad salga de quien esto escribe -sobre todo después de haber mantenido una y otra vez la necesidad de que la verdad jurídica vaya a la par que la verdad histórica-, la discusión se centre en el párrafo manipulado. Y es que realmente los efectos de la falsificación afectan a todo el artículo -encabezado por la frase manipulada: "El objetivo del movimiento por la memoria no es castigar a los responsables de la represión..."- y, por supuesto, al autor, víctima de un verdadero ejercicio de ese tipo de violencia que no deja huellas visibles.

El error fue creer no ya que El País respetaría la libertad intelectual y el derecho de autor, cosas que ya sabemos que no están entre las prioridades de buena parte del cuarto poder, sino simplemente que no falsificarían un documento de carácter privado enviado a la sección de opinión de un periódico".

Tres

2008-09-16T02:32:00.000-07:00

Fernando Sánchez Monreal.Texto extraido del blog de su hijo,Fernando Sánchez Dragó

"Primer acto: el padre

17 de julio del 36, cafetería de las Cortes, cinco de la tarde. Indalecio Prieto comunica a los periodistas allí reunidos que la guarnición de Melilla se ha sublevado. Fernando Sánchez Monreal, veintiséis años, director de la agencia Febus (filial de El Sol y de La Voz), hijo de uno de los fundadores de la Asociación de la Prensa, sobrino de un ex director de La Vanguardia, amigo íntimo y delfín de don Manuel Aznar en la empresa Urgoiti y estrella en alza del periodismo español, sale como un relámpago hacia el sur en compañía de Luis Díez Carreño, colega, amigo y redactor de La Voz. Deja, al hacerlo, en Madrid, maldiciéndolo desde el mirador del tercer piso del número 19 (hoy 21) de la calle de Lope de Rueda, a una mujer encinta: Elena Dragó, Nelly, mi madre. Yo estoy en su vientre.

No regresará nunca. Empujado por la audacia y por la vocación llega a Córdoba, almuerza -el día 18- con el gobernador civil, lo detienen, lo encarcelan, lo ponen en libertad, alcanza Granada, coincide allí con el asesinato de Lorca, consigue un salvoconducto para moverse por el territorio nacional, pasa por Sevilla (de donde lo saca -«para que no te maten, Fernandito»- Queipo de Llano), por Cáceres, por Salamanca, por Segovia, se instala en Valladolid, pide ayuda económica a los corresponsales y clientes de Febus en Lisboa, Zaragoza y Logroño, se entera de que su madre, su hermana Alicia (madre de la escritora Lourdes Ortiz), sus tres sobrinos y las respectivas familias -dieciocho mujeres y niños en total- de Díez Carreño y de otro periodista amigo están refugiados en la casa del barbero de Las Vegas de Matute, en la serranía segoviana, los rescata, se los trae a Valladolid en furgoneta, los instala como puede en pensiones, hostalillos y hoteluchos, y apenas dos días después, denunciado por lo que no era ni jamás había hecho, lo detienen, se lo llevan a Burgos y…

En esa ciudad se pierde su rastro hasta que yo, su único hijo, cincuenta años después, me pongo a tirar del hilo, recorro España, hablo con los unos y con lo otros, con los rojos y los azules, con los supervivientes y con sus hijos, indago en las hemerotecas y los registros oficiales, busco papeles en los cajones, los encuentro, rastreo fosas comunes, me devano los sesos, juego a ser Sherlock Holmes y consigo reconstruir paso a paso, milimétricamente, sin piedad hacia nadie (tampoco hacia mí), a sangre fría -como lo hizo Truman Capote para investigar otro crimen. Sálvense las distancias que el lector considere oportunas- y corazón caliente, todo lo sucedido.

Ahora sé cómo y por qué lo mataron, sé dónde están sus restos -en el término de Estépar o entre los cadáveres exhumados en la fosa común de Villamayor de los Montes. Lo aclarará el ADN- y conozco el nombre de los dos hijos de puta (un primo político de mi madre y un colega que luego alcanzó canonjías y dirección de rotativos en la España franquista. Se llamaba Juan Pujol) que lo denunciaron, señalaron y sentenciaron sin juicio.

Fernando Sánchez Monreal murió horas después de cumplir veintisiete años. Temprano levantó la muerte el vuelo."

Dos

2008-09-15T02:48:00.000-07:00

Antonio José Martínez Palacios, fue compositor, músico, profesor e investigador musical.Nació en Burgos en 1902.Estudió y trabajó en Madrid,Málaga y París.Republicano convencido, dirigió el Orfeón burgalés durante 7 años, mientras investigó aportó varias obras sobres folclore popular castellano,Autor del Himno a Castilla.Fue detenido y fusilado en el monte estépar en 1936.Su obra fue prohibida.

Texto extraido de los blogs 20minutos

"Cuando en la mañana del 12 de octubre de 1936 –Fiesta de la Raza le decían– una de nosotros fue a la cárcel a llevarle algo de comida y ropa limpia, se encontró en el tablón de avisos con una nota –cuyo original se conserva firmada por el entonces director del penal de Burgos y por los funcionarios de turno, que decía:
"Con fecha de hoy son puestos en libertad los reclusos que a continuación se citan", y seguía una relación con nombres y apellidos de 25 burgaleses, entre ellos varios maestros nacionales, uno de ellos nuestro padre, pero fuera del recinto esperaba la camioneta en la que fueron hacinados y conducidos a los cerros de Estepar, asesinados y someramente enterrados a fosa común–algún moribundo llegó a sacar una mano–.
Cuatro días antes, en la saca anterior, otros 25 mártires –no canonizados, claro– le habían precedido con igual puesta en escena y destino, en aquel vìa crucis. De este otro grupo formaba parte el gran músico, compositor y director del Orfeón Burgalés, Antonio José Martínez Palacios, hermano de Julio, también maestro nacional, que encabezaba la lista posterior, la de nuestro padre.
Otras muchas sacas precedieron a éstas, de las cuales subsiste documentación fidedigna.

Lo encontré ayer, en un rincón de un periódico, una esquela laica en memoria de Balbino López Puente, maestro nacional, con el dolor y el cariño de sus cuatro hijas, sus nietos y biznietos. Hace setenta años.
Mis respetos.
Y con ellos, dos recuerdos propios.
Hace apenas un año, visitaba la vieja cárcel de Burgos hoy reconvertida en centro cultural, la mejor de las pátinas. Había una exposición, una muestra, una convocatoria, una puerta abierta. No lo recuerdo. A quien me atendió pregunté si quedaba algún recuerdo de lo que aquel edificio fue, algún papel, alguna estantería. Algo. Nada, por supuesto, excepto un vacío enorme: fue en ese momento cuando se enteró de que aquello había sido la vieja cárcel de Burgos.

Hace tal vez treinta, un amigo se dejó las pestañas y la salud rastreando las señales de Antonio José Martínez Palacios. Éramos adolescentes y aquella vida, un artista asesinado por un pelotón de fusilamiento, era una pista de lo que nuestra ciudad había sido. Y sobre todo de lo que hubiera podido ser. Las dos cosas las estábamos aprendiendo. De Alberto he perdido todas las pistas. De su manuscrito, errático, febril, atravesado de huecos, guardo sólo algunas páginas. Durante años me sirvió para imaginar una película. Un Lorca de la meseta, un genio popular, una molestia en aquella ciudad terrible. Dice la leyenda que murió gritando: Viva la música. La conté en algunos despachos, dejé apuntes, pero fue recibida sin convicción, sin esperanza. Hace unos pocos años el Ayuntamiento de la ciudad le dedicó una muestra a Antonio José. La recuerdo funcional, justa, sin acentos.
Tal vez es mi memoria."

Articulo publicado en El País 14/09/2008

2008-09-14T04:44:00.000-07:00

REPORTAJE: LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA
Juicio a la barbarie

LUIS GÓMEZ Y NATALIA JUNQUERA 14/09/2008

El miedo ha ocultado la historia de la represión franquista. Ninguna institución estatal ha promovido una investigación amplia de ejecutados y desaparecidos. La iniciativa del juez Baltasar Garzón se une a la de historiadores y familias de represaliados

Será un juez quien determine si el régimen de Franco practicó una política de exterminio entre el 17 de julio de 1936 hasta bien avanzados los años cincuenta? Habrán pasado casi 70 años desde el final de la Guerra Civil y es posible que la figura de Franco se siente en el banquillo. La memoria de quien llegó a pensar que sólo tendría que dar cuentas de sus actos ante Dios y ante la Historia, será escrutada en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Pero el juicio de la Historia no va a esperar a Garzón. Un nutrido grupo de historiadores y miles de familiares de represaliados llevan años buceando en los archivos y exhumando fosas. Y pase lo que pase en el proceso judicial, ellos seguirán con su tarea.

Más de 100.000 consejos de guerra en Cataluña. ¿Cuántos en Andalucía? ¿Y en el Madrid que resistió hasta el final?

"Nos queda por conocer qué sucedió en medio país. 25 años de investigaciones arrojan un mapa incompleto"

"En Huelva fueron asesinadas 6.019 personas de las que sólo 386 lo fueron tras consejo de guerra"

Setenta años después, todavía hay ancianos que bajan la voz de forma inconsciente cuando recuerdan sucesos del pasado porque el miedo no se ha desprendido de su piel. Es la huella visible del terror. La invisible está fuera, en el camino que el paso del tiempo ha alterado o borrado. Bajo la tierra. La fosa. Han sido exhumados 4.054 restos de 171 fosas anónimas desde el año 2000. Son evidencias de un exterminio.

Quienes se han esforzado en registrar la memoria oral de aquellos días, un conjunto dispar de historiadores y familiares, han podido conocer ese miedo latente, ese silencio esquivo, esa verdad escondida. Lo recuerda Emilio Silva cuando hizo sus primeras indagaciones tras la pista del lugar donde yacían los restos de su abuelo en El Bierzo. Corría el año 2000: "Te llevaban a su casa, cerraban las ventanas y bajaban las persianas... Sólo entonces empezaban: 'Es la primera vez que hablo de aquello...". Benito Bermejo, historiador de los deportados españoles a los campos nazis, vivió hace unos meses la curiosa historia de un hijo que acababa de descubrir que su padre no murió en la guerra, sino en Mauthausen: su madre se lo ocultó durante casi 70 años por miedo. Calló y mintió. Cuando años atrás le extrañó que percibiera una pensión de Alemania y le preguntó por los motivos, la madre respondió que el padre había combatido en la División Azul. Ese miedo incrustado en la médula de tanta gente ha llegado hasta nuestros días, ha servido de filtro para ocultar la verdadera historia de la represión franquista. Para demasiados españoles, la guerra no acabó en 1939.

Hay una geografía nacional de fosas sin determinar, un censo de desaparecidos sin verificar y una población de ajusticiados pendiente de contabilizar. Jordi Guixé, historiador responsable de Proyectos y Espacios del Memorial Democratic de Cataluña, quizá tenga suerte dentro de unos meses cuando pueda cruzar los datos de los casi 111.000 consejos de guerra celebrados por el tribunal militar de la III Región, es decir, Cataluña, donde están datados fusilamientos hasta el año 1952. Cataluña fue el último territorio conquistado por las tropas de Franco: inmediatamente después llegó la venganza. Solsona, una localidad del pre-Pirineo leridano, es un buen ejemplo de lo que sucedió tras el conflicto: un pueblo tranquilo próximo a los 3.000 habitantes, muy católico, con arzobispado, votante masivo de la derecha en los procesos electorales. Tras su conquista, casi el 10% de la población fue sometido a consejo de guerra. Se registraron 25 fusilamientos en los primeros días.

Más de 100.000 consejos de guerra en Cataluña. ¿Cuántos en Andalucía? ¿Y en el Madrid que resistió hasta el último día? ¿Cuántos fusilamientos? ¿Cuántas ejecuciones salvajes a golpe de impulso? La copia de una orden dirigida por el general Queipo de Llano a la comandancia de la Guardia Civil de la localidad de Aznalcázar (Sevilla) el 23 de julio de 1936 es un documento esclarecedor de la conducta represora en zona ocupada. La orden dictaba lo siguiente: "Primero. En todo gremio que se produzca una huelga o un abandono de servicio que por su importancia pueda estimarse como tal, serán pasados por las armas inmediatamente todas las personas que compongan la directiva del gremio y además un número igual de individuos de éste discrecionalmente escogidos. Segundo, que en vista del poco acatamiento que se ha prestado a mis mandatos advierto y resuelvo que toda persona que resista las órdenes de la autoridad o desobedezca las prescripciones de los bandos publicados o que en lo sucesivo se publiquen también serán fusilados sin causa propia".

¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que las nuevas generaciones conozcan qué pasó exactamente en el pasado?

Ninguna institución pública española ha promovido una investigación general de aquellos hechos durante más de 25 años de democracia, bajo la teoría acuñada de que la transición dejó resuelto el capítulo de la Guerra Civil con un simple carpetazo, una ley de amnistía que equivalía a una solución de punto final. El argumento de que toda revisión del pasado contribuiría a abrir heridas, de que se cometieron barbaridades por ambas partes y no sería útil desenterrarlas, tomó cuerpo. Del terror se pasó al olvido oficial. Pero algo empezó a cambiar a partir del año 2000, cuando el periodista Emilio Silva escuchó aquellos testimonios con las persianas bajadas que le sirvieron para localizar la fosa donde enterraron a su abuelo, exhumarle y darle digna sepultura a sus restos. Desde aquel momento, una parte del silencio protegido se quebró y nació un movimiento ciudadano cuyas repercusiones son evidentes: "Ha sido un ejército de historiadores aficionados el que se ha dedicado a elaborar esos censos, lo cual es maravilloso por una parte y vergonzante por otra. Ya es hora de que el Estado asuma ese trabajo", dice el historiador Paul Preston.

Afloraron asociaciones (20 en 2003) que se multiplicaron con el tiempo. Sergio Gálvez, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, llevó la contabilidad de estas instituciones privadas hasta 2006 (157 asociaciones, 29 fundaciones, 10 centros de estudios y 8 coordinadoras). Tras una estancia de un año fuera de España, reconoce que perdió la cuenta: "Calculo que ahora habrá más de 200". "Ha sido todo un fenómeno colectivo no exento de personalismos en algunos casos y de enfrentamientos entre asociaciones", concluye Gálvez. El impulso ciudadano ha ido en paralelo con el renacer de investigaciones en torno a la guerra y la posguerra española, que tuvo primero el respaldo de universidades españolas y posteriormente el de instituciones públicas locales y autonómicas. Familiares e historiadores han iniciado una tenaz y desproporcionada búsqueda de documentos por la ingente, caótica y en algunos casos opaca realidad de los archivos de la Administración.

"Cuando comencé a investigar en el Archivo de Salamanca, en 1979", recuerda Julián Casanova, catedrático de Historia y autor de Víctimas de la Guerra Civil, "el director controlaba todos los documentos. Si querías fotocopiar algo, con su permiso, te acompañaba uno de los bedeles a una fotocopiadora de la ciudad, porque en el archivo no se podían hacer fotocopias. Así que se sacaban los documentos al exterior, lloviera o nevara, y se le daba una propina al acompañante, condición para seguir con ese procedimiento posteriormente". Casanova ha experimentado en sus huesos no sólo la resistencia de muchos archivos a ofrecer cierto tipo de documentación, sino también la falta de respaldo oficial. "Cuando yo pedía dinero para proyectos de investigación a mediados de los ochenta (en instituciones controladas casi todas entonces por los socialistas), se me contestaba que a condición de que analizáramos también la violencia de los otros, de los rojos/republicanos, como si esa violencia hubiera estado también oculta. Era el momento en que las teorías del fifty-fifty, las culpas repartidas al 50%, parecían marcar la política correcta".

La dispersión de archivos se ha convertido en una carrera de obstáculos para cualquier historiador. Y no sólo la dispersión. O la pérdida de documentos. O su mala gestión y la falta de catálogos adecuados. El Archivo General de la Administración, con sede en Alcalá de Henares, proclama en su página web que es el tercer archivo más grande del mundo detrás de los Archivos Federales de Washington y el Cité des Archives de Fontenebleau (Francia). Allí han ido a parar todos los documentos de los ministerios, excepto los relacionados con la seguridad del Estado y algunos otros. A pesar de su tamaño, sólo es accesible por las mañanas y las copias de documentos tardan un año en ser servidas. Ni que decir tiene que los archivos que corresponden al Ejército, la Policía y la Guardia Civil, tres de las patas sobre las que el régimen franquista asentó su poder, o han sido mal gestionados, o se han mostrado opacos. Caso aparte merece la Iglesia, la institución más reticente a ofrecer cualquier tipo de información.

"El Fichero General", sostiene Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, "contiene tres millones de fichas de personas que sufrieron la represión, pero toda esa información no está informatizada, está sin tratar, y además está realizada con fines represores, no archiveros, por policías, no por profesionales, por lo que tendría que ser contrastada".

La ausencia de un archivo centralizado, la desidia y la falta de una norma legal que ampare el derecho de los investigadores y los particulares al libre acceso a documentación oficial ha sido la gran excusa para los diferentes Gobiernos de la democracia a la hora de evitar una incómoda investigación general sobre la represión del franquismo. La aprobación de una Ley de la Memoria Histórica en el Parlamento español (que entró en vigor el 27 de diciembre de 2007) apenas ha sido un tímido avance. Hay realidades que son esclarecedoras: la Generalitat, que ha creado una dirección general de la Memoria Democrática en la que trabajan 20 personas, dedica un presupuesto mayor (seis millones de euros) al estudio de la posguerra y la dignificación de las fosas comunes que el propio Gobierno central. La ayuda oficial ha despertado también en algunas otras comunidades, caso de Andalucía (el proyecto Todos los Nombres ha contabilizado más de 35.000 muertos bajo la represión), Asturias (más de 20.000), Galicia (3.588) y Aragón. El mapa de España tiene, sin embargo, un evidente espacio en blanco: ninguna autonomía gobernada por el PP ha dedicado un solo euro a la investigación del franquismo o la exhumación de fosas. Curiosamente, el Gobierno de Aznar sí hizo una inversión en esta materia cuando subvencionó la exhumación de restos pertenecientes a soldados en la División Azul que estaban enterrados en Rusia.

Pero los obstáculos oficiales y la política del olvido no han obtenido resultado. El movimiento asociativo ha ganado su primera batalla, y la demanda de información del juez Garzón a los ministerios del Interior, Defensa, Cultura y Justicia, a los ayuntamientos de Sevilla, Córdoba, Granada y Madrid, a la abadía del Valle de los Caídos y a la Conferencia Episcopal han dado carta de naturaleza a la necesidad de cerrar el círculo de la investigación sobre la represión del franquismo.

¿Hubo exterminio tal y como se entiende en la legislación moderna emanada de la Declaración de Derechos Humanos? Independientemente del derecho a la reparación que merezcan las familias de las víctimas, está la respuesta a esa pregunta.

El trabajo de las asociaciones ciudadanas ha sido tenaz, la bibliografía producida por los historiadores empieza a ser abundante. Este fenómeno no ha estado exento de disputas internas y duros debates entre historiadores. También se puede hablar de cierto despilfarro en algunas iniciativas: actualmente hay en marcha cuatro tesis doctorales sobre la represión del franquismo en Zamora, "donde no se tienen noticias de que fuera especialmente notable", explica Sergio Gálvez. Sin embargo, al despacho del juez Garzón llegó una denuncia documentada y apoyada por familiares y asociaciones.

Francisco Espinosa, un historiador que ha indagado profundamente en la represión franquista en Andalucía, director del proyecto Todos los Nombres, es el autor del Informe sobre la represión franquista. Estado de la cuestión, que sirve como sustento documental a la causa abierta en las diligencias previas 399/2006-E, abiertas por el juez Garzón. "Nos queda por conocer lo sucedido en medio país; 25 años de investigaciones arrojan un mapa incompleto", reconoce. Espinosa repasa en dicho informe tanto la violencia republicana como la franquista, pero concreta las diferencias. El bando franquista inició un profundo proceso de investigación del llamado terror rojo que fue conocido como Causa General. "Una minuciosa investigación a escala nacional, que analizó lo ocurrido en cada localidad desde febrero de 1936 hasta la fecha de ocupación y documentó lo ocurrido a cada una de las víctimas del terror rojo. Esta investigación dio lugar a un importante fondo documental de más de 1.500 legajos, conservados en el Archivo Histórico Nacional", escribe Espinosa, quien presenta un cuadro de las víctimas de la represión republicana por provincias con sus aportaciones bibliográficas. Son 38.563.

La represión franquista fue mucho más larga en el tiempo y alcanza a los años sesenta, coinciden los historiadores. Según las cifras avanzadas por el documento de Espinosa, la cifra de víctimas ascendería a unas 130.000, a falta de profundizar más en la investigación de la mitad del territorio nacional. ¿Hubo exterminio? Espinosa no duda en utilizar ese calificativo, pero añade en su informe: "Lo que interesa destacar de esta etapa fue el altísimo número de personas que quedaron sin inscribir en el registro y de cuya muerte no ha quedado huella alguna: detenidas ilegalmente, asesinadas y enterradas por lo general en fosas anónimas abiertas en los cementerios, en el campo e incluso en fincas particulares. El mapa de las fosas comunes se superpone a la España donde triunfó el golpe militar y se aplicó de inmediato el calculado plan de exterminio que los sublevados tenían previsto desde el principio". Espinosa pone como ejemplo la provincia de Huelva, una de las mejor investigadas, "donde fueron asesinadas 6.019 personas de las que sólo 386 lo fueron tras sentencia de consejo de guerra".

Los avances de algunas investigaciones permiten ir consolidando cifras en determinados territorios de España. La tesis de la doctora Queralt Solé, convertida en libro de reciente publicación (Els morts clandestins, editorial Afers), concluye con un mapa de fosas muy detallado de Cataluña. Queralt ha investigado las cifras de fallecidos por ambos bandos, tanto en acciones de guerra como en actos represivos. Su investigación transcurre pueblo a pueblo, y su experiencia le llevó a toparse con una realidad que desconocía, la del Valle de los Caídos, donde yacen entre 40.000 y 70.000 restos, según diversas fuentes. Queralt Solé halló documentos que prueban cómo la Guardia Civil conocía con más exactitud que los propios ayuntamientos de la época la existencia y localización de fosas. Sin embargo, esa información está muy dispersa.

Pese al tiempo transcurrido, el Valle de los Caídos es todavía una asignatura pendiente del Estado, el mejor ejemplo de la magnitud del olvido oficial. Ningún Gobierno democrático se ha atrevido a poner sus manos en ese monumento, que sigue siendo gestionado por monjes benedictinos, amparados en un enorme vacío legal. Cuantas comisiones ministeriales se crearon para darle una solución, la última en 1984, resultaron inútiles: nunca celebraron una sola reunión.

El Valle de los Caídos no es un cementerio. Algunos familiares de muertos en ambos bandos pretenden rescatar sus restos y han interpuesto demandas en juzgados. No lo conseguirán. Y no porque un juez lo vaya a impedir. "Los restos sirvieron para llenar cavidades internas de las criptas y ahora forman parte de la estructura del edificio. Las humedades han hecho el resto", explica una fuente del Valle de los Caídos. No hay columbarios. No hay nichos como se ha llegado a creer. Queralt Solé tiene una íntima convicción después de años investigando los fallecidos: "Franco ni siquiera respetó a sus muertos".

La investigación iniciada por el juez Garzón ha reabierto la fosa de la Memoria. Miles de españoles quieren saber. El proceso iniciado por el juez no tiene consecuencias penales, pero algunos historiadores creen que ha llegado el momento de avanzar un paso más en la investigación y de darle respuesta a otras preguntas. Después del qué está el quién.

Así lo expone Sergio Gálvez: "¿Está la sociedad española preparada para que, al igual que vamos conociendo los nombres de las víctimas de la represión franquista, los historiadores comiencen a investigar y ofrecer los nombres de los denunciantes, de los beneficiarios económicos y, asimismo, de los responsables políticos que llevaron y ejecutaron meticulosamente la represión? De llevarse a cabo estas investigaciones, ¿modificaría sustancialmente nuestro conocimiento sobre la reciente historia contemporánea española? Y lo que es más importante: ¿nos serviría para trazar, desde una perspectiva histórica, la configuración de las redes políticas, sociales, económicas durante el franquismo y sus lazos actuales con las fuerzas centrales del país que hoy dominan dichos espacios? Ahí quedan estas preguntas que en breve requerirán respuestas concretas por parte de los investigadores".

Uno

2008-09-13T10:56:00.000-07:00

Esta información me la envió un investigador de Gumiel:
"Según mis notas tu bisabuelo, ingresa en la Prisión Central de Burgos el 21 de julio de 1.936 ( 10 personas de Melgar de Fernamental ingresan ese mismo día y al menos 3 más en días posteriores). . Es "sacado" el día 7 de octubre de 1.936 a las once de la noche en compañía de otras 55 personas más que corrieron la misma suerte. Este es quizás el grupo más numeroso que fue sacado de una sola vez de la prisión Central (debido al número tan elevado de personas posiblemente pudieron ser divididos en varios grupos, aunque la lista de la prisión recoge el grupo entero como puestos en "libertad" ; esa libertad no es otra que a la que uno puede llegar en una fosa común después de rematarde con un tiro en la cabeza). En este grupo van vecinos de Melgar ( que aparecen en el listado de fusilados ) ,....Algunas de las personas que forman el grupo son personas tan conocidas como el diputado provincial y el que fuera alcalde de Sasamón.
La orden de "ser puestos en libertad" la da el Gobernador Civil de Burgos.Por la fecha la tuvo que firmar el militar falangista vallisoletano Francisco Fermoso Blanco"

Saludos

2008-09-13T10:49:00.000-07:00

Buenas, desde hace aproximadamente cuatro años, mi abuela me pidió que localizara a su padre, sacado a rastras de su casa como tantos otros,y dejando a mi abuela huerfana y responsable a sus 11 años de sus hermanos,el culpable paradójicamente fue un cura que no quiso responsabilizarse cuando se cayó del andamio de la iglesia,y perdió el juicio, también perdió el poco que le quedaba el día que acusó a mi bisabuelo, condenándose por ello el resto de su vida.
Hoy, no persigo como supongo la mayoría de los familiares, que estos individuos que señalaron con el dedo de forma cobarde paguen sus penas, entre otros motivos porque no me cabe la menor duda de que ya lo están haciendo de algún modo.
He decidido crear este blog para que todo aquel que como yo, crea que alguien de su familia fue fusilado y enterrado en el monte estepar, se ponga en contacto con un simple post y juntos hagamos la fuerza suficiente para que sean desenterrados.
Creo un deber para con mi abuela el esfuerzo en devolverle a su padre, y también lo creo así respecto de todos los descendientes que vivimos en parte con las comodidades que tenemos, gracias a muchos que lucharon por ello.
Iré publicando las noticias de interés que encuentre al respecto,un saludo a todos.